Bildu consigue que se cree un organismo para «inspeccionar» el euskera en los colegios que cuesta 23 millones

El pasado diciembre el Gobierno del País Vasco aprobó una ley educativa que contemplaba varios cambios respecto a la anterior, entre los que destacan la creación de varios organismos con el único objetivo de controlar «el buen uso» del euskera en los colegios.

Es el caso del Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas, entidad que el Ejecutivo vasco ha regado con una primera partida de 23 millones de euros, de los que 16 irán únicamente destinados a sufragar los gastos de personal.

Según reza la citada norma, esta institución «tiene como misión principal tanto el tratamiento de las metodologías lingüísticas como la formación del profesorado, al objeto de reforzar su actitud, progreso e implicación lingüística, en función de las exigencias que el sistema educativo presente en cada contexto».

Además, esta ley contempla que el instituto contará con especial autonomía, ya que tendrá la potestad de «aprobar su propio reglamento de organización y funcionamiento». En definitiva, la finalidad de esta entidad regada con millones de euros es únicamente «fomentar el uso activo del euskera».

Este nuevo órgano al servicio de la inmersión lingüística en el País Vasco inspeccionará el uso del euskera en diferentes ámbitos dentro de la educación. En primer lugar, la ley contempla que el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas podrá elaborar el currículo vasco, así como organizar la producción del material escolar. Esto se traduce en que los libros de texto que acaben entre las manos de los niños estarán bañados de valores nacionalistas, supervisados por esta entidad que fomenta el euskera.

Por otro lado, el instituto se encargará de la «dinamización del uso lingüístico en el ámbito escolar», a través de «planes de normalización, promoción de actividades, innovación, investigación, divulgación y programas de diseño especial». Además, en la ley se especifica la «capacitación del profesorado en lengua y metodología, incluida la capacitación para transmitir la cultura vasca».

Por órdenes de Bildu

La puesta en marcha de este instituto responde a una exigencia concreta de EH Bildu durante las conversaciones para sacar adelante la nueva ley. Esta condición impuesta por la coalición abertzale se refleja en la redacción final del texto legal, dejando claro su sello particular. No obstante, y pese a haber logrado que su propuesta fuera incluida, los de Otegi decidieron finalmente oponerse en la votación, argumentando su desacuerdo con el mantenimiento de los modelos lingüísticos actuales que la ley no modificaba, lo que consideraron insuficiente.

A pesar de las presiones para su inclusión, la creación de este nuevo instituto no contó con el visto bueno de dos entidades clave dentro del ámbito institucional vasco. Por un lado, la Oficina de Control Económico, que está bajo la supervisión del Departamento de Hacienda, emitió un informe contrario al proyecto. Por otro lado, la Comisión Jurídica Asesora, que representa los servicios jurídicos del Gobierno vasco, también mostró su desacuerdo. Ambos organismos emitieron dictámenes en los que se señalaba un «juicio desfavorable» respecto al nuevo ente, alegando que su constitución no estaba debidamente justificada en términos de necesidad o utilidad pública.

Las críticas también apuntaron a las amplias prerrogativas que se otorgarían a este instituto. En particular, cuestionaron la discrecionalidad con la que podría operar, ya que la ley le concede la capacidad de aprobar su propio reglamento interno, lo que le confiere un grado de autonomía que, a juicio de estos organismos, podría generar problemas de control y supervisión en el futuro.