La ley de las Enseñanzas Artísticas enoja a los universitarios y augura un choque entre ministras

Polémica con la aprobación de la ley que equipara las Enseñanzas Artísticas Superiores a las universitarias. El Consejo de Ministros ha sacado adelante, este 16 de enero, la norma impulsada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que había decaído antes del verano tras la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones.

«Esta ley llevaba un periodo de debate en el Congreso, pero por los comicios tuvo que volver al Consejo de Ministros. Quisiera explicar varios detalles de esta norma, que recoge un amplio consenso y de la que se beneficiarán 140.000 estudiantes y 14.000 docentes que llevan tiempo esperando por ella. Ellos son los primeros beneficiarios, ya que un alumno que hoy esté cursando un grado superior de piano podrá moverse con las mismas garantías que cualquier otro estudiante de los Estados miembros. Otro pilar básico es que el sector artístico y cultural se verá reconocido, pues con esta ley se podrá acreditar la experiencia», decía Pilar Alegría, que a su vez ejerce de portavoz del Gobierno, en rueda de prensa.

Discriminación a otros universitarios

Así, la futura ley, que afectará a 140.000 estudiantes y 14.000 docentes, prevé la creación de nuevas enseñanzas, como las audiovisuales.

Según apuntó Alegría, un alumno que hacía un grado superior de Enseñanzas Artísticas, si quería trabajar en una filarmónica de un país europeo, «tenía no solamente que acreditar el título español, sino además también tenía que aportar un documento expedido por la administración autonómica correspondiente», algo que «ya no será necesario» cuando entre en vigor la norma.

El texto dice perseguir la equiparación de las Enseñanzas Artísticas Profesionales al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, o lo que es lo mismo, al nuevo sistema de Formación Profesional, abriendo también la posibilidad del reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector.

Por otra parte, propone cuatro nuevos cuerpos docentes (de profesores y de catedráticos de Enseñanzas Superiores; y de profesores y de catedráticos de Enseñanzas Profesionales), además de los Maestros de Taller de Enseñanzas Artísticas.

Pero no es oro todo lo que reluce. La Conferencia de Decanos de Facultades de Bellas Artes ha criticado que la ley supone un «duro ataque» al sistema de calidad universitario, por pretender «una equivalencia a todos los efectos» entre títulos universitarios y no universitarios.

Los decanos consideran que esta norma produce un «profundo agravio comparativo» por las diferentes exigencias de calidad, ingreso y acreditación del profesorado, y critican que pretende una equivalencia con funciones fundamentales de la universidad como son la investigación y la transferencia, cuando «estos centros no universitarios adolecen de la estructura y órganos necesarios que permitan su adecuado desarrollo».

Para el nuevo presidente de la Conferencia de Decanos y Decanas de Bellas Artes, José Galindo, la equivalencia de las Enseñanzas Artísticas Superiores con las universitarias supone «un agravio comparativo». «Para la entrada del alumnado en estas titulaciones se exigen cosas distintas en un lado que en otro y los beneficios son los mismos».

«En la ley lo adornan diciendo que efectivamente los estudiantes de Enseñanzas Artísticas van a tener derecho a las becas universitarias. La ley manifiesta que en la estructura son equivalentes y es fundamentalmente injusto», advierte.

Choque con Morant

Por ello, Galindo aseguró que pedirá a la nueva ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, una reunión para tratar que la futura ley de enseñanzas artísticas no «discrimine» a los 20.000 estudiantes universitarios de esta rama.

El decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Valencia, en nombre de los decanos de las 15 facultades españolas donde se ofrecen estos estudios, recordó que «el alumnado universitario tiene que pasar por la Ebau, pagar unas matrículas de 1.000 euros al año y cursar los 60 créditos, mientras que en las escuelas superiores de arte y diseño los alumnos pagan 80 euros y acceden a ellas sin selectividad», amén de que en el primer caso los profesores son doctores, entre otras diferencias. «Es una injusticia manifiesta», protestó, pues a la hora de acceder a un empleo, unos y otros estudiantes están en igualdad de condiciones.

Ello tendrá que obligar a Morant a mover ficha, si en virtud a su cargo, quiere salvaguardar los intereses de la comunidad universitaria, lo que provocaría un inevitable choque con el ministerio de Educación, del que ha salido la ley.