Así es el plan de Ayuso para evitar la barra libre en el acceso a la universidad

María y Carmen son dos estudiantes brillantes que quieren estudiar Medicina y residen en dos comunidades distintas. En una de ellas el nivel de Bachillerato y el examen de la EBAU es más riguroso que en la otra y quizá no llegue a la nota mínima exigida; incluso hay muchas posibilidades de que no pueda estudiar en su propia ciudad. Esto le está ocurriendo a miles de alumnos cada año ante la pasividad del Gobierno, que no quiere oír hablar de una selectividad más justa.

Este año, el porcentaje de aprobados en la selectividad alcanzó el 96,06 %, un nuevo récord tras el 96,1 % del pasado año. Y es que el modo pandemia está disparando el número de aptos al mismo tiempo que acentúa las desigualdades entre las distintas comunidades. Especialmente porque algunas autonomías, que no habían sido punteras en las pruebas internacionales, llegaron a aumentar estos porcentajes entre cinco y nueve puntos respecto al año 2019, último antes de la llegada del coronavirus.

Así, el sector educativo se venía reclamando una reforma de selectividad a un modelo más unificado para reducir estas diferencias. Hace unos meses, el Gobierno se sacó de la manga un modelo que reduce el número de exámenes e incluye una prueba de madurez académica que representará el 75 % de la nota global. Eso sí, el Ejecutivo se niega a entrar en un examen conjunto para no herir las sensibilidades de sus socios nacionalistas.

La propuesta de Educación incluye un periodo transitorio para ir implantando los nuevos cambios con el objetivo de que se establezca definitivamente en el curso 26/27. Para entonces, el examen tendrá una prueba de modalidad obligatoria elegida por el alumno y una de madurez con contenidos de todas las asignaturas y que realmente representará el grueso de la nota del alumno.

El problema es que este modelo no soluciona el cuello de botella al que se enfrenta el sistema con un acceso a la universidad de distrito único. Educación ha presentado esta propuesta a las consejerías autonómicas, que se enteraron de su contenido a través de la prensa, por las filtraciones del Ministerio, para intentar llegar a un acuerdo. Acuerdo que, a día de hoy, se antoja imposible.

Rechazo del PP

Las comunidades del PP han rechazado de pleno el borrador, alegando que genera más desigualdades, y defienden una selectividad única para toda España. El problema de fondo es la aplicación de la ley Celaá y el Real Decreto 948/2021 por el que se regula la evaluación, la promoción y la titulación de ESO y Bachillerato. Con la nueva ley, los alumnos podrán pasar de curso sin límite de suspensos e incluso obtener el título con dos materias pendientes si el equipo docente considera que el estudiante ha adquirido las competencias.

En las regiones gobernadas por el PP se han introducido cambios para establecer una mayor severidad en los aprobados para que la decisión sea lo más unánime posible. Esta medida, aunque se aplica por el bien de los alumnos, provocará mayores desigualdades entre las comunidades que tengan un nivel más laxo. Unas diferencias que se harán más evidentes en el acceso a la universidad.

Selectividad de doble vía

Ante esta situación, Isabel Díaz Ayuso ha propuesto la realización de dos exámenes entre los que cada alumno podrá optar a una prueba única en toda España que permita el acceso y la admisión en cualquier universidad de España y una autonómica solo para los centros de la comunidad autónoma correspondiente.

Fuentes de la Consejería explican que, en realidad, lo que se está buscando es defender los intereses de los alumnos de la región para que no se queden sin plaza en las universidades de la Comunidad. De esta manera, un alumno de Zaragoza o Cádiz podría presentarse a la selectividad madrileña bajo el nivel de exigencia marcado por la Consejería autonómica.

El 30,3 % de los 200.000 alumnos matriculados en las universidades madrileñas proceden de otras regiones. La mayoría proviene de Castilla-La Mancha (23,6 %), Castilla y León (13,3 %), La Rioja (11,8 %), Baleares (10,4 %) y Extremadura (10,1 %).