Hacienda veta el intento de Díaz para evitar que el SMI tribute y deja la medida en manos del PP

El conflicto entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz por la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) ha alcanzado una nueva fase después de que el Ministerio de Hacienda haya confirmado que utilizará su derecho a veto para tumbar la proposición de ley presentada por Sumar para eximir a los perceptores del sueldo mínimo de pagar impuestos. El partido de Díaz, no obstante, cree que podrá sortear dicho veto en la Mesa del Congreso con los votos del Partido Popular, que también presentó un texto para evitar la tributación.

Hace unas semanas, los socios del Gobierno de coalición ofrecieron un espectáculo esperpéntico en pleno Consejo de Ministros por la negativa de Hacienda a eximir de tributación a los cerca de 540.000 perceptores del SMI –en su mayoría solteros sin hijos– afectados por esta decisión. Para Díaz, se trata de una cuestión de «justicia fiscal», mientras que el ala socialista del Ejecutivo le ha recordado que la tributación ya está incluida en el informe que la propia ministra de Trabajo encargó a sus expertos para situar la revalorización en el 60 % del salario medio.

Y no les falta razón. Este grupo elaboró dos escenarios en función de las tasas de crecimiento de diferentes periodos para proponer un incremento del SMI bruto de entre el 3,44 % y el 4,41 %. No obstante, en el documento del comité se adviertía que este sería el aumento necesario «en el caso de no actualizarse el umbral de tributación en el IRPF, manteniéndose, por tanto, el nivel actual de 15.876 euros». «Si se aumenta dicho nivel sería necesario recalcular la retención correspondiente al nuevo mínimo que, al ser mayor, se traduciría también en un menor crecimiento del SMI bruto, para un mismo SMI neto», añadían.

Es decir, en caso de aumentar el mínimo exento, el porcentaje de incremento del SMI bruto tendría que ser menor, ya que no tributaría tanto como en los escenarios propuestos por el comité. Esto es de vital importancia ya que, si bien los trabajadores no notarían la diferencia ya que ganarían lo mismo, a las empresas les resultaría un pequeño alivio. Según datos de la patronal, un incremento de 50 euros al mes, como finalmente se ha aprobado, supone un coste salarial para las empresas de entre 78 y 81 euros.

Aunque no todos los pereceptores tributan por igual, ya que depende, por regla general, de la situación familiar y la comunidad en la que resida. Una persona que cobre el nuevo SMI paga impuestos sobre la diferencia respecto al umbral mínimo, 700 euros en total. De estos, el trabajador abona 300,83 euros de IRPF y 45,36 euros de coste laboral. Es decir, cobrará al año 16.230 euros, unos 1.159,3 euros al mes. De acuerdo a los expertos de Trabajo, ese sería el 60 % del sueldo medio neto real, que se situaría en los 1.932 euros mensuales en 2025. Viéndolo desde otra perspectiva, si el comité de expertos hubiera calculado el incremento del SMI contando con la consiguiente subida del umbral mínimo, la revalorización propuesta se habría limitado al 2,2 %, seis décimas por debajo de la inflación e incluso de la propuesta de la patronal.

Contratos públicos

Por otro lado, Montero ha descartado permitir la actualización de los precios de contratos públicos aunque se haya producido un aumento de costes por motivos salariales o materias primas al entender que las empresas «sabían de antemano» que los concursos se iban a desarrollar durante el tiempo y que podría haber fluctuaciones.

Según la ministra, el Gobierno no comparte que se produzca una indexación de los contratos públicos porque podría provocar una «espiral inflacionista» y generar también «efectos de segunda vuelta». En este sentido, Montero ha remarcado que la mejora de las condiciones de vida tiene que ser una política «asumida por todos los sectores», tanto públicos como privados.