CC. OO. y UGT vuelven a la calle seis años y 32 millones anuales después

Los sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, salen hoy, domingo, a las calles de 46 ciudades de España para denunciar el «uso oportunista de los derechos sociales» por parte de las formaciones políticas. La manifestación fue convocada después de que el Gobierno no consiguiese sacar adelante el decreto ómnibus tras el voto negativo del PP, Vox y Junts, por el pupurrí de medidas económicas y fiscales que incluía. Pero tras el acuerdo alcanzado el pasado martes entre Pedro Sánchez y el Carles Puigdemont, la mantendrán de igual manera, esta vez bajo el lema Con los derechos de la gente no se juega.

En un manifiesto conjunto, ambas organizaciones sindicales han justificado la movilización, que tendrá lugar a las 12 horas de este domingo, 2 de febrero, por la necesidad de que el Parlamento esté «al servicio de la gente» y no de «estrategias de vuelo corto que solo consiguen desprestigiar a quienes las realizan y tienen efectos negativos sobre las instituciones democráticas que deben defender».

Los sindicatos alegan que la no convalidación del decreto ómnibus puso en riesgo «medidas sociales fundamentales que afectan a millones de personas»: la revalorización de las pensiones; el Ingreso Mínimo Vital (IMV); el incremento de las pensiones mínimas entre un 6 % y un 9 %; las ayudas para las víctimas de la dana y el volcán de La Palma; así como las ayudas al transporte público.

De igual manera, sobre las pensiones, han insistido en que se debe respetar también la sostenibilidad de estas y garantizar aquellas destinadas «a robustecer el sistema público de pensiones y que forman parte de los acuerdos alcanzados en el diálogo social», como es la cuota de solidaridad a los salarios muy altos y el refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

También defienden la moratoria de desahucios para familias vulnerables, que fue una de las medidas que hicieron al PP, Vox y Junts tirar abajo este Decreto, junto a la cesión de un palacete en París al PNV.

«No podemos permitir que estos derechos sean moneda de cambio en un disputa estéril y artificial con el falso argumento de si las medidas deben presentarse juntas o separadas en distintos decretos, cuando es notorio que el propósito e intención era aprovechar la ocasión para castigar a un Gobierno», defienden los sindicatos, que vuelven a dejar entrever que esta manifestación va contra la oposición. Para ellos «lo importante no es cómo se tramitan, sino que se aprueben y entren en vigor».

A pesar de que, finalmente, estas medidas saldrán adelante, las organizaciones sindicales han insistido en que se manifestarán para exigir «responsabilidad y compromiso», para que «nunca más» se ponga en riesgo la protección social de la mayoría social de este país. También quieren recordar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que es necesario que mantenga su compromiso para reducir la jornada laboral por ley hasta las 37,5 horas. Y que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2025 y la situación de prórroga en la que nos encontramos desde 2023, compromete a un gran número de políticas públicas que se ven «en serias dificultades» para concretarse.

Más subvenciones

Tal y como informaba El Debate, en diciembre, el Gobierno duplicó las subvenciones a las organizaciones sindicales por «la realización de actividades de carácter sindical» hasta los 32 millones de euros. Fue en el Consejo de Ministros del pasado 3 de diciembre, a propuesta del Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, justificando que desde 2008 el IPC ha crecido un 34 % y las subvenciones a los sindicatos solo un 7,6 %. También por la «mayor participación en el ámbito internacional» y el mayor número de «responsabilidades en los procesos de diálogo social» que tienen UGT y Comisiones Obreras.

De esos 32 millones, en torno al 70 % va destinado a UGT y CC. OO., ya que el reparto se hace dependiendo de la «representatividad». Por detrás se han situado la Unión Sindical Obrera, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el sindicato vasco ELA y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Esta 'inversión' supondrá su máximo histórico, duplicándose de los 17 millones destinados para el ejercicio anterior hasta los 32 millones de euros. En 2023 y 2022 crecieron hasta los 17 millones por año, respectivamente. En 2021 esta cuantía se situaba en 13,8 millones. Es decir, entre 2022 y 2024 la cifra creció en más de un 20 %. Unas cifras muy generosas, sobre todo, si se comparan con las que recibían durante el mandato de Mariano Rajoy que se mantuvo invariable en los 8,8 millones de euros en sus últimos años en la Moncloa.