El BCE condena el impuesto a la banca del Gobierno español por discriminatorio

El Banco Central Europeo (BCE) condena el impuesto a la banca que pretende imponer el Gobierno en un dictamen emitido por la entidad, firmado por su presidenta, Christine Lagarde, y adoptado en el consejo de gobierno.

Indica que el impuesto es discriminatorio y que podría dañar la concesión de crédito y la resiliencia de las entidades financieras.

El BCE subraya que estos impuestos podrían tener efectos económicos adversos al limitar la capacidad de las entidades de crédito para conceder crédito y contribuir potencialmente a unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios. También que la imposición de un gravamen especial al sector bancario podría reducir la capacidad de las entidades de crédito para constituir colchones de capital adicionales, ya que estas medidas reducen los beneficios no distribuidos, debilitando así la capacidad de resistencia del sector bancario frente a perturbaciones económicas. No obstante, reconoce que las preocupaciones relativas a la resiliencia del sector bancario podrían aliviarse parcialmente mediante la introducción o el refuerzo de las reservas de capital.

La subida de los tipos y los bancos

El BCE comenta también las implicaciones de la subida de tipos de interés para los bancos: «Inicialmente las entidades de crédito pueden recibir ingresos netos por intereses más elevados al aumentar los tipos de interés, pero tipos de interés superiores también pueden contribuir a un mayor coste de financiación y a posibles pérdidas en el saldo vivo de las carteras de valores de los bancos», indican. Además, señalan que, desde una perspectiva a largo plazo, las subidas de los tipos de interés pueden afectar negativamente a la situación financiera de los prestatarios, «incrementando con ello el riesgo de crédito y reduciendo la rentabilidad de los bancos».

Por lo que respecta al proyecto de ley, el BCE observa que, debido al mecanismo de deducción extraordinaria basado en la rentabilidad de las entidades financieras, estas no se verían afectadas por el impuesto si registran pérdidas netas. «Si sus beneficios son inferiores al umbral del 0,7 % de la rentabilidad sobre el activo total, la deducción extraordinaria disminuye a medida que la rentabilidad de las entidades financieras aumenta hacia el umbral prescrito. En estas circunstancias, el impuesto seguiría afectando negativamente a la capacidad de las entidades financieras para mantener una posición de capital sólida o para restablecer los colchones. Además, en períodos de alta rentabilidad, la deducción no funcionaría y, por tanto, el impuesto limitaría la capacidad de acumular colchones frente a futuras perturbaciones negativas».

Debido al carácter heterogéneo de tales impuestos en relación con el sector bancario, el BCE estima que este impuesto, al igual que otros impuestos de este tipo en toda la Unión, «puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo y menoscabar la igualdad de condiciones en la unión bancaria. Asimismo, la aplicación de una escala progresiva puede dar lugar a asimetrías competitivas en función del tamaño de los bancos».

En vista de lo anterior, y dado que el proyecto de ley se aplicará en los tres próximos años, el BCE reitera la necesidad de realizar un seguimiento continuo de sus implicaciones desde el punto de vista de la estabilidad financiera, en particular en lo que se refiere a los posibles efectos adversos a largo plazo sobre la capacidad de resiliencia del sector bancario y la posibilidad de distorsiones en los mercados. «Como se ha señalado en dictámenes anteriores, el BCE recomienda un análisis exhaustivo en el que se detalle el impacto específico del impuesto sobre la rentabilidad y la base de capital a más largo plazo de las entidades de crédito, el acceso a la financiación, el posible impacto sobre la liquidez, la concesión de nuevos préstamos y las condiciones de competencia en el mercado».