¿Por qué la universidad española no juega la Champions?

Ningún ranking universitario ofrece una absoluta fiabilidad sobre la calidad de las diferentes universidades. La razón es muy simple; cada ranking clasifica según sus propios criterios, valorando en mayor o menor medida, el cumplimiento de los diferentes requisitos que toda universidad debe satisfacer, al servicio de la sociedad a la que se debe.

Recientemente se ha publicado el ranking de Shanghái. Se trata de uno de los rankings universitarios con mayor reconocimiento por su exhaustividad y por la cantidad de ámbitos valorados. El de Shanghái es el ranking que mejor dibuja el escenario internacional de las diferentes instituciones universitarias y, lamentablemente, los resultados obtenidos por las universidades españolas siguen siendo muy mediocres.

El debate que hacemos en España sobre la calidad universitaria está absolutamente politizado y se centra en la naturaleza pública o privada de cada universidad. Sin embargo, los rankings internacionales no se detienen en la naturaleza pública o privada de cada institución porque carece de interés para evaluar el desempeño de su función social. Dicho de otro modo, en los rankings lo importante es la calidad del servicio y no quién presta el servicio.

Si el ranking de Shanghái hubiera sido diseñado por alguno de los burócratas que se ocupan de organizar la política universitaria española, sin duda se señalaría, como cuestión de importancia vital, la naturaleza pública o privada de la universidad. La razón estriba en el uso político de la educación en España. El sector –mal denominado progresista– en aras de lograr un cambio cultural y de valores en las nuevas generaciones, se ha ocupado de estigmatizar a la iniciativa privada en la educación y mucho más en la universitaria donde, por edad, el estudiante tiene derecho a voto.

De cualquier forma, no está de más desvelar la naturaleza pública o privada del 'Top Ten' internacional en el ranking de Shanghái

1. Harvard University (Privada)

2. Stanford University (Privada)

3. Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Privado)

4. University of Cambridge (Privada)

5. University of California, Berkeley (Pública)

6. University of Oxford (Privada)

7. Princeton University (Privada)

8. California Institute of Technology (Caltech) (Privada)

9. Columbia University (Privada)

10. University of Chicago (Privada)

Si sólo atendiéramos a estos datos, podríamos concluir que estigmatizar a las universidades privadas es hipotecar el futuro tecnológico, científico, económico y social de las nuevas generaciones.

Siendo rigurosos sobre la financiación de las 9 universidades privadas del 'Top Ten', como Oxford o Cambridge, hay que indicar que también son beneficiados de importantes fondos públicos; lo que confirma los óptimos resultados de la colaboración público-privada en la financiación universitaria.

Haciendo un somero análisis sobre los problemas que atenazan a la universidad española, observamos claramente dos aspectos fundamentales; de una parte, la legislación y normativas universitarias y, de otra parte, la financiación de nuestras universidades públicas. Aunque ambos aspectos tienen relación directa, su complejidad merece reflexiones independientes.

En lo normativo, la calidad de todas las universidades españolas se garantiza por parte de la administración pública mediante las agencias de acreditación universitaria (nacional o territoriales), que aplican un férreo y enormemente burocrático sistema de verificación y acreditación de títulos oficiales y profesorado. Sobre el papel, disponemos de una normativa y un sistema de vigilancia de la calidad universitaria muy garantista. Sin embargo, nuestro sistema de acreditación y certificación universitaria tiene más de un talón de Aquiles.

En primer término, lo que comúnmente se entiende por calidad universitaria en España, contiene conceptos erróneos e incluso contraproducentes para lograr los objetivos de cumplimiento de la función universitaria en la sociedad. Algunos de los requisitos normativos están diseñados de manera esquizofrénica porque, más que buscar la calidad universitaria, implantan criterios de hostigamiento a las mejores fortalezas que ofrecen las universidades privadas.

Un ejemplo es la prohibición de que el número de alumnos de postgrado no supere a los de grado. Esta exigencia va en contra de la inserción laboral de los egresados universitarios, de la formación continua y del acercamiento de la universidad al tejido productivo, que son funciones sociales básicas de las instituciones universitarias. ¿Qué tipo de calidad o excelencia académica se persigue con esta norma? Es evidente que muchas universidades privadas, especialmente las promovidas por prestigiosas escuelas de negocio internacionales, tienen una mayor implantación en formación de postgrado. ¿A quién beneficia privar a la universidad española de tener títulos oficiales de postgrado con ese prestigio internacional? ¿Cuántos graduados extranjeros vendrían a España a cursar estos másteres oficiales?

Otra norma contraproducente es la que obliga a las universidades a trabajar sobre tres ámbitos del conocimiento. Evidentemente, cuanto mayor es el esfuerzo sobre un grado de especialización, más competitiva es la universidad y mayor será su eficiencia en la inversión de recursos para obtener mejores puestos en las clasificaciones internacionales. Es una obviedad que el mayor tamaño de las universidades no aumenta su grado de excelencia ¿Para qué implantar una exigencia que dificulta la calidad universitaria?

Cuestión no menor es la evaluación de la calidad universitaria y del profesorado. ¿Quiénes son las personas encargadas de llevar a cabo estas evaluaciones en España? En una inmensa mayoría son profesores universitarios. Desde un punto de vista deontológico, el auditor debe ser absolutamente independiente y ajeno al sistema que fiscaliza. Este principio aplica en todas las normativas de inspección de sistemas de calidad. Sin embargo, en los paneles de evaluación, los auditores son profesores de universidades que son competencia de la evaluada. Siendo estrictos con el concepto de acreditación de la calidad, ningún profesor universitario debería evaluar a otra universidad. ¿Conocen algún jugador de la Liga de Fútbol Profesional que pertenezca al Comité de Árbitros? Es un aspecto que requiera ser modificado, proponiendo como auditores a profesores jubilados y personas que no perciban emolumentos de ninguna universidad.

De cualquier modo, resulta meridianamente claro es que cumplir con algunas normas españolas dificulta extraordinariamente que nuestras universidades obtengan las mejores posiciones en los rankings internacionales. La buena noticia reside en que, independientemente de todas estas complicaciones, en España los títulos oficiales y la calidad de todas sus universidades -públicas y privadas- están evaluados bajo la misma reglamentación y todos cumplen con los requisitos establecidos. Por lo tanto, no existe diferencia académica entre los títulos expedidos por universidades de financiación privada o pública.

Precisamente, la financiación de las universidades públicas constituye el otro gran escollo de nuestra educación superior. La sostenibilidad económica es, actualmente, el mayor reto la universidad pública española. Nuestras universidades públicas, por su historia y recorrido de siglos, conforman la base y vertebración del Sistema de Enseñanza Superior. Sobre ellas descansa la élite de nuestra investigación científica y la mayor parte del avance técnico, sanitario, científico y social, por lo que España no puede permitirse la infrafinanciación de sus universidades públicas. Se requiere un firme compromiso por parte de todas las administraciones públicas para garantizar su correcto mantenimiento económico. El compromiso debería estar refrendado por un pacto de Estado que evite la conflictividad y el uso político de las universidades públicas.

Como contrapartida, nuestras universidades deben tener el mismo compromiso con la fiscalización de los recursos públicos que la sociedad pone a su disposición y no excusarse en la autonomía universitaria para evitar la máxima transparencia en la rendición de cuentas.

La universidad pública necesita contratos programa que permitan incrementar los recursos económicos, concedidos desde la administración, a partir del cumplimiento de compromisos de transparencia, buena gobernanza, eficiencia en la gestión, resultados en investigación e inserción laboral de egresados, colaboración con el tejido productivo, patentes, innovación tecnológica, etc., También se requiere el compromiso de la universidad pública a recabar recursos propios más allá de las transferencias de las comunidades autónomas y de la matrícula de los estudiantes. Es imprescindible un urgente cambio de mentalidad, llevando a cabo colaboraciones efectivas con la empresa, erradicando discursos políticos, con olor a naftalina, que satanizan las alianzas empresariales bajo el mantra de «mercantilizar la universidad pública». En el mismo sentido, las universidades deben primar la excelencia académica sobre la politización en los campus y la endogamia en la concesión de las plazas docentes, restableciendo criterios académicos transparentes y eliminando toda influencia sindical en el proceso.

Además, las universidades públicas deben gestionar óptimamente sus recursos. Actualmente, hay muchos datos que revelan notorias ineficiencias. Un ejemplo está en los 25.000€ al año que, de promedio, nos cuesta un puesto estudiante de medicina en la pública, mientras que el precio de matrícula por curso en una privada está entre los 17.000 y los 20.000 €; y todo ello, asumiendo la continua actualización de instalaciones docentes y el legítimo margen de beneficio empresarial.

Para que los dirigentes universitarios tomen las decisiones requeridas, hay que dotarlos de las herramientas que les permitan resolver los problemas reales derivados del uso político que se hace de la universidad pública. El futuro se observa todavía más incierto porque la nueva LOSU, lejos dotar de estas herramientas, no resuelve nada y agrava los problemas existentes.

Un par de ejemplos claros se encuentran en que la LOSU indica que la financiación de las universidades públicas debe representar el 1% del PIB, pero en su Memoria de Análisis del Impacto Normativo (MAIN), no se indica si se refiere al PIB nacional o a los autonómicos en cada caso. Tampoco indica qué administración, autonómica o nacional, se haría cargo de tal aumento financiero. Si el cumplimiento del 1% lo debe llevar a cabo una comunidad autónoma de bajo PIB, probablemente, cumplir con este artículo de la LOSU llevaría al cierre de la universidad pública en dicha región.

Otro ejemplo más de la improvisación con la que se ha elaborado la LOSU, es que no se consultó previamente a las comunidades para evaluar rigurosamente los recursos económicos que requiere su implantación. Como resultado de todo ello, la LOSU se aprobó con una previsión de incremento total de fondos en 52.142.896 euros. Sin embargo, sólo el cumplimiento del aumento salarial de los profesores asociados en las públicas de Madrid, requiere más de 75 millones de euros. Así pues, después de ser aprobada la LOSU, con una insuficiente dotación de recursos, el Gobierno se ha visto en la necesidad de crear un grupo de trabajo dentro la Conferencia General de Política Universitaria para evaluar las necesidades económicas reales para el cumplimiento de la LOSU; y todo ello, en un entorno político que hace imposible la aprobación de nuevos presupuestos que contemplen la satisfacción de las necesidades exigidas en la LOSU.

En España, la universidad pública no se ha tomado en serio. Se diseñan sus leyes y normativas de espaldas a la realidad y a los recursos disponibles. La polémica sobre la política general universitaria en España se ha generado creando falsas expectativas y provocando la frustración en todos los públicos universitarios: gestores, profesores, estudiantes y sociedad en general.

En cualquier caso, los problemas de la universidad pública son intrínsecos y no son achacables a la existencia de universidades privadas que, además, no detraen ningún recurso público y reducen la presión de plazas de estudiantes a las públicas. Bien al contrario, la presencia de universidades privadas debe entenderse como una suerte de competencia que fuerza la mejora de la universidad pública, atrae un gran número de estudiantes extranjeros y, por lo tanto, un interesante ingreso de divisas para España. Además, no se puede olvidar que las universidades privadas generan también empleo para los nuevos doctores, docentes e investigadores que, sin cabida en la universidad pública ni en el tejido empresarial de innovación, se ven obligados a emigrar a otros países donde, la iniciativa pública o privada, los acoge con los brazos abiertos.

Las universidades, públicas y privadas, conforman un servicio público fundamental para el desarrollo de la sociedad. No obstante, es interesantísimo analizar las razones por las que las universidades que lideran todos los rankings son anglosajonas, privadas y con gobernanza, funcionamiento interno y financiación radicalmente diferentes a las españolas. Lo más llamativo es que gozan de una normativa muchísimo menos intervencionista y restrictiva por parte de las administraciones públicas. Ello induce a pensar que, la aplicación de políticas más liberales en los entornos de la educación superior, podrían mejorar sustancialmente los resultados de nuestras universidades.

En aras de la igualdad de oportunidades, también sería óptimo copiar del sistema anglosajón la implantación de un sistema de créditos bancarios blandos para el pago de las matrículas del estudiantado en función de su expediente académico y sin condicionantes de renta familiar. Así se garantiza la libertad de elección del estudiante según sus méritos y una sana competencia entre universidades. Los créditos mencionados no deben hipotecar el futuro del egresado. De la misma manera que la administración pública vela por el cumplimiento de las normativas universitarias, debe garantizar que los plazos e intereses de los créditos tengan condiciones absolutamente asequibles, amén de favorecer la inserción laboral del egresado con préstamo, incentivando con reducciones fiscales al empleador y con la adaptación de los programas formativos universitarios a las necesidades reales del mercado laboral.

Ni las soluciones son sencillas, ni las universidades son mejores o peores por ser públicas o privadas. Lo importante es crear normativas, con presupuestos reales y factibles, que favorezcan el desarrollo de la institución universitaria y de su servicio a la sociedad. En su lugar, en España se persigue a unos sin resolver los problemas de los otros, dividiendo en categorías absolutas de «excelentes» (si son públicas) o «chiringuitos» (si son privadas). La conclusión más importante de los resultados del ranking de Shanghái es revelar la falsedad del discurso político dominante en España y su imposición de que la naturaleza pública es el factor capital en la calidad universitaria.

Así, malamente, jugaremos la Champions universitaria.

• Ricardo Díaz es Catedrático de Ingeniería en USP-CEU y Decano-Presidente del Consejo Gral. Colegios de Químicos de España