Universidades no sufragará plazas de profesorado a comunidades que no ayuden a cofinanciar

El Gobierno ha advertido este miércoles que no sufragará las 3.400 nuevas plazas de profesorado universitario previstas en los próximos cuatro años a aquellas autonomías que no acompañen el esfuerzo inversor, aunque de momento «ninguna ha cerrado la puerta».

Así lo ha explicado en rueda de prensa, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, tras reunirse con las comunidades en la Conferencia General de Política Universitaria, donde les ha presentado el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas.

Este plan implicará financiar con 150 millones de euros anuales un total de 3.400 plazas de profesores ayudantes doctores en el curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato (en total 900 millones).

Durante la rueda de prensa, la ministra ha avisado que el Gobierno no va a sufragar las competencias universitarias «mientras (las comunidades) no se hagan corresponsables, que es solo exigir el ejercicio de sus competencias porque la alternativa sería una dejación de sus funciones y una rebelión» a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En las reuniones de trabajo previas entre los territorios y el ministerio, ha explicado Morant, «la mayoría habían expresado su voluntad de participar en cero, para nosotros eso no es asumible».

Tras recordar que la temporalidad en las universidades se sitúa en más de un 49 %, ha defendido que la «la Universidad no puede ser una isla de precariedad porque no es justo ni se lo merecen (los docentes e investigadores)», una situación derivada de las sucesivas crisis económicas del país y que acarrearon mucho recortes en este ámbito.

Para facilitar el cumplimiento de las disposiciones de naturaleza laboral de la LOSU, el Gobierno va a alargar el calendario de aplicación hasta junio de 2028, y este programa de incorporación de talento que ahora entrará en una fase de definición de «los flecos y detalles» que aún quedan pendientes con las comunidades.

La ministra, que ha dado de plazo hasta finales de este mes de abril para concluir el trabajo, ha dicho confiar en que tanto el Gobierno como las comunidades estén a la altura. Las plazas de profesorado comprometidas por el Ministerio comenzarán este mismo año y los Gobiernos regionales tendrán cuatro cursos para implementar las plazas que ellos estimen necesarias.

Morant ha reconocido que el Gobierno no tiene presupuestos para 2024 –se han prorrogado los anteriores–, pero ha dicho que va a priorizar este plan para hacerlo posible, al tiempo que ha reiterado que solo entrarán en este programa si hay corresponsabilidad de la comunidades.

«Entendemos que en los próximos días seremos capaces de resolver las dudas de las comunidades para ayudar a resolver el problema de la temporalidad y precariedad. Algunas han expresado claramente que sí que entran, otras han dicho que lo hablarán en el seno de sus gobiernos, pero me atrevería a decir que ninguna ha cerrado la puerta».

La LOSU pretende estabilizar la carrera del profesor a edades más tempranas –hoy la media ronda los 42 años en el caso de los ayudantes doctores y los 57 si son titulares–; eliminar las bolsas de precariedad evitando el uso fraudulento de la figura del profesor asociado (profesionales externos que imparten sus conocimientos en la universidad), acabar con la alta temporalidad y alcanzar una inversión del 1 % del PIB en 2030 para el sistema universitario.

En 2023, la temporalidad de la plantilla universitaria se situaba en un 48 %, aunque en algunas universidades alcanza hasta el 75 %.

Tras la reunión, la consejera de Universidad, Innovación y Transformación Digital de Navarra, Patricia Fanlo, ha explicado que el Estado va a financiar a las universidades navarras 46 plazas de profesores con más de 11 millones de euros durante seis años, de los que 1,8 millones corresponden al primer año.

Por otro lado, la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha exigido este miércoles que el Estado financie «al cien por cien» las contrataciones de profesores derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

«Este planteamiento de nuevas contrataciones de ayudantes doctores que establece la LOSU queremos y exigimos que sea financiado al cien por cien por el Estado, porque luego, posteriormente, se va a quedar como gasto estructural para la Junta de Castilla y León», ha declarado Lucas.