Patronales de la concertada defienden que las familias pueden acceder a esta enseñanza sin obligación de pagar cuotas

Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) han reafirmado que todas las contribuciones económicas de las familias en los colegios concertados son voluntarias y están destinadas exclusivamente a actividades o servicios adicionales, según lo establecido en los documentos de concierto.

En respuesta al informe 'El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas', publicado por Esade, las entidades titulares de centros concertados han emitido un comunicado. Este informe revela el porcentaje de colegios que cobran cuotas «ilegales» en España.

Las patronales de la educación concertada señalan que es incorrecto e injusto sugerir que los centros concertados incentivan el cobro de cuotas ilegales. Aclaran que la regulación actual ya establece amplios sistemas de control sobre las cantidades que los centros concertados pueden percibir.

Lamentan que el informe sugiera que la enseñanza concertada no cumple con la garantía constitucional del derecho a la educación, basándose en la percepción de que los alumnos no pueden acceder gratuitamente a estos centros.

Afirman que cualquier familia puede solicitar plaza en un centro concertado sin obligación de pago por la enseñanza financiada por el concierto, tal como estipulan los acuerdos de concierto con la Administración.

Sin embargo, advierten que el informe de Esade no aborda adecuadamente el impacto segregador de las políticas públicas que limitan el acceso a becas de comedor, transporte y apoyo a necesidades para familias de la escuela concertada, ni considera la falta de oferta concertada en muchas zonas rurales o de menor población.

Las entidades de titulares de centros concertados argumentan que la mezcla de aulas concertadas y no concertadas en el cálculo del gasto por alumno en el informe distorsiona las valoraciones, al igual que la inclusión de donaciones, aportaciones y cuotas por actividades en el concepto de «cobro de cuotas».

Por ello, instan a realizar una revisión más rigurosa de los datos presentados en el informe, especialmente en lo que respecta a la financiación real de los centros concertados y su capacidad para mantener instalaciones adecuadas.

Reconocen que el informe de Esade representa un avance interesante en la comprensión del panorama educativo, pero resaltan la importancia de su exhaustividad, especialmente al abordar la diversidad de los centros en la red concertada.

En este contexto, recalcan la urgencia de cumplir con el mandato legal de calcular el coste real de la plaza escolar y garantizar su sostenimiento pleno, sin que los titulares de los centros o las familias de los alumnos deban contribuir económicamente para su supervivencia.