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Protestas ante la facultad de Ciencias de la Información de Universidad Complutense (UCM) contra Isabel Díaz Ayuso

Protestas ante la facultad de Ciencias de la Información de Universidad Complutense (UCM) contra Isabel Díaz AyusoEFE

Protesta en la Complutense

El Gobierno de Sánchez regó con miles de euros opacos a los que acosaron a Ayuso en la Universidad

El Sindicato de Estudiantes, responsable de organizar la turbulenta protesta contra Isabel Díaz Ayuso en la Universidad Complutense, en la que hubo insultos, gritos e intento de escrache, ha sido regada con miles de euros por parte de los diferentes Gobiernos en los últimos años.

En el año 2020, el Grupo Parlamentario de Vox dirigió una pregunta escrita a la Mesa del Congreso de los Diputados con la finalidad de que el Ejecutivo actual aportase luz sobre las «cifras exactas de las cantidades totales percibidas por estas organizaciones con cargo al erario público», ya que «son de muy difícil acceso porque sus páginas web no publican estos datos ni consta en ellas un apartado de Portal de Transparencia».

En su cuestión, Vox recordaba que esta organización sindical no cumplía con las obligaciones derivadas del artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y de buen gobierno, al no ofrecer este tipo de información.

Miles de euros por defender su proyecto

En su respuesta, el Gobierno replica que el Sindicato de Estudiantes no ha percibido ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros y que tampoco representan el 40 % del total de sus ingresos anuales, por lo que no están obligados a acabar con esa opacidad que denuncia la derecha.

Sin embargo, sí reconoce que, el año anterior a la formulación de la pregunta, es decir, en 2019, recibió las siguientes subvenciones: 48.500 euros del Instituto de la Juventud (Injuve); 23.640 euros del Ministerio de Educación y Formación Profesional; y 2.000 euros del Ministerio de Universidades. En total, 74.140 euros para el Sindicato de Estudiantes, pero para el Ejecutivo lo importante es que «es una cantidad inferior a los 100.000 que establece la Ley 19/2013».

MADRID, 24/01/2023.- Agentes de la Policía ante los estudiantes que protestan a las puertas de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid donde este martes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recoge el premio como "alumna ilustre" de la facultad en la que se formó. EFE/ Zipi Aragon

Agentes de la Policía ante los estudiantes que protestan a las puertas de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de MadridEFE

En ese momento, el Gobierno de Pedro Sánchez decía que el sindicato no había recibido subvención ninguna del Instituto de la Mujer, algo que sí ha ocurrido en 2021 y 2022, cuando Igualdad destinó algo más de 20.000 euros para Libres y Combativas, la rama feminista del SE.

En la respuesta a Vox, el Gobierno justificaba la subvención a este sindicato para que defienda «un proyecto de enseñanza democrática, plural, pública, laica, de calidad, científica y gratuita», por lo que aventuraban que «no tenemos previsto eliminar la concesión de ninguna entidad que cumpla los requisitos para acceder a la misma a través de un procedimiento de concurrencia competitiva».

El Debate se ha puesto en contacto con el Sindicato de Estudiantes, tanto en el número de móvil que facilitan en su página web como en su correo electrónico, para preguntar por el tipo de subvenciones públicas que reciben, sin encontrar respuesta.

Poner el cazo

El propio Sindicato de Estudiantes se autodefine como una organización «revolucionaria y anticapitalista» que «desde su nacimiento siempre se ha dotado de unas finanzas revolucionarias», mientras que no tiene problema en recibir las mismas ayudas públicas contra las que carga.

​Unas ayudas que si bien han existido siempre con Gobiernos de uno y otro signo político, parece que van en línea ascendente. Por ejemplo, bajo los mandatos de Mariano Rajoy (PP), superaron la cifra de 30.000 euros recibidos a cargo de los PGE de 2012 y de 24.000 en 2015, aunque lejos de los más de 70.000 con los que Sánchez les agasajó recientemente.
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