El PP, a punto de romper con Educación por la reforma de la selectividad

Desde que en el año 2001 se pusiera en marcha el Distrito Único universitario, que permitía a los alumnos estudiar en cualquier centro del país, el sector educativo puso el foco en la reforma de las pruebas de acceso. Tras la aprobación de la ley Celáa, esta renovación se hace todavía más urgente, pero el Gobierno no parece estar dispuesto a una selectividad única que garantice la equidad y se niega a escuchar las propuestas de las comunidades.

Este miércoles, con motivo de la Conferencia Sectorial de Educación, las consejerías regionales gobernadas por el Partido Popular han pedido al Ministerio de Educación la modificación del borrador de la nueva selectividad para que se aplique un modelo único en toda España.

«Las pruebas son esenciales tanto para permitir el acceso a la universidad como para la admisión a estudios concretos, pero hoy no son homogéneas para todos los estudiantes según donde se examinen», señalan fuentes populares. «Se está produciendo una ruptura en el sistema al no cumplir con equidad y eficiencia su tarea de evaluación».

Tras la aprobación de la ley Celáa, varias comunidades –principalmente las gobernadas por el PP– establecieron criterios de corrección más estrictos ya que el actual texto permite pasar de curso e incluso titular con asignaturas suspensas, si así lo consideraba el equipo docente. Así, incluyeron que el equipo docente debía alcanzar unas mayorías en su decisión para garantizar el máximo consenso posible en una decisión tan trascendente. Claro que el resto de regiones no lo hicieron.

Esto supone, en la práctica, que en las comunidades que cumplan al dedillo la Ley Orgánica el nivel de exigencia del profesorado se habrá reducido mientras que, en las que se han reformado los currículos regionales, el nivel de los alumnos será mayor. El problema es que las pruebas de selectividad también están establecidas por cada consejería, pero el distrito único permite a los estudiantes elegir cualquier centro del territorio, provocando las consiguientes desigualdades.

«La dificultad del examen no puede depender del lugar donde viva el estudiante. Y esto no va a variar con la propuesta del Gobierno, que solamente pretende imponerla sin tener en cuenta las aportaciones de comunidades que representan a más de la mitad de los estudiantes españoles», comentan desde el PP.

Prueba de madurez

El Gobierno presentó un nuevo modelo con el objetivo de que en el curso 26/27, los alumnos harían una prueba de madurez, que representaría el 75 % de la nota global, y un examen de materia de modalidad que supondría el 25 % restante. Esta prueba de madurez consistiría en una serie de preguntas de todas las asignaturas incluidas en el Bachillerato dirigidas a demostrar «la capacidad de pensamiento crítico» del alumno.

El PP ha rechazado de plano esta propuesta y denuncia que el Ministerio no ha tenido en cuenta las aportaciones de sus comunidades, por lo que amenazan con romper las negociaciones. «No es una prueba única y no corregir este error provocará que el sistema siga siendo injusto: no puede haber 17 pruebas distintas para un distrito universitario único», añadieron en el PP. Por su parte, País vasco y Cataluña han pedido que se retrase un año la implantación de la prueba.