Juan Carlos Corvera: «La izquierda ha sido siempre más consciente del rédito ideológico de la enseñanza»

Familia, enseñanza, ocio y tiempo libre y presencia pública del católico son los cuatro pilares que sustentan la fundación Educatio Servanda, una organización sin ánimo de lucro nacida en 2006 con el objetivo de «edificar un modelo educativo propio, en comunión con sus obispos y con la ayuda de sacerdotes diocesanos».

Al frente de la misma se encuentra Juan Carlos Corvera, bajo cuya batuta la entidad logró a finales de 2020 convocar a miles de padres y profesores que salieron a la calle para clamar contra la LOMLOE. De dicha ley, del actual sistema educativo y de la utilización ideológica de la enseñanza por parte de la clase política departe Corvera en esta entrevista.

–¿Que opinión le merece el sistema educativo tal y como se encuentra ahora mismo?

–Una de las primeras cosas que a mí, que provengo del mundo de la educación no reglada, me llaman la atención de la enseñanza formal es la escasa capacidad que tienen los centros de aplicar sus sistemas educativos y pedagogías, y, en definitiva, el altísimo nivel de intervencionismo al que está sometido ese sector. Es una cosa que cuando uno viene de fuera choca, porque son dos mundos totalmente distintos: en la enseñanza no reglada pones en marcha iniciativas e innovaciones pedagógicas porque no tienes más corsé que el que tu propio espectro pedagógico te marca. Sin embargo, en la enseñanza reglada entras en un mundo absolutamente encorsetado donde es muy difícil llevar a cabo iniciativas propias y poner en marcha pedagogías que están funcionando en otros campos de la educación. Yo encontré un mundo absolutamente intervenido por las administraciones, y creo que esto perjudica mucho su dinamismo, su crecimiento y su eficiencia educativa.

–¿Se trata de algo intrínseco al propio sistema o es, por el contrario, fruto de la voluntad política?

–Hay un componente histórico en todo lo que vivimos, y la enseñanza formal también lo tiene. Nace como tal en Francia en los años de la Enciclopedia y la Ilustración. La enseñanza laica, pública y estatal proviene de estos orígenes, y su intención fue siempre que todos los ciudadanos se formen de la misma manera, que no haya ninguna diferencia entre ellos y que todos puedan tener el mismo nivel de conocimiento y de acceso al conocimiento. Y estos orígenes, que son muy laudatorios en ese sentido, han traído una perversión adicional, porque cuando las administraciones han sentido que tenían el control sobre la enseñanza con el objetivo inicial de que todo el mundo pudiera acceder, se han dado cuenta de la capacidad de transformación de la sociedad futura que tienen en sus manos.

La izquierda quiere un modelo de escuela única y laica y la LOMLOE es un paso más, si acaso mucho más violento, en esa dirección

Esto da lugar a que los gobiernos utilicen la enseñanza estatal reglada como caballo de Troya ideológico para preparar a las siguientes generaciones, porque cuando un alumno sale con 18 años de un colegio ya puede votar. Por lo tanto, a partir de un origen histórico noble creo que todo se ha acabado deslizando al final hacia una manipulación y una utilización torticera de la enseñanza.

–¿Esa manipulación ha sido llevada a cabo por todos los gobiernos o hay matices?

–No, los gobiernos de izquierda han sido más conscientes de la herramienta ideológica que tenían en sus manos. El concierto educativo es una ley de 1985, y prácticamente todas las leyes educativas en democracia (vamos por la octava) son de corte socialista o de ideología de izquierdas. Solamente dos de ellas fueron elaboradas por gobiernos del Partido Popular; una no llegó a ver la luz y otra la vio por muy poco tiempo. Es decir, que básicamente el estado en el que está hoy la educación es, para bien o para mal, consecuencia de las leyes educativas de la izquierda, y en los últimos años esta tendencia se ha acentuado enormemente.

La nueva asignatura obligatoria de Valores cívicos y éticos es la 'religión del Estado'

Por otra parte, cuando ha habido gobiernos de derechas lo que hay que criticarles es que no hayan reubicado la educación en una cuestión más neutra, porque esta no debe ser fundamentalmente ideológica, y mucho menos en el ámbito público.

–Con esta premisa, ¿qué cambios aplicaría sobre el modelo educativo?

–Los cambios que haríamos los estamos anticipando ya: todos aquellos elementos en la legislación, en los decretos o en el desarrollo legislativo posterior que vaya en favor de la pluralidad educativa son necesarios, porque a lo que se nos está conduciendo a través de estas leyes y a través del desarrollo de los decretos es a un modelo de escuela única y laica, que es lo que la izquierda quiere.

Por lo tanto, veo positivo todo aquello que vaya en favor de la pluralidad de elección en el centro educativo, de la capacidad de los centros de incorporar sistemas pedagógicos modernos y que los diferencien, de una mayor apertura de elección curricular y, en definitiva, de todo aquello que contribuya a generar un mapa educativo mucho más plural y diferenciado. Todas esas iniciativas serían buenas para el sector.

–¿Qué opinión le merece tanto la nueva ley de Educación como el desempeño del Gobierno en esa materia?

–La nueva ley es un paso más en esa dirección de modelo único; si acaso mucho más violento, entre otras cosas por las circunstancias en las que fue aprobada: en pandemia, deprisa y corriendo y sin consultar a la comunidad educativa. Las circunstancias ambientales del momento en el que se sacó adelante la hacen especialmente perversa, pero su articulado es un peligro. Entre varias organizaciones conseguimos movilizar cientos de miles de coches en señal de protesta contra la ley, lo que visibilizó que realmente hay un problema con ella.

Las trabas de la Generalitat para impedir el cumplimiento del 25 % de castellano en las aulas es una de las cuestiones más graves que ocurren en el sistema educativo español

Y verdaderamente lo hay, porque una de las cosas a mi juicio más dañinas es que se elimina la demanda social. Es decir, que los padres ya no tenemos la capacidad de elegir el colegio que queremos para nuestros hijos si la administración autonómica, que es donde están residenciadas las competencias educativas, así lo quieren. Ahora, la administración autonómica puede determinar sin contar con las familias a qué colegio van nuestros hijos. Y esto antes no ocurría, porque la primera cosa que tiene que tener en cuenta la administración antes de hacer la distribución de los hijos en los centros educativos es la elección de los padres. Es evidente que hay que regular eso: si hay cien padres que piden un centro que tiene 25 plazas alguien tiene que regular qué pasa con los 75 que no entran. Asimismo, también ha sido muy dañina la eliminación de la educación especial, que en diez años tiene que desaparecer.

Por otra parte, la asignatura de religión (que, recuerdo, es una asignatura de propuesta obligatoria pero de elección voluntaria desde hace muchos años) ha quedado relegada a un último término, sin contar para la media; pero por el contrario meten una asignatura obligatoria de Valores cívicos y éticos, es decir, la religión del Estado. No hay por dónde coger esta ley, y gracias a esa movilización que se hizo desde toda España los partidos de la oposición prometieron que en el momento de llegar al Gobierno la derogarían y harían otra más racional y técnicamente mejor hecha para que mejore el modelo educativo.

–¿Cómo valora las diversas zancadillas políticas y jurídicas de la Generalitat para evitar el cumplimiento del 25 % de castellano en las aulas?

–Una administración que se niega a cumplir las leyes se está autodefiniendo. Creo que esa es una de las cuestiones más graves que ocurren en el sistema educativo español. Hay 17 sistemas educativos, porque cada autonomía tiene margen de maniobra para aplicar muchas diferencias en los modelos educativos, pero es especialmente grave el caso de Cataluña con el tema del idioma. Que los padres no puedan elegir colegio donde escolarizar a sus hijos en su lengua materna es algo absolutamente grave, y me parece el Estado está tardando demasiado en intervenir.