La mitad de los comercios en línea de segunda mano incumple la normativa: estos son los sectores más afectados

Una investigación liderada por la Comisión Europea con la colaboración de autoridades nacionales y autonómicas ha mostrado que la mitad de los comercios en línea de segunda mano incumple la normativa.

Concretamente, atentan contra la normativa de protección al consumidor, vulnerando aspectos como la transparencia en la información y los derechos de desistimiento y devolución, según destaca el Gobierno de Cantabria, participante en el estudio.

La investigación ha evaluado las prácticas de 365 comercios en línea que venden productos como ropa, dispositivos electrónicos y juguetes, y ha detectado que el 52 % podría estar vulnerando la normativa de la UE en materia de derechos del consumidor.

Entre los sectores más afectados por estas irregularidades se encuentran la venta de ropa, accesorios, dispositivos electrónicos, juguetes, libros, electrodomésticos, mobiliario, artículos deportivos, piezas de repuesto, vehículos de segunda mano, bicicletas y productos de jardinería, entre otros.

El estudio revela que el 40 % de los comercios analizados no informa de manera clara sobre el derecho de desistimiento, que permite a los consumidores devolver un producto en un plazo de 14 días sin necesidad de justificación ni coste adicional.

Además, el 45 % de estos comercios no comunica adecuadamente el derecho a la devolución de productos defectuosos o que no se ajusten a lo anunciado, y el 57 % no respeta el periodo mínimo de garantía legal de un año para productos de segunda mano.

En cuanto a las afirmaciones ecológicas en sus sitios web, el 34 % de los comercios analizados las incluye. Dentro de este grupo, el 20 % no las justifica suficientemente y el 28 % proporciona información engañosa o potencialmente desleal.

Por otro lado, el estudio comunitario revela que un 5 % de los vendedores no proporciona correctamente su identidad y un 8 % no declara el precio total del producto, incluidos los impuestos.

Ante estos resultados, las autoridades de protección del consumidor evaluarán la posibilidad de adoptar medidas contra los comerciantes que podrían estar infringiendo la legislación, de acuerdo con los procedimientos nacionales, señala el Gobierno de Cantabria.

La nueva directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, una vez incorporada en las legislaciones nacionales, «reforzará los derechos de los consumidores en relación con la durabilidad y reparabilidad de los productos, además de combatir el blanqueo ecológico y la obsolescencia prematura», afirma el Ejecutivo.