La ficción de la EBAU como procedimiento de acceso a la Universidad

La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad es un tema de actualidad no sólo por las fechas en las que estamos, sino también por los recientes debates sobre su reforma y por el permanente valor simbólico que pudiera tener como rito de paso a la edad adulta.

Las desigualdades notables, en cuanto al rigor de dicha evaluación, en las distintas universidades y comunidades autónomas, fueron analizadas hace ya una década, por el Consejo Escolar del Estado en sus Informes anuales sobre el Estado del Sistema Educativo. Pero, más allá de algunas protestas de comunidades autónomas como Castilla y León -que veía cómo sus alumnos eran sometidos a una EBAU más exigente que les impedía acceder, por ejemplo, a la prestigiosa Facultad de Medicina de Salamanca en beneficio de estudiantes procedentes de otros territorios más laxos-, lo cierto es que han pasado diez años sin abordar esa flagrante contradicción del sistema.

Ante la tímida respuesta del Gobierno con la reforma de la EBAU, la iniciativa del Partido Popular y de las comunidades en las que gobierna está dirigida a aminorar, en una mayor medida, dicha contradicción. Su propuesta ha supuesto algún avance en la buena dirección, al profundizar en una armonización, en dichos territorios, de la estructura de la prueba, de sus contenidos y de sus criterios de evaluación y de calificación.

El propósito de esta columna es advertir que, a pesar de ello, estamos ante una ficción, aceptando aquí para ese término un significado próximo al que establece la RAE como, «simulación con que se pretende encubrir la verdad, o hacer creer lo que no es cierto», aunque en este caso no haya intencionalidad sino descuido. Hay dos tipos de razones que cabe invocar para justificar el anterior aserto, uno que hace referencia a la prueba y otro a las puntuaciones.

En lo que respecta a la prueba, es algo más que sabido en el mundo de la evaluación educativa que uno de los rasgos de calidad de una prueba, como instrumento de medida, es que discrimine, es decir, que sea capaz de facilitar puntuaciones distintas a estudiantes con diferente nivel de desempeño. Llegados a este punto, cabe plantearse ¿qué valor posee un sistema de evaluación que permite aprobar a la práctica totalidad de los que se presentan? Esa degradación consentida, que se ha ido produciendo progresivamente en el sistema de evaluación de la EBAU, generará probablemente un efecto perverso pues los responsables políticos quizás prefieran que las nuevas pruebas no suspendan a más alumnos que las anteriores, lo cual es imposible si se introduce más rigor y se recupera un poder de discriminación razonable.

En lo concerniente a las puntuaciones obtenidas, la ficción es, si cabe, aún más clara y tiene que ver con su precisión. En los procesos de medida se dice que una cifra es significativa cuando se conoce con una precisión aceptable. Las milésimas de punto, e incluso las décimas, que se emplean en las puntuaciones finales de la EBAU y que decidirán si un alumno accederá, o no, a las carreras más demandadas de las universidades públicas preferidas, no son significativas. Ello es así porque el margen de error asociado a las calificaciones de pruebas no objetivas es del orden del punto en calificación decimal.

Los estudiosos de la Docimología nos advierten de que un mismo profesor, corrigiendo un mismo examen en dos momentos diferentes, no otorgaría la misma puntuación a sus alumnos. Y eso, que carece de trascendencia en la práctica escolar habitual, adquiere en España una importancia capital cuando están en juego el futuro de los alumnos y su trayectoria profesional o, alternativamente, los recursos familiares para atender la vocación de los hijos recurriendo a la oferta privada, en el caso de que se lo pudieran permitir.

Particularmente por este motivo, el sistema español de acceso a la Universidad está basado en una ficción, consistente en dar crédito a cifras que no lo merecen; pero la magia que suelen tener los números para aquéllos que no los trabajan suficientemente, junto con la pereza política ante las complicaciones que comportan los procesos de mejora en educación han obviado un cuestionamiento en profundidad de nuestro sistema.

El Partido Popular anduvo flirteando, en su día, con la posibilidad de imitar el sistema francés en el que están perfectamente diferenciados la prueba final de Bachillerato (BAC) –que es una competencia no delegada del Estado por conducir a la obtención de un título oficial–, y el acceso a las diferentes universidades, que se produce por cada una de éstas con la ayuda de un dossier que cada alumno ha de preparar y del que forman parte las calificaciones del BAC.

En nuestro sistema, el acceso al título de Bachillerato se produce, por contra, sin prueba externa a los centros, ni común a los territorios. Y la EBAU, que es una prueba organizada por las universidades, se refiere textualmente a una etapa, el Bachillerato, sobre la cual carecen de competencias en la actual ordenación académica.

Como las propuestas, para ser viables, han de estar contextualizadas, sugiero la adopción de un modelo híbrido entre el francés y el español que no comportaría poner patas arriba el modelo actual, pero que supondría un avance indudable en materia de rigor, justicia y equidad. En apretada síntesis, consistiría en lo siguiente: las décimas y las centésimas de punto en la nota final integrada, y computable a los efectos de acceso, serían ignoradas y los empates que se produjeran deberían ser resueltos por las propias facultades y universidades elegidas por los alumnos, apoyándose para ello en el procedimiento del dossier y, en su caso, en la entrevista personal. Si otros países lo hacen ¿por qué no nosotros?

-Francisco López Rupérez es director de la cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado