Cataluña y Madrid, las comunidades que menos aportan a sus universidades

Casi el 80 por ciento de los ingresos de las universidades públicas proceden de los Gobiernos regionales y prácticamente todo el porcentaje restante, de las tasas y precios públicos. Son las conclusiones del Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2021-2022, que recopila datos de las 47 universidades públicas presenciales españolas en 2020.

En España cursan estudios universitarios más de 1,3 millones jóvenes, la mitad de ellos en campus públicos presenciales. El estudio muestra también que Cataluña y Madrid son las comunidades que, teniendo en cuenta su nivel de riqueza, menos financiación destinan a sus universidades públicas y son además las que más cobran a sus estudiantes.

Por otro lado, La Rioja y Cantabria destacan por ser las regiones que mayores transferencias hacen a sus alumnos, seguidas por la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Navarra. En estos cinco territorios, el gasto por alumno está por encima de los 10.000 euros, mientras que en el extremo opuesto se sitúan Baleares y Madrid, con menos de 7.200 euros por estudiante.

Sobre la financiación que reciben los campus públicos teniendo en cuenta el nivel de riqueza de la región –comparando los valores de 2020 con los del 2019– todas las regiones aumentaron la ratio, donde más en la Comunidad Valenciana y Canarias, en torno a nueve puntos.

El mayor esfuerzo volvió a corresponder a la Comunidad Valenciana y a Cantabria, acompañadas en esta ocasión por Canarias, mientras que en el otro lado se sitúan Cataluña y Madrid, explica el documento de la Fundación, que preside Ana Botín y que se presentó hace unos días en Madrid.

En el caso de Canarias –que en 2019 ocupaba la octava posición–, la mejora se debe sobre todo a la mayor caída del PIB per cápita en 2020, puesto que al ser una región muy turística sufrió más las restricciones de movilidad adoptadas como consecuencia de la pandemia.

Esfuerzo financiero de los estudiantes

En cuanto a la recaudación por tasas, precios públicos y otros ingresos por alumno –es decir el esfuerzo financiero de los usuarios del sistema–, en las tres primeras posiciones aparecen la Complutense, la Politécnica de Madrid y la Carlos III, seguidas por la Politécnica de Cataluña, la Autónoma de Madrid y la Politécnica de Valencia, todas con valores superiores a los 3.000 euros por estudiante.

Por regiones, Madrid y Cataluña registran los valores más elevados en el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos en 2020 (al igual que en 2019), mientras que en el grupo de regiones con el indicador más reducido están Canarias, Baleares y Andalucía.

Con la excepción de Madrid, el resto de las regiones sufrieron retrocesos en este indicador en 2020, donde más en Cataluña, debido básicamente a la reducción de los precios públicos universitarios.

Uno de los problemas del sistema universitario es la falta de una financiación suficiente, por lo que «España queda sistemáticamente por debajo de los países europeos y de la OCDE en el indicador de gasto por alumno o respecto al PIB así como en la ratio de gasto por alumno respecto al PIB per cápita», subrayan las conclusiones del informe.

Adicionalmente, la evolución desde hace más de una década de los fondos públicos para la educación superior ha sido muy negativa en España. A raíz de la crisis de la deuda soberana, a partir de mayo de 2010, y recrudecidos en 2012, España tuvo que realizar recortes y aumentar los impuestos y tasas para intentar disminuir su déficit público.

Esto afectó también a las universidades, con disminuciones en las transferencias recibidas y el incremento de los precios públicos universitarios. Pese a la expansión durante el periodo 2014-2019, «las cifras indican que en 2020 aún no se habían recuperado los niveles de 2009».

Dada esta evolución, la participación privada de las familias en la financiación universitaria ha tendido a aumentar porcentualmente de manera clara, y se sitúa ya en niveles superiores a los de la OCDE.

Para intentar paliar la insuficiencia financiera del sistema, la nueva ley universitaria (LOSU), en tramitación parlamentaria, fija el objetivo de destinar un 1 % del PIB a las universidades. «Esta meta –añade la Fundación CYD– se ve como una llamada a la acción; sin embargo, para su efectiva ejecución preocupa el hecho de que, por ahora, no se haya establecido ningún mecanismo vinculante para conseguirla, sino simplemente es la especificación de una voluntad de llegar a esa cifra».

En España, la financiación pública para la Universidad se sitúa en torno al 0,7 % del PIB, mientras que en los países europeos y de la OCDE supera el 1 %.