Estos son los propietarios que se podrán acoger a la bonificación del IRPF por bajar el precio del alquiler

El Gobierno ha anunciado 12 nuevas medidas en materia de vivienda, para intentar disminuir la brecha existente entre la oferta y la demanda, que comenzó a aumentar a raíz de la aprobación de la Ley de Vivienda. Entre ellas se ha propuesto una exención fiscal para intentar, por un lado, que viviendas vacías se pongan en el mercado del alquiler y, por otro, sortear el bloqueo que las comunidades autónomas gobernadas por el PP están haciendo al tope del alquiler incluido en la Ley de Vivienda: bonificar el 100 % del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda.

En un principio, el Gobierno aseguró que se podían acoger a esta rebaja fiscal aquellos propietarios que alquilasen su vivienda según el índice de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en las llamadas zonas tensionadas. Ahora esta versión ha cambiado, y solo los pequeños propietarios se podrían acoger a esta medida, siempre y cuando reduzcan el precio del alquiler a sus inquilinos, tomando como referencia el anterior contrato. Solo los grandes tenedores se rigen por el índice de precios de referencia al que aludió Pedro Sánchez el pasado lunes, y en su caso no se van a aplicar estas bonificaciones.

Para que esta exención fiscal salga adelante primero tiene que ser aprobada en el Congreso, algo difícil teniendo en cuenta la debilidad parlamentaria que existe actualmente. A pesar de ello, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ve «difícil» que los grupos políticos rechacen esta medida.

Asimismo, ha insistido en que el paquete de medidas es «solvente» y demuestran el «liderazgo» del Gobierno en esta materia. «Van a ser eficaces, no solamente para la construcción de ese parque de vivienda asequible, que nos permitirá tenerlas en unos años, cuando terminemos de construirlas, sino también, en estos momentos, intervenir, condicionar los precios del mercado desde la acción pública», ha insistido.

Otras medidas

El resto de las medidas anunciadas se fundamentan en la promoción de vivienda pública y la limitación de los pisos turísticos. Por un lado, se transferirán más de 3.300 viviendas a la empresa pública de vivienda, así como dos millones de metros cuadrados para la construcción de vivienda de alquiler asequible e incorporación de las viviendas de la Sareb a la nueva empresa de vivienda pública.

Por otro, se implementará un mecanismo legal para que esta nueva empresa pública de vivienda tenga prioridad a la hora de comprar vivienda y suelos; y se garantizará que toda vivienda que sea construida por el Estado mantenga de manera indefinida la titularidad pública.

Se impulsará la reforma de la Ley del Suelo y se creará un nuevo PERTE de vivienda, con el objetivo de modernizar e innovar en el sector de construcción y de la construcción modular.

También se creará un sistema de garantías pública para proteger a propietarios e inquilinos de alquiler asequible; así como se otorgarán ayudas a quienes reformen un piso para ponerlo en alquiler a un precio asequible durante al menos cinco años.

Se aplicará una fiscalidad al alquiler turístico para equipararlos al resto de actividades empresariales. Y se endurecerá la regulación para perseguir el fraude en los alquileres de temporada, así como se creará un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales puedan reforzar las inspecciones.

Por último, se incrementará la carga fiscal que tendrán que pagar los extranjeros extracomunitarios no residentes en España en caso de compra hasta el 100 % del valor del inmueble. Y se cambiará el régimen fiscal de las socimis para que se aplique sólo para viviendas sociales y no sirva para pagar menos impuestos.