El peaje nacionalista de la ley de Universidades: ayudas extra por «pluralidad lingüística»

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la llamada Ley Castells, que pretende reducir la temporalidad y europeizar la universidad. Sin embargo, también da alas al nacionalismo con una financiación adicional por «necesidades singulares».

En palabras de Joan Subirats, esta ley pretende sentar las bases «para los próximos veinte años» –la anterior ley de universidades databa de 2001– y para ello el ministro ha destacado el «consenso» con los actores implicados. Además, Subirats ha explicado las señales «positivas» que ha recibido de los distintos grupos parlamentarios, especialmente al tratarse de una Ley Orgánica que requiere aprobación por mayoría absoluta.

Pero está por ver cómo capea el asunto de la financiación. Para garantizarse los apoyos de los socios nacionalistas, el texto recoge un apartado de financiación «por necesidades especiales». Se trata de una financiación «adicional» para determinadas universidades «en función de necesidades singulares como la insularidad, la dispersión territorial y presencia en el medio rural de sus centros universitarios, el nivel de especialización de las titulaciones impartidas, la pluralidad lingüística de los programas, la existencia de infraestructuras singulares o el tamaño de las instituciones».

Es el tema de la pluralidad lingüística el que escama en ciertas comunidades, que ven como las universidades de comunidades con lengua cooficial pueden verse beneficiadas. Isabel Díaz Ayuso, ya ha advertido que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid estudiarán el texto a fondo para analizar si hay aspectos «de dudosa constitucionalidad».

«Da alas al nacionalismo y da privilegios a algunas comunidades autónomas según se hable una lengua u otra», denunció hace unas semanas la presidenta regional.

Cambio en la acreditación

Otro asunto es el de la certificación y acreditación. La ley establece que el aseguramiento de la calidad se hará efectivo «mediante el establecimiento de procedimientos de evaluación que conduzcan a decisiones administrativas de acreditación o a reconocimientos formales mediante certificación».

Estos se realizaban a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), pero ahora la ley incluye las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas, que deberán trabajar en cooperación.