Así riega con dinero público el Gobierno a sus afines para atacar a la educación concertada

Desde la llegada de Podemos al Gobierno de la mano de Pedro Sánchez, los ataques a la concertada se están repitiendo con mayor frecuencia. No es ningún secreto que esta formación desea la desaparición de los conciertos educativos hasta el punto de presentar en el Congreso una Proposición de Ley para integrarlos en el sistema público. Pero en los últimos meses estas provocaciones están aumentando con el apoyo de los centros privados, que ven peligrar su parte del pastel por el descenso de la natalidad.

El último ejemplo lo encontramos en el informe de la Fundación Bofill La educación concertada en España. Reformas en clave de equidad desde una perspectiva internacional en el que señala que la actual regulación sobre los conciertos contribuye a crear «desigualdades y segregación escolar» y pide aprovechar el actual contexto de caída demográfica para replantear este modelo. Las cartas sobre la mesa.

En un ejercicio de fantasía, el informe destaca la elaboración de ley Celaá, texto que «a pesar del apoyo social con el que contaba el proyecto de reforma, su tramitación legislativa fue considerablemente compleja y conflictiva, especialmente debido a la oposición frontal de los partidos de derecha». No hace mención, sin embargo, a que se tramitó en pleno confinamiento, sin el informe del Consejo de Estado, y sin consenso ni diálogo con el sector.

No es la primera vez que esta fundación pide el cierre de los centros concertados. Hace apenas unos meses publicó el estudio La concertada a debate en el que dudaba de los mecanismos de control de los concertados y abogaba por «cerrar grupos de manera selectiva».

Lo sangrante del asunto es que apenas dos días antes esta fundación se felicitó por haber sido seleccionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá para llevar a cabo un piloto para impulsar y evaluar el impacto de tres programas dirigidos a niños en situación de vulnerabilidad por valor de 12,5 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Un pelotazo en toda regla.

La concertada desmonta el informe

Este nuevo ataque contra la concertada no ha tardado en encontrar respuesta a través de Jesús Muñoz de Priego, coordinador de enLibertad, una iniciativa formada por varios expertos por la libertad de enseñanza. Muñoz de Priego critica que «no es un estudio sobre la equidad de qué conclusión que la concertada pueda ser uno de los problemas, sino que parte de la premisa de que esto es así».

«Los centros sostenidos con fondos públicos resultan plenamente transparentes para las administraciones. Luego la ausencia de datos se debe fundamentalmente al ocultismo de estas», añade.

Para el coordinador de enLibertad, resulta llamativo que cuando se analizan mecanismos correctores de equidad, «todos ellos están ya implantados en el sistema educativo español». «Del análisis de estos informes internacionales debería salir la conclusión de que el sistema educativo español está más avanzado en mecanismos correctores. Pero, obviamente, no es esta la pretensión del informe».

Consecuencia de políticas socialistas

Muñoz de Priego recuerda que muchos de los aspectos que se cuestiona este informe son resultado directo de las políticas educativas implantadas por el PSOE. «La Administración dice que la concertada es excluyente y segregadora, pero fija como criterio sine qua non que los alumnos que puedan optar a un centro vivan en la misma zona imposibilitando que vengan alumnos de otras zonas más deprimidas no dándoles puntuación y no subvencionando el transporte escolar… para al final afirmar que el centro no acoge alumnos con necesidades ni bajas condiciones socioeconómicas», apunta.

Frente a la propuesta de cierre de centros concertados del informe de la Fundación Bofill, este abogado propone que los alumnos con necesidades educativas o circunstancias económicas desfavorables tengan mayor puntuación en los criterios de admisión para que tengan prioridad, además de evitar que el criterio de zona sea excluyente. También señala que el dinero público debe seguir la elección del alumnado: «Si un centro tiene muchos alumnos con necesidades educativas, no se trata de desperdigarlos, sino dotar a ese centro de recursos específicos para la atención de estos estudiantes».

«Es imprescindible la equiparación de abono del coste del puesto escolar entre pública y concertada. Hasta el propio informe reconoce la infrafinanciación de la concertada. Debe quedar claro que la situación actual supone un incumplimiento de las obligaciones propias del principio de gratuidad por parte de la Administración», concluye.