Los desalojos exprés de okupas entran en vigor pero dejarán fuera al 80 % de los casos

Este jueves, 3 de abril, comienzan a celebrarse los juicios exprés para desahuciar a los okupas ilegales en los casos de allanamiento y usurpación, pero solo afectarán a dos de cada diez casos. Se trata de un cambio legal que el PNV logró introducir en el proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia gracias a un «error injustificable» de ERC y Bildu.

En concreto, esta enmienda modificaba el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de usurpación de morada —artículo 245 del Código Penal— y de allanamiento de morada —artículo 202 del Código Penal— pasen a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales. Estos llamados juicios rápidos permitirán agilizar su resolución y los desahucios que puedan ordenarse.

Tras la detención del okupa, la policía judicial tiene 72 horas para remitir al juez la documentación y este determinará si solicita diligencias urgentes o no. Una vez finalizadas las diligencias, el magistrado escuchará a las partes y, si piden juicio oral, tendrán cinco días para presentar sus escritos. El juicio se realizará dentro de los 15 días siguientes y dictará sentencia en un máximo de tres. Esto supone que en menos de un mes desde que se haya puesto la denuncia ya se puede realizar el lanzamiento, si procede.

La reforma no afecta a aquellos inquilinos que dejan de pagar el alquiler o permanecen en la vivienda una vez finaliza el contrato de arrendamiento, y que, según fuentes del sector, representa el 80 % de la okupación ilegal de viviendas.

Solo será aplicable en los casos de usurpación o allanamiento, pero no en todos el desalojo será tan rápido. Y es que tal y como explicaba José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler, a El Debate, en los casos en los que se vean involucradas personas vulnerables «los servicios sociales deberán intervenir, alargando los tiempos».

Visto bueno para pisos turísticos

Este 3 de abril también entra en vigor una normativa estatal que tiene como objetivo restringir los pisos turísticos y frenar así la proliferación de estas viviendas. A partir de hoy, será obligatorio contar con el visto bueno expreso de los residentes para la puesta en marcha los pisos turísticos.

La modificación normativa, impulsada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, busca «empoderar a los vecinos» y ha sido elaborada en colaboración con los ayuntamientos y comunidades autónomas.

Con la nueva legislación, las comunidades de propietarios podrán aceptar evitar la apertura de nuevas viviendas de usos turístico mediante votación en junta. Para que se puedan instalar nuevos pisos turísticos se requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que representen, a su vez, las tres quintas partes de las cuotas de participación.

La medida no tiene carácter retroactivo, por lo que los pisos turísticos que estuvieran operativos antes del 3 de abril no se verán afectados por esta nueva normativa.

Fin de las Golden Visa

Desde hoy aquellos extranjeros que inviertan en inmuebles de más de 500.000 euros o en deuda pública ya no podrán acceder a las Golden Visa, ese visado introducido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que permitía conseguir el permiso de residencia, y a su vez otros beneficios adicionales a residir en un país europeo.

Poner fin a este permiso estaba en la mira del Gobierno de Sánchez desde la legislatura pasada para garantizar que el acceso a la vivienda sea considerado como «un derecho» y no como un «mero negocio». «Este tipo de inversiones tensionan el mercado, incrementan el precio de la vivienda y, eliminándolas, vamos a amortiguar y paralizar este tipo de especulación», señaló en una rueda de prensa la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Pero la realidad es que, en los últimos años, las Golden Visa representan entre un 0,3 y un 0,5 % de las compraventas de los años a los que se aferra el Gobierno para justificar su decisión. «Esta medida no cambia de ninguna manera el mercado inmobiliario. La gente no puede acceder a la vivienda porque no hay oferta y porque no tienen el dinero suficiente para alquilar ni comprar una. Somos pobres», asegura Enrique López Granados, fundador y presidente de Caledonian, una de las principales promotoras de vivienda de lujo en nuestro país.

«Es una medida torpe, populista y contraproducente. Que el extranjero no venga a España por la eliminación de las Golden Visa significa que no invierte, no gasta y no generamos en un sector del que viven muchos trabajadores», concluye.