La subida de costes y cotizaciones sociales deja a los butaneros al borde del colapso

Los distribuidores de butano están al borde del colapso tras años trabajando a pérdidas, poniendo en riesgo la continuidad de más de 3.500 empleos y un servicio esencial para 6 millones de hogares en España. Así lo ha denunciado la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP), quienes aseguran que «las agencias distribuidoras llevan más de una década soportando una fórmula obsoleta que no refleja el incremento de los costes operativos».

En noviembre y diciembre se llevaron a cabo distintas jornadas de huelga en el servicio de reparto a domicilio como medida de presión para que se eleve la comisión que reciben por cada bombona repartida. Como respuesta, el Ministerio de Transición Ecológica, publicó un borrador reconociendo los problemas existentes en este sector y proponiendo una actualización de los precios, que se encuentra muy alejada de las demandas del sector, que considera «imprescindible una subida de 1,80 euros por botella».

Con esa subida se podría cubrir los costes operativos como salarios, transporte y mantenimiento de flotas, «esenciales para garantizar la sostenibilidad del servicio de reparto a domicilio, un servicio público esencial», aclaran desde la FEDGLP.

Asimismo, denuncian que el aumento del IVA, junto con el incremento de cotizaciones sociales y otros costes regulatorios, ha generado un efecto dominó que afecta directamente al sector. «Estas subidas previstas para este año, combinadas con el encarecimiento del combustible y los costes laborales, han elevado los gastos operativos de las agencias distribuidoras, que siguen recibiendo una retribución obsoleta y claramente insuficiente», explican.

Por otro lado, señalan que el aumento previsto para este nuevo año del 8,54 % en el envío de una carta ordinaria nacional contrasta con el abandono al que está sometido el sector del butano, un bien esencial para millones de hogares españoles que lleva sin ser correctamente actualizado desde 2015, con una regulación que no permite trasladar suficientemente el impacto de la inflación ni la pérdida de escala por decrecimiento del mercado, provocando que se esté operando a pérdidas.

En este sentido, indicó que la Orden IET/389/2015 no solo garantizaría un reparto domiciliario sostenible y de calidad, sino que permitiría sentar las bases para una transición hacia energías renovables en el sector, prevista para 2050. Sin embargo, la incomprensible falta de decisión por parte del Ministerio deja al sector en una situación insostenible.