Esta es la realidad en las aulas de Baleares: «El PP tolera que el español no exista en la educación»

La realidad del español en las Islas Baleares es lóbrega: pese al cambio de rumbo político tras las elecciones autonómicas, el nuevo Ejecutivo que ahora comanda Marga Prohens (PP) sigue haciendo oídos sordos a las sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional en defensa del castellano y a favor del bilingüismo.

La salida de Francina Armengol (PSOE) del Consulado del Mar, la sede gubernamental de Palma de Mallorca, auguraba una nueva era en la política lingüística. El acuerdo entre el PP y Vox para instaurar un plan piloto de libre elección de lengua así parecía atestiguarlo. Sin embargo, y a las primeras de cambio, un jarro de agua fría ha caído sobre la nuca de todos los constitucionalistas.

El caso de la familia de Calvià que solicitó una enseñanza en castellano de al menos el 25 % del horario lectivo para sus hijos y que no ha sido atendida por la Consejería de Educación ha demostrado que las cosas, lejos de cambiar, siguen exactamente igual en las aulas.

Jarro de agua fría

El conflicto que nos ocupa arranca durante el curso pasado. Varias familias de un centro público de Calvià pidieron amparo al Gobierno balear de Marga Prohens (PP) para garantizar que sus hijos pudieran recibir en castellano la enseñanza de varias asignaturas troncales. Lo hicieron convencidas que tras ocho años de gobierno de socialistas junto a nacionalistas, era el momento adecuado de acudir a las instituciones.

Sin embargo, el nuevo jefe de Inspección Educativa, Gabriel Timoner, decidió rechazar la petición que le hicieron llegar estos padres, pese a que presentaron el aval de las sentencias judiciales.

Según ha podido comprobar El Debate, tras acceder en exclusiva al escrito de respuesta de la Consejería de Educación balear a una de las familias, el ‘Govern’ sostiene que el proyecto lingüístico de ese centro se adecua a la normativa de referencia y se escuda ahora en el artículo 135.3 de la ley de 1/2022 –la misma que no apoyó cuando el PP se encontraba en la oposición– para no atender a su petición.

Este punto asegura que «la lengua castellana también puede ser utilizada a decisión de cada centro educativo mediante la aprobación de su proyecto lingüístico». «Es una manera de no contestar a lo que se les pide», lamenta la presidenta de PLIS, Olga Ballester, en conversación con este medio. «El proyecto lingüístico de ese centro y otros muchos está al 100 % en catalán. Son proyectos ilegales que llevan así 40 años y que no han cambiado con Gobiernos ni de un signo ni de otro», añade.

«Precisamente, el PP señaló a aquel artículo para defender su decisión de votar en contra de esa ley de 2022, por lo que nos parece kafkiano, por no decir humillante, que ahora recurran a él para negar el tanto por ciento de asignaturas en español que piden esas familias y que tanto el TC como el TS han sostenido en sus sentencias. Sospechamos que el Partido Popular no tiene ninguna intención de acabar con esta situación. Ahora se han sacado de la manga este plan piloto de elección de lengua para mantener esperanzadas a las familias que piden el bilingüismo, pero sospechamos que es una manera de ganar tiempo y dejar que pase la legislatura», sentencia Ballester.

Inmovilismo

Por su parte, el Gobierno de Prohens ha anunciado que sigue comprometido con su plan piloto para la libre elección de lengua de los padres en toda la enseñanza. Desde el Ejecutivo balear insisten en que su postura es la de respetar la autonomía de cada centro educativo.

Desde PLIS sostienen que no están por la labor de protagonizar un enfrentamiento con el mundo docente y directivo, tradicionalmente proclive a las tesis del catalanismo, al igual que creen que Vox, clave en el apoyo a Prohens, parece desnortado en asuntos educativos.

Precisamente, desde la publicación de la noticia, la presidenta de este partido, Patricia de las Heras, ha salido en defensa de estas familias al rechazar «que seis meses después de las elecciones sigamos con la inmersión lingüística» en esta región.

«Lo que pide Vox es lo que piden las familias y es lo que marcan los tribunales, son otros los que están mirando hacia otro lado», ha terciado.