El Gobierno aún le debe a los funcionarios una subida salarial del 0,5 % correspondiente a 2024

A pesar del intenso frío vivido en la península en las últimas semanas, el ambiente entre los trabajadores públicos está más bien caldeado. El Gobierno no mueve ficha para negociar una mejora de las condiciones salariales y todavía les adeuda parte del incremento pactado para 2024. De continuar así, los sindicatos advierten de próximas movilizaciones para esta primavera y no descartan aumentar la presión.

«El Gobierno tiene un nuevo problema añadido, ya que esta es solo la primera de muchas movilizaciones», comentaba el presidente de CSIF, Miguel Borra, durante la manifestación convocada por su sindicato este miércoles frente a la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid. En las próximas semanas está previsto que las movilizaciones se extiendan a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en el resto de España para exigir la reactivación de la negociación colectiva.

Entre sus demandas se encuentra la negociación de un nuevo acuerdo salarial que incluya subidas por encima del IPC para recuperar el poder adquisitivo que, calculan, asciende al 9 % en los últimos tres años; así como el cobro íntegro de las pagas extraordinarias, la negociación de una nueva oferta pública de empleo eliminando la tasa de reposición y la jornada de 35 horas.

El Ejecutivo, de momento, no parece por la labor de sentarse a negociar. Sin socios fiables que le permitan sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y con la presión del aumento del gasto en defensa y la guerra arancelaria, el Gobierno no tiene margen para aumentar el gasto. De hecho, todavía no ha sido capaz de pagar a los funcionarios el 0,5 % pendiente de 2024.

Este asunto, además, trae cola. El Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI –que, por cierto, suscribieron CCOO y UGT pero no CSIF– incluía un incremento salarial del 0,5 % si la suma de la variación del IPC armonizado en 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento retributivo acumulado en ese periodo. Esta condición se cumplió en el tercer trimestre del pasado año, por lo que era cuestión de tiempo que el Gobierno lo abonara.

El Ejecutivo filtró entonces que la subida se incluiría en la nómina de octubre, algo que sentó muy mal a los sindicatos, que incluso llegaron a enviar una carta a Función Pública afeándole a Óscar López que intentara «apuntarse en solitario esta subida salarial» en lugar de poner en valor los frutos del diálogo social. «De esta manera parece una ocurrencia oportunista en lugar de la consecuencia de dar cumplimiento a los compromisos pactados con los agentes sociales», añadía. Este incremento, seis meses después, sigue sin hacerse efectivo.

El coste de esta subida rondará los 700 millones y ya han sido varios los sindicatos que han anunciado que emprenderán las acciones oportunas si no se abona pronto. Según CSIF, se trata de una razón «arbitraria» que denota «una falta de respeto» para los trabajadores públicos, y no entienden la razón de tal demora. El retraso, apuntan fuentes del Ejecutivo, vendría de Función Pública, que todavía no habría dado luz verde a esta partida que tiene que autorizar Hacienda.