NEOS analiza la nueva Ley de Educación en el Foro Educativo por la Libertad de Enseñanza

El Grupo de Trabajo «Defensa de la Libertad» de NEOS, la alternativa cultural creada para la defensa del humanismo cristiano, organizó este jueves en la Universidad San Pablo CEU el Foro Educativo por la Libertad de Enseñanza para analizar la nueva Ley de Educación aprobada por el Gobierno. Enrique Ossorio, Consejero de Educación, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, fue el encargado de cerrar este foro, agradeciendo iniciativas como esta, que plantean un debate inaplazable y necesario.

Ossorio definió la situación actual como «la tormenta perfecta contra la educación de calidad y en libertad y por eso es tan importante lo que podamos hacer desde las instituciones y desde la sociedad civil». Para la Comunidad de Madrid la defensa de la libertad es, también en la educación, un principio irrenunciable, atacado por un gobierno que «está convirtiendo el terreno sagrado de la educación en un laboratorio de ingeniería social para crear una sociedad de personas dóciles y aborregadas».

El consejero de Educación informó de los pasos que está siguiendo la CAM para contrarrestar la deriva del gobierno y evitar el adoctrinamiento en el currículo y en los libros de texto y definió este foro como «un estímulo y un adelanto en el cambio de ciclo que ya está en marcha y que todos esperábamos».

Jaime Mayor Oreja, impulsor de NEOS, entidad organizadora de este acto, quiso agradecer al consejero y a la audiencia su participación en este encuentro. Coincidió con el resto de los participantes en que la ley Celáa ha venido a empeorar a las leyes anteriores, algo que parecía imposible.

Mayor Oreja continuó subrayando que «la libertad nos exige un compromiso con la verdad, para que el ejercicio de esa libertad sea auténtico. La situación actual en el ámbito educativo, que pretende ser utilizado ideológicamente, nos requiere a todos un mayor compromiso con la verdad y la libertad por los alumnos, las familias y los propios centros educativos».

En sus palabras, «el principal problema, el más difícil, el más silencioso de todos aquellos a los que nos enfrentamos reside en la sustitución y destrucción de un orden social, basado en fundamentos cristianos, por un implacable desorden social, y en el que la educación juega un papel decisivo».

Pero, el exministro de Interior quiso terminar con una afirmación positiva: «Ni el mal ni la ignorancia (acaso uno de los mayores males) tienen la última palabra. Es el momento de rearmarse, de dar la batalla cultural, y por lo tanto la batalla educativa y para eso estamos aquí».

Educación como garantía de futuro

La Rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, abrió este acto dando la bienvenida a los participantes y animando a trabajar por el derecho a la educación como medio de garantizar un futuro a nuestra sociedad. La jornada se dividió en tres grandes bloques en los que los ponentes han introducido los distintos temas para seguir con un breve debate: las desigualdades entre Comunidades, los incumplimientos de la normativa vigente en la elección de centros educativos y los perjuicios para la calidad de la educación, han sido los títulos elegidos.

Como introducción al foro, Isabel Bazo, expresidenta de la CECE, quiso hacer un repaso del artículo 27 de la Constitución Española que recoge el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Bazo abrió su ponencia subrayando que «quien controla la educación, domina y transforma la sociedad. De ahí, la importancia del difícil consenso alcanzado en este artículo y que, para evitar errores en su interpretación, recogió que esta debía realizarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos» según los cuales «todos los seres humanos nacen con derechos y libertades fundamentales iguales e inalienables».

Su intervención repasó los diez puntos del citado artículo 27 y cerró su intervención recordando, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que «estos derechos te pertenecen. Son tus derechos. Aprende a conocerlos y a defenderlos». Desigualdades entre Comunidades La primera sesión de la tarde correspondiente a las desigualdades entre las Comunidades autónomas fue abierta por Pedro J. Caballero, Presidente de CONCAPA.

Después, Vicente Morro, Portavoz de la Mesa Educación en Libertad de la Comunidad Valenciana, José Iribas Sánchez de Boado, exconsejero de Educación de la Comunidad Foral Navarra y Gari Durán, exsenadora por Mallorca de Baleares, hablaron sobre la Discriminación en la Lengua Vehicular. Los tres ponentes coincidieron en que, en las comunidades con dos lenguas oficiales, el intento de imponer una de ellas sobre el español responde a razones políticas nacionalistas.

Asimismo, Vicente Morro subrayó que, detrás de los intentos de imposición del valenciano en la educación y en la administración pública, «hay un proyecto político de ingeniería social, una ideología que va más allá de la excusa de la protección de una lengua supuestamente minorizada». Morro recordó que desde la llegada de los tripartitos a la Comunidad Valenciana «el radicalismo ideológico y lingüístico ha generado una fuerte división social y un conflicto ante los tribunales sin precedentes». El portavoz de la mesa Educación en Libertad afirmó que la batalla continúa en distintos frentes como el género, el adoctrinamiento o el laicismo. «La libertad de enseñanza está amenazada, pero aún somos muchos los que la defendemos», concluyó.

José Iribas puso en valor la lengua española hablada por 591 millones de personas en el mundo, según publica el Instituto Cervantes, y a pesar de ello, maltratada por algunas administraciones autonómicas. Según Iribas, «quienes discriminan al español y quieren impedir que se hable o que se estudie en esta lengua, son nacionalistas o independentistas sectarios y excluyentes».

El exconsejero de educación en el Gobierno de Navarra apuntó que la lengua cooficial es para ellos «una herramienta de construcción nacional, desde la imposición de un modelo de escuela única, pública y laicista, y desde su apuesta por un modelo único –ya sea euskaldun o catalán– único y obligatorio. Iribas cerró su intervención recordando que “las lenguas han de ser puentes y nunca muros».

Gari Durán, en línea con sus compañeros, subrayó que «en Baleares se ha desaprovechado una ocasión única de hacer normal en la escuela lo que es normal en la calle». En este sentido, aseguró que «la nueva Ley Educativa impulsada por el PSOE y los separatistas blinda, de nuevo, la inmersión lingüística en catalán».

El incumplimiento de la normativa vigente en el derecho de elección de los padres de los de centros educativos Después de un breve debate, dio comienzo la segunda sesión de la tarde sobre el incumplimiento de la normativa vigente en el derecho de elección de los padres de los de centros educativos abierta por Fernando Lostao, Doctor en Derecho y director de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. En esta sesión participó también Alejandro González-Varas, Catedrático de derecho eclesiástico en la Universidad de Zaragoza, quien puso el foco en la enseñanza de la religión y en cómo la LOMLOE ofrece un concepto limitado de esta que termina por conculcar derechos fundamentales de padres, alumnos y confesiones religiosas.

En sus palabras: «se asimila a una actividad extraescolar que se mantiene por el compromiso acordado entre el Estado y las confesiones religiosas». Para González-Varas estaríamos ante «un desconocimiento de lo que esta enseñanza aporta para la formación ética y cívica de los estudiantes; para la cohesión y armonía social, y la prevención de prejuicios y radicalismos; para el conocimiento de los modos de vivir y pensar de personas con diferentes y, para el conocimiento de la cultura de un pueblo».

Por su parte, Joan Curcó, Director General de Fomento de Centros de Enseñanza, habló de los colegios de educación diferenciada, un modelo presente en los países de nuestro entorno cultural que no genera ninguna controversia de carácter ideológico. Al referirse a España, analizó el itinerario jurídico de esta opción pedagógica desde el inicio del periodo democrático, y cómo ha afectado al derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. «La experiencia nos dice que la educación diferenciada puede aportar respuestas positivas y que es una manifestación legítima del pluralismo educativo», explicó Curcó. «Comprender que hay diferencias, vengan de donde vengan, en la posición y la respuesta de chicos y chicas en los centros educativos, parece la primera premisa para conseguir una escuela que quiere ser inclusiva y respetuosa de la diversidad», añadió en referencia al informe educativo anual de la OCDE publicado en 2021.

Juan Carlos Corvera, Presidente de la Fundación Educatio Servanda, cerró este bloque hablando sobre la educación afectivo-sexual y la perspectiva de género. Según Corvera «todas las teorías de género se basan en la separación de sexo y género, considerando que la realidad biológica no influye en absoluto en la construcción del género. Pero, ¿qué pasaría si verdaderamente en la persona no pudiese separarse completamente sexo y género? Deconstruyendo el género necesariamente estaríamos deconstruyendo a la persona en su totalidad. Estaríamos abordando una verdadera mutación antropológica de la totalidad de la persona, hombre o mujer. Y eso es, a mi juicio, en lo que estamos metidos de lleno, y con la destrucción de la persona, se destruye necesariamente después la familia».

«Perjuicios a la Equidad y a la Calidad en la Educación»

El último bloque de la tarde, con el título de ‘Perjuicios a la Equidad y a la Calidad en la Educación’, arrancó con la presentación de Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado y exsecretario general de Educación, sobre la Supresión en LOMLOE de Planes de Centros Prioritarios.

López Rupérez subrayó que la libertad de elección en educación constituye un derecho fundamental recogido en la Constitución española por lo que «la política educativa ha de garantizar de forma nítida este derecho, pero, a la vez, ha de tomar en consideración sus efectos no deseados en el ámbito de la igualdad efectiva de oportunidades». En este sentido, el exsecretario general de Educación ha recordado el Plan de Centros Públicos Prioritarios de la Comunidad de Madrid, desarrollado en 2006 y 2007, con una eficacia probada. La tramitación de la LOMCE (2013), del entonces senador por el Partido Popular, Luís Peral, se tradujo en la incorporación al texto de la Ley de esta figura para apoyar a los centros que escolaricen alumnado en situación de desventaja social. Sin embargo, ha lamentado que la LOMLOE haya modificado su redacción suprimiendo esa referencia normativa. «Tratándose de una política de equidad, esto constituye una contradicción flagrante y un exponente más de la preocupante falta de estabilidad de los marcos normativos que, por razones puramente partidistas, padece, cual enfermedad crónica, la política educativa española».

Para hablar de la Educación Especial ha participado Carolina Fernández Bustillo, de la Plataforma ‘Inclusiva Sí, Especial También’, que agrupa a alumnos con discapacidad intelectual, sus familias y docentes, para los que es importante poner en la agenda política e institucional la educación de las personas con discapacidad intelectual. «Las personas con discapacidad intelectual son diversas, tienen necesidades diferentes y derechos individuales que deben ser reconocidos y garantizados». Por ello, Fernández Bustillo reclamó su derecho a una educación inclusiva en la que no se les discrimine por razón de su discapacidad, si bien subraya que «la educación en centros específicos es, en ocasiones, la única forma de salvaguardar el bien superior de ese menor y esa defensa del bien superior del menor no justifica la abolición de la educación especial sino más bien lo contrario». La portavoz de la plataforma cerró su intervención afirmando que «todos los padres -y no solo aquellos que muestren una preferencia por el sistema más inclusivo- son los mejor posicionados para velar por el interés del menor con discapacidad intelectual».

Por su parte Eugenio Nasarre, exsecretario general de Educación, centró su intervención en los nuevos currículos y las humanidades. Nasarre justificó la alarma provocada en el ámbito educativo por la LOMLOE ya que, según afirma, «el diseño de los currículos tiene dos vicios originales: el adoctrinamiento y el empobrecimiento de los conocimientos. Ambos se retroalimentan entre sí». En materias de carácter histórico, los currículos se caracterizan «por una amputación, manipulación y mistificación de la historia al servicio de una determinada visión ideológica». Los diseñadores de los currículos han olvidado que «sin conocimientos no hay competencias». Desde este foro, el exsecretario general de educación animó a «los profesores a apelar a su libertad de cátedra -que la Constitución ampara- para salvar a los alumnos del empobrecimiento y la manipulación que pretenden los currículos».

Luis Peral, exconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid, intervino para hablar de las Diferencias en currículos entre CCAA: la enseñanza de la Historia y de la Geografía, la movilidad de las familias, y el coste de los libros de texto. Peral constató cómo La Ley Celáa o LOMLOE empeora el daño generado por la LOE de 2006 a la vertebración educativa de España. La reciente publicación de los Decretos estableciendo las enseñanzas mínimas en los currículos de ESO y Bachillerato y los borradores de la normativa de desarrollo de las Comunidades Autónomas, en palabras de Peral, «configuran una selva pedagógica donde muchos jóvenes y niños estudiarán una Historia de España carente de cualquier criterio cronológico, que olvida una parte gloriosa y decisiva de la Historia de su Patria. Se producirá un encarecimiento inaceptable de los libros de texto, al tener las editoriales que preparar 17 versiones y la movilidad de las familias dentro de España se verá dificultada por la diversidad de planes de estudio y de libros de texto». El exconsejero concluyó que «la Ley Celáa, con menos formación en humanidades, hará a los jóvenes menos críticos, más fáciles de adoctrinar y más sumisos, acentuando las diferencias entre las comunidades».