«Mezclan derechos individuales con concepciones ideológicas y de partido»

La acelerada sentencia del Tribunal Constitucional, que rechazaba el recurso interpuesto por Vox contra la LOMLOE, ha caído como un jarro de agua fría entre los profesionales de la educación concertada y especial.

Para Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la nueva norma educativa puede adaptarse al marco constitucional, por lo que recibe el aval del TC, pero su impacto negativo sobre los ciudadanos está más que probado.

–¿Cómo han acogido la sentencia del Tribunal Constitucional?

–Como no puede ser de otra manera, la primera reacción es acatar y respetar la sentencia del TC. No terminamos de entender el tratamiento de algunos de los puntos que entraban en litigio y que habían sido cuestionados por el recurso de inconstitucionalidad. Consideramos que, en cualquier caso, el aval de la mayoría de magistrados no mejora en nada la ley porque lo único que vienen a establecer es que la ley no vulnera la Constitución, como sucede con otras muchas leyes aprobadas últimamente que, si bien se cuelan en el marco constitucional, está probado que ocasionan efectos negativos y muy perversos para los ciudadanos.

Nos sorprende, por otra parte, que en tan poco tiempo, desde que se ha reconstituido el TC, se haya podido emitir una sentencia de tanto calado. Los magistrados llevaban dos años con los recursos que se habían interpuesto. Ahora tendrán que analizar (aunque nos imaginamos por dónde irá la sentencia) el del PP y UPN. Se ha dado un giro a la doctrina del propio alto tribunal sobre aspectos como la educación diferenciada y la situación del castellano. Desde el respeto, no deja de sorprendernos esta reacción. En 2018 se dijo una cosa y cinco años después, la contraria.

Leyes sesgadas e ideologizadas

–¿Qué pasos piensan dar a partir de ahora?

–La Plataforma Más Plurales, que aglutina titulares, profesores, y padres de la concertada, seguirá funcionando. Vamos a mantener las reuniones y vamos a seguir vigilantes de la aplicación de la LOMLOE y de los efectos que puede conllevar en casos concretos, algo que no analiza el TC.

Por otra parte, estamos en contacto con los grupos parlamentarios dada la interpretación del TC respecto al artículo 27 de la Constitución. Este año hay convocatoria electoral y nos interesa conocer de primera mano su planteamiento sobre estos temas que tanto nos afectan: la libertad de enseñanza y el régimen de conciertos, así como la educación especial.

–Leyes como la LOMLOE… ¿afectan a la educación o esa transformación irá más allá de este ámbito?

–La secuencia de leyes con gran contenido ideológico, aquellas que emanan o han emanado del Ministerio de Igualdad o el de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como las que provienen del ámbito educativo, LOMLOE (Educación) y LOSU (Universidades), son un conjunto muy abundante que impactan en la propia concepción de lo que es el individuo y el ciudadano y cómo ha de desenvolverse.

No son normas neutras y van mucho más allá de lo que viene recogido en la Constitución. La interpretación de los derechos y libertades corresponde al individuo, y lo que deben hacer los poderes públicos es garantizar su ejercicio, algo que no está sucediendo esta legislatura. Están intentando transformar su ideología en un asunto legal y político. Todo eso acaba entrando en el ámbito educativo. Parece que el colegio ha de ser ahora el lugar donde se aborde todo, desde la ideología de género a los derechos de la infancia y la juventud, dejando de lado los derechos de los padres sobre sus hijos. Mezclan derechos individuales con concepciones ideológicas y de partido.

La concertada, en peligro

–¿Se puede dar el caso de que España camine hacia la desaparición del modelo concertado?

–Nosotros evidentemente trabajamos para que eso no ocurra y no perdemos la esperanza, pero sí que es cierto que con cada ley nueva que se aprueba se pone más cuesta arriba la existencia de los centros concertados.

Hace tiempo que sufrimos una infrafinanciación ya totalmente asfixiante, ya reconocida por todas las instituciones. Con ella, los colegios no pueden seguir funcionando sin la colaboración de los padres. Ahora se ha intentado convertir la tradicional complementariedad de la concertada –que era el derecho a recibir el mismo tratamiento que la pública– en una subsidiariedad respecto hacia ella, es decir, que la entienden como que la concertada tiene derecho a existir siempre y cuando la pública no pueda atender todas las necesidades. Esto es contrario a la historia y la razón de ser de los conciertos educativos, que nacieron como un instrumento jurídico –el concierto como un tipo de contrato– para ejercitar por parte de las familias su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos sin depender de su capacidad económica.

La izquierda radical entiende la libertad de enseñanza como que aquel que quiera un centro privado, simplemente que se lo pague. Esto no es equitativo ni social. No hablamos de vivir en una mansión, sino del derecho constitucional de los padres a elegir qué educación quieren para sus hijos. La Constitución dice que el objetivo de la enseñanza es el pleno desarrollo de la personalidad humana. No nos da igual quién o quienes eduquen a nuestros hijos. Ese es el quid de la cuestión.

A ello hay que sumar que cada vez hay menos alumnos por la caída en la natalidad y, por tanto, menos remanentes de las familias. Las fuentes de financiación del concierto decaen. Y ahora ya la demanda social no cuenta, porque la Administración puede decidir libremente si quita unidades en un centro concertado –aunque tenga solicitudes– porque el centro público está vacío. Otros experimentos como el cheque escolar o las becas aumentan el riesgo de la supervivencia del concierto, que es un modelo con corpus jurídico. Sin él, solo hay inseguridad y la afirmación de que la enseñanza concertada tendría los días contados.