Illa exigió en dos documentos del Ministerio de Sanidad «agrupar a los mayores en las residencias y prohibir que salgan»

El exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa, exigió en varios documentos a los que ha tenido acceso El Debate que las personas mayores que tuvieran el coronavirus fueran agrupadas en las residencias. De la misma manera, también se prohibió que fueran trasladados a hospitales. De esta manera, se tumba la versión del Gobierno contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien ahora responsabilizan de los fallecimientos que se produjeron en la región durante la pandemia. En cambio, el exministro sí que autorizó que los presos que tuvieran síntomas de la enfermedad pudieran ser trasladados desde la cárcel a un centro médico.

Sanidad estableció que «en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve debe ser aislado del resto de residentes» y de no ser posible el aislamiento individual «puede recurrirse al aislamiento por cohorte». Es decir, en este caso, el Gobierno ordenó a las residencias de personas mayores a aislar a los pacientes de avanzada edad infectados en una sola habitación todos juntos estableciendo que «deben mantenerse alejados del resto de residentes». El escrito, por un lado, reconoce que el Ejecutivo sabía desde el 31 de enero que el coronavirus era mortal y que debían de extremarse las medidas de protección. También reconocía la vulnerabilidad de los ancianos y que la mortalidad era muy alta. «En la franja de 70 a 79 años es del 8% y del 14,8% para los mayores de 80 años», reza el documento.

Sin embargo, cuando las residencias confirmaban algún caso en vez de mandar al enfermo a un hospital se les ordenó que se quedaran en la residencia «debiendo restringir sus movimientos lo máximo posible y haciendo que se queden en una habitación con buena ventilación». La fecha en la que se emitió este informe, el 5 de marzo de 2020 –es decir, nueve días antes de que el Ejecutivo decretara el primer estado de alarma– aún no había ningún colapso ni en la sanidad pública ni en la privada y, por lo tanto, tal y como explican ahora varios altos cargos hospitalarios a El Debate, «no estaba justificada la instrucción de no atender hospitalariamente a los infectados».

El segundo documento al que ha tenido acceso este periódico, también de Sanidad, ordena aspectos clave como «suspender las visitas de los familiares a los ancianos residentes e igualmente prohibir todas las salidas de los ancianos de las residencias» y, de nuevo, prohibió que los ancianos pudieran ser hospitalizados. «Se suspenden las salidas del centro para los residentes hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación», explica el informe. «Uno de los lugares donde, por ejemplo, podían haber sido trasladados es el Hospital de IFEMA, que recibió los primeros ingresos el 22 de marzo. Este lugar nunca se colapsó y siempre sobraron camas», insisten los facultativos.

Los presos sí eran hospitalizados

Los médicos, que tenían que cumplir las órdenes que Illa estableció desde Sanidad, rechazaron el ingreso de decenas de personas mayores. En 2020 trascendió a través de sus familiares el caso de una anciana residente que acudió al Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, en Madrid, para ser tratada de hemodiálisis. El médico de urgencias, que concluyó que presentaba un cuadro compatible con el coronavirus, no permitió el ingreso de la mujer, que regresó a la residencia y falleció tres días después.

Un tercer documento al que ha tenido acceso El Debate, elaborado de manera conjunta por Sanidad y por la secretaría general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, estableció que, en cambio, los presos que tuvieran síntomas graves sí podían ser trasladados a un hospital. «No se realizarán conducciones o traslados de los casos posibles o confirmados, salvo por razones de necesidad estrictamente sanitarias, en cuyo caso se deberán de tomar las medidas de protección pertinentes», afirma el documento.

A pesar de las órdenes que el Gobierno estableció en materia de las residencias de ancianos, cinco años después el Ejecutivo, a través de varios ministros, culpa a Ayuso de las personas mayores que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid. Reyes Maroto, ministra de Industria durante la pandemia y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, tildó las muertes en la región de «asesinatos» y desde la administración autonómica madrileña se anunciaron acciones legales. Más adelante, Maroto se justificó alegando que quería «destacar que esas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado» sin mencionar que, precisamente, fue el Gobierno del que ella formó parte quien prohibió que los ancianos fueran hospitalizados.