Un grupo de alumnos de un instituto de Getafe, «obligado» a asistir a una charla LGTBI: «Fue una encerrona»

Unos alumnos de un instituto público de Getafe habrían sido «obligados» a asistir, en contra de su voluntad y durante horario lectivo, a una charla que consistió en la proyección y comentario posterior del vídeo Deja de hacer estas preguntas a personas LGTB Pride 2019.

Según testimonios recabados por El Debate, a estos estudiantes, que cursan 4º de la ESO en el IES Matemático Puig Adam, que mostraron su desacuerdo con este contenido, se les impidió salir del salón de actos del centro, lugar donde se desarrollaba, ni tan siquiera para acudir al baño. «Fue una encerrona», lamentaron.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado martes 6 de febrero y fue de asistencia obligatoria, pese a que, según se asegura, los jóvenes no tenían conocimiento previo ni del tema ni del contenido y por tanto, tampoco lo sabían sus familias o tutores legales.

Este medio intentó ponerse en contacto con la dirección del centro a lo largo de este miércoles día 7 de febrero, sin obtener respuesta. Este jueves, la directora del centro, María Rosario González Rodero, ha emitido un escrito donde explica lo siguiente.

Este artículo «hace referencia a una actividad complementaria de tutoría impartida por los tutores de los alumnos, sin colaboración alguna de miembros de asociaciones activistas, tal como se sugiere y hasta explícitamente se indica al final del artículo».

«El carácter obligatorio de la actividad se debe a que es una actividad de tutoría, desarrollada en horario escolar y tan obligatoria como cualquiera otra de las que se realizan en el horario de tutoría, sin que en la Comunidad de Madrid exista el PIN parental. Además, se inscribe dentro del Plan de Convivencia del centro y el Plan para la prevención del acoso por razón de diversidad sexual, aprobados por el Claustro y el Consejo Escolar. Respecto a las salidas de la actividad o al baño, se sigue la normativa del centro y los acuerdos adoptados para hacer posible un control de los alumnos».

«En tercer lugar, no hay ni una sola queja en el registro de Secretaría del centro por parte de alumnos, padres o cualquier otro miembro de la comunidad educativa, que es el conducto oficial por el que deben presentarse. ¿Con cuántos estudiantes se ha puesto en contacto este periódico para publicar la noticia? ¿Qué juicio de valor recoge: uno particular y excepcional de un miembro de la comunidad educativa que ni es padre ni es alumno?».

«Por último, con respecto al vídeo, se encuentra en Youtube, está expuesto en el Aula Virtual del centro, entre los materiales propuestos por el Departamento de Orientación y el que su fuente esté vinculada a áreas ajenas y de tipo erótico en otros sectores, como sugiere el medio informativo, y de lo que el centro no tiene conocimiento alguno, no altera su contenido: trasladar los problemas con los que se encuentra un colectivo por formar parte de una minoría que no encaja en los estereotipos mayoritarios. Educamos a nuestros alumnos en el respeto, la igualdad y cumplimos la normativa respecto a su educación transversal».

Polémica en el Pleno

Se da la circunstancia que este jueves 8 de febrero, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha sido interrogado por la oposición por la posible cancelación de otra charla del Colectivo LGTBI (COGAM) en este mismo instituto, pero este medio ha podido comprobar que se trataba de actos diferentes.

En el caso de este último, aunque Más Madrid llegó a preguntar por su suspensión, Viciana ha aclarado que solo «se aplazó» tras recibirse una queja por escrito, aventurando a que más adelante se acabará celebrando.

Vulneración de la ley actual

Con dicha charla, la cual la propia directora ha reconocido que era obligatoria «al deberse a una actividad de tutoría», se estaría vulnerando la ley 17/2023, del 27 de diciembre, que vino a modificar la anterior 2/2016, por la cual este tipo de contenidos quedaban eliminados de los currículos educativos, a la vez que de ser impartidos en charlas, deberían hacerse por parte de personal especialista y sanitario y nunca por miembros de asociaciones activistas.

Con la nueva norma aprobada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, se derogaba el artículo 31 de la ley del 22 de julio de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, aprobada por Cristina Cifuentes.

El artículo derogado contemplaba también la necesidad de que los currículos y programas educativos de la Comunidad de Madrid contuviesen «pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGBTI» y que se estableciese un «fondo bibliográfico LGTBI en los colegios e institutos» que debía ser suministrado por la propia Comunidad.