Educación
Especialistas de Lengua y Literatura destripan la nueva selectividad: «El efecto va a ser demoledor»
Denuncia que la propuesta se ha redactado sin oír a las universidades, al profesorado de Secundaria, ni a los responsables de las pruebas
La nueva selectividad que pretende implantar el Ministerio de Educación el curso que viene sigue provocando las críticas de diversos sectores. Varios especialistas de Lengua Castellana y Literatura han denunciado que el nuevo modelo «esconden una reducción inadmisible de los contenidos que sustentan las competencias, especialmente en el caso de las lenguas, que se militan a servir como mero instrumento de expresión».
En una petición publicada en Change.org, que ya ha reunido más de 2.800 firmas, los coordinadores del examen de Lengua han advertido de que el documento del Ministerio «agrupa» las pruebas de Lengua Española, Lengua Cooficial, Lengua Extranjera, Historia e Historia de la Filosofía. «El potencial atractivo de una prueba interdisciplinar, aparentemente orientada a evaluar la madurez y el juicio crítico de los estudiantes, se desvanece al analizar su estructura», han dicho.
Los expertos han explicado que la prueba constará de 25 preguntas, redactadas en las tres lenguas del examen y divididas en dos grupos: preguntas cerradas, es decir, de tipo test; y preguntas semiconstruidas, eufemismo que, a su juicio, «esconde un simple rellenado de huecos con una palabra o expresión breve».
A estas se suman tres preguntas de desarrollo, «cuya risible extensión (un párrafo largo o dos párrafos breves) no permitirá, de ninguna manera, evaluar ni la madurez del estudiante ni su expresión escrita».
La petición añade que la extensión de esta prueba equivale, toda ella, a un tercio de la prueba actual, que, además de un comentario de texto, incluye hoy un análisis lingüístico y una reflexión literaria. «Pero como, en sus primeros años, agrupa tres idiomas, en realidad, supone un tercio de un tercio de un tercio del examen actual; es decir, el Ministerio propone que los alumnos se examinen de un veintisieteavo del examen aún vigente», precisan.
El Ministerio ha denominado a esta prueba «de madurez» y los especialistas de Lengua Castellana afirman que «esperan que ejerza presión sobre la práctica docente en Secundaria». «Admiramos que nuestros gobernantes lean a Orwell, pero este cambio nominalista no oculta el desastre que supone exigir 27 veces menos que ahora y obligar a los profesores a enseñar trucos para rellenar huecos a partir de un texto», comentan.
Desaparece el análisis sintáctico
De implantarse este examen, consideran que «eliminaría, de un plumazo, la reflexión lingüística que se ha desarrollado en las clases de todos los idiomas y desaparecerían el análisis sintáctico, la descripción de clases de palabras o el análisis morfológico o textual».
Subrayan que, más allá del uso de la lengua, la reflexión metalingüística «es un poderoso instrumento de desarrollo cognitivo, análogo a la reflexión matemática, y una competencia que el sistema educativo debería cuidar, no suprimir».
También suponen que «desaparecería» el estudio literario, ya que «ni siquiera se menciona en el documento ministerial». Como resultado, creen que los estudiantes «serían más ignorantes y, al no estudiar las literaturas de sus respectivas lenguas, se fomentaría la aculturación de los jóvenes, que ignorarían las tradiciones literarias». Tampoco, según su criterio, «desarrollarían competencias de análisis textual indispensables para afrontar, por ejemplo, la prueba de madurez».
Para los especialistas de Lengua Castellana, esta reforma «no va a incrementar las competencias de los alumnos: no va a producir mejores escritores ni mejores lectores». En este sentido, ha indicado que «si escribir tres párrafos es todo el dominio de la lengua que se le va a exigir a un estudiante universitario, segundo de Bachillerato se va a convertir en un curso prescindible».
«Efecto cascada»
«Pero como, en general, todo el Bachillerato está orientado hacia las pruebas de acceso a la universidad, el efecto cascada que va a producir sobre los contenidos, sobre la actitud en clase, y sobre la planificación de los cursos precedentes, va a ser demoledor», han alertado.
En cuanto a la enseñanza del inglés, han destacado que «si lo único que van a tener que acreditar los futuros universitarios es la capacidad de rellenar unos huecos y redactar un párrafo en dicha lengua, la enseñanza pública de la lengua extranjera va a sufrir un revés considerable, lo que perjudicará especialmente a los hijos de familias sin recursos, que no tendrán vías alternativas para cubrir ese vacío en el sistema público de educación».
«Esta propuesta se ha redactado sin oír a las universidades, que realizan las pruebas de acceso, al profesorado de Secundaria, ni a los responsables de las pruebas en las comunidades autónomas. Este procedimiento, por desgracia, es habitual en Educación. También explica muchos de los problemas que sufrimos», han criticado.
Por todo ello, han reclamado al Ministerio que retire su propuesta y comience una etapa de diálogo con profesores, universidades y sindicatos. «El poder político no puede seguir ignorando a la sociedad civil en temas educativos», concluye la petición.