El Gobierno decidirá la opa tras el apoyo de la CNMC al BBVA

«La sede del Banco de Santander está en Santander, la sede del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria está en Bilbao, la sede del Sabadell está en Sabadell». Con estas palabras se refería César González-Bueno, consejero delegado, al cambio de domicilio fiscal del banco catalán; para añadir poco después que el impacto comercial del nuevo cambio «había sido nulo». Lo dijo en la rueda de prensa de presentación de resultados de 2024, celebrada el pasado viernes 7 de marzo. Luego vino lo de la opa, claro. Pero vayamos por partes.

El argumentario de González-Bueno está siendo un poco pobre

Es verdad que este argumentario hoy resulta un poco pobre. Pero es que pobres vienen resultando la mayoría de los informes de mercado que venimos escuchando en los últimos meses. Conozco a un inversor de San Sebastián que está absolutamente en contra de la opa, y que me recuerda cada vez que hablamos lo bien que le ha ido al Banco Guipuzcoano cuando lo compró el Sabadell, y lo malo malísimo que sería depender de un banco que estuviera ¡en Bilbao!, como si Bilbao limitara geográficamente con Groenlandia o con la bahía de Hong Kong. Viejas rivalidades. Y es que las cuestiones sentimentales e irracionales se han instalado en este debate, especialmente desde que el gobierno de Pedro Sánchez se posicionó en contra de la opa.

Todos dicen que este mes es clave con las Juntas Generales de accionistas de ambos bancos y la decisión de la CNMC. Pero los mensajes que han destilado ambas reuniones han sido muy poco técnicos. Vamos con ellos: «La OPA no va a salir. El valor del banco es muy superior a la oferta» del BBVA, dijo González-Bueno en la presentación de resultados. Y estos fueron: 1.827 millones de beneficios al cierre de 2024, el mayor de su historia, elevando además la retribución a los accionistas hasta los 3.300 millones. El Sabadell destacó además el fuerte dinamismo de la actividad comercial, con algunos datos un tanto sorprendentes: crecimiento del 53 % en la concesión de hipotecas -esto habría que analizarlo más-, hasta los 1.728 millones de euros; del 21 % en préstamos al consumo (692 millones) y del 31 % en créditos a empresas (3.938 millones), «la joya de la corona, la esencia del banco». Y mensaje a los accionistas: la operación no saldrá adelante: «No tiene sentido. El valor del banco es muy superior a la oferta que hay encima de la mesa. Nadie va a canjear sus acciones para perder dinero». Y entonces le preguntaron: ¿Y si sube la oferta el BBVA? «No sé si van a subir el precio. Han dicho que no, pero quizás acaben haciendo otra cosa». Pero la parte más importante del argumentario de González-Bueno no fue solo el precio por acción. ¡Atenta la compañía! «La oposición social ha sido abrumadora, y no solo política», y terminó apelando al bien común. Que ya es apelar.

El Sabadell lo ha hecho muy bien durante estos dos años. Ha utilizado todos los medios a su alcance y ha jugado bien sus bazas

Hay que reconocer que el Sabadell lo ha hecho muy bien durante estos dos años. Ha utilizado todos los medios a su alcance y ha jugado bien sus bazas. Lo que todo el mundo daba por hecho -el éxito de la opa del BBVA- se ha convertido en un impasse permanente donde los movimientos de sedes y las buenas relaciones políticas con Salvador Illa han jugado un papel decisivo en una operación económica que no tendría que haberse teñido de política. Pero ahí estamos, y ahí vamos a seguir.

Y vamos a seguir, porque aunque la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) de Cani Fernández está a punto de fallar en la primera quincena de abril a favor del BBVA, al banco vasco le va a tocar aceptar unos compromisos que afectarán a las unidades de negocio que pedía el Sabadell; a los créditos en las zonas geográficas donde tienen más presencia: Cataluña y Comunidad Valenciana; y alguna cosa más que frene a la mayoría de la CNMC. ¿Y entonces, qué pasará? Pues que el Gobierno tendrá que decidir.

Si hay algo que me molesta de toda esta operación ha sido, y seguirá siendo, la permanente injerencia del Ejecutivo en una operación que, en cualquier otro país con libertad de mercado, se hubiera resuelto en menos de un año. Y si alguien piensa que la decisión será técnica es que aún no conoce a nuestro Gobierno. Porque la realidad es que, cuando Carlos Cuerpo lleve su propuesta al Consejo de Ministros, éste podrá esgrimir el artículo 10 de la Ley de Defensa de la Competencia que otorga al Gobierno la capacidad de valorar las concentraciones atendiendo a criterios de interés general diferentes de los que ha estudiado la CNMC. Y entonces -no tengan duda- volveremos a oír hablar de cosas que creíamos superadas como los préstamos a la pequeña y mediana empresa; el bien común del que hablábamos más arriba o, por supuesto, de ese interés general que, al parecer, el Gobierno sabe interpretar con tanto éxito cada vez que aprueba una ley o pacta cualquier cosa con los partidos que le apoyan.

Si alguien piensa que la decisión será técnica, es que aún no conoce a nuestro Gobierno

Y por si esto no bastara, oiremos también hablar de cohesión territorial, mantenimiento de las plantillas, inclusión financiera, o, por adelantar otro argumento: impacto sobre los clientes más vulnerables como personas mayores de 65 años o con discapacidad. Pero todas estas condiciones que podría exigir el Gobierno serían percibidas por los mercados, sobre todo los extranjeros, de manera muy negativa.

¿Qué hacer entonces? El Gobierno podría sumarse a las dudas -votos particulares- de algunos de los consejeros de la CNMC para reafirmar su posición. Nadie duda que Pere Soler, uno de los más cercanos a Junts, podría dar munición al Ejecutivo con sus argumentos.

¿Y los accionistas qué? Ya saben que es necesario que el 49 % acepte la opa. Y como un 40 % del capital está en manos de fondos que son partidarios, el 10 % restante sería fácil de conseguir, sobre todo si el BBVA mejora in extremis su oferta. Aquí no estaría el problema. La decisión final la tomará el Gobierno con sus argumentos, o los de Salvador Illa, y seguro que pesará lo contento que está con el regreso de Sabadell y Fundación La Caixa a Cataluña. Más Gobierno y menos libertad.