Un informe alerta de que el 35,8 % de españoles con estudios superiores ocupan puestos de baja cualificación

Aumentar la inversión, atraer y retener talento, mejorar la empleabilidad, asegurar la transferencia del conocimiento, impulsar la internacionalización, garantizar el acceso equitativo y acelerar la transformación digital «son las siete prioridades estratégicas de la universidad española».

Así lo recoge la vigésima edición del Informe CYD 2024 presentado este martes por la Fundación CYD, que analiza, diagnostica y propone líneas de mejora para la universidad española con el fin de favorecer la contribución de la universidad al desarrollo económico y social.

En primer lugar, apuesta por aumentar la inversión en educación superior y destaca que «urge establecer una estrategia y prioridades claras». Así, subraya que el reto fundamental en la financiación de la educación superior en España «radica en orientar la inversión pública hacia objetivos estratégicos que impulsen la calidad, la eficiencia y la relevancia del sistema universitario».

Los datos más recientes (2021) revelan que España destina un 1,43% del PIB a la educación superior frente al 1,48% de la OCDE. El 67% del gasto en educación superior en España proviene del sector público, un porcentaje inferior al 76% de la UE, y la proporción del gasto público en educación superior respecto al gasto público total en España es del 2,19%, por debajo de la media de la UE (2,44%) y la OCDE (2,72%).

El estudio pone como ejemplo la inversión en I+D: Aunque en 2022 España experimentó un crecimiento del 12,05%, alcanzando los 19.325 millones de euros mayoritariamente gracias a fondos europeos, la contribución de las universidades continúa disminuyendo, situándose en el 26,5% del total.

Retención del talento

En cuanto a atraer talento y asegurar el relevo generacional del personal docente e investigador, el documento indica que la precariedad y el envejecimiento «dificultan la renovación del personal académico».

Para la Fundación CYD, la precariedad laboral, el envejecimiento, las políticas retributivas y la falta de perspectivas de estabilización para quienes buscan una carrera académica en España «son algunas de las razones que dificultan la renovación del personal académico».

La edad media del personal docente e investigador se sitúa en 49,5 años (curso 2022-2023) y un 18,1% de sus miembros se jubilarán en la próxima década (34% en el caso de los funcionarios), «lo que evidencia la falta de una entrada significativa de nuevo personal». En el curso 2022-2023, solo el 52,6% del PDI en universidades públicas contaba con puestos permanentes, frente al 82,4% en las universidades privadas.

A pesar de las reformas propuestas por la nueva Ley de Universidades para mejorar la estabilidad y promover una carrera académica más atractiva, el estudio asegura que «persiste la necesidad de una mayor autonomía en la gestión de su personal, con políticas flexibles de atracción, retención y estabilización del personal académico».

El informe detecta «desajustes notables» entre las competencias adquiridas en la universidad y las demandas del mercado laboral. Así, precisa que en áreas estratégicas como informática y ciencias, el incremento del número de plazas en grado en las universidades públicas presenciales (14,3% y 4,9%, respectivamente) «es positivo, pero ampliamente insuficiente para cubrir el crecimiento de la demanda» (36,3% y 26%).

Otras disciplinas como lab no han visto un aumento acorde en la oferta educativa, generando una brecha entre la formación impartida y las oportunidades profesionales disponibles.

Además, España cuenta con una alta proporción de ocupados con estudios superiores (la octava más alta de la UE), pero el 35,8% de ellos ocupan puestos de baja cualificación, evidenciando que el reto no radica únicamente en formar a profesionales, sino en formarlos con las habilidades adecuadas y en las áreas más demandadas.

Transferencia de conocimiento

El documento pone de manifiesto que, aunque España destaca por su importante capacidad productiva en investigación científica, con un volumen de publicaciones ligeramente superior a la media mundial, el reto que se plantea «es el de garantizar que esta producción científica se traduzca en investigaciones que impacten en la sociedad, en el sistema productivo y en la economía en general».

Entre 2020 y 2023, el 69,5% de las publicaciones fueron de acceso abierto, facilitando su difusión, y un 33,3% también estuvieron alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que, según el estudio, «refleja una voluntad creciente de vincular las agendas de investigación con los retos globales».

Para asegurar la relevancia social del conocimiento generado por las universidades, el Informe CYD 2024 considera fundamental «explorar nuevas vías de transferencia de conocimiento, como la creación de plataformas digitales, la promoción de espacios físicos que congreguen bajo un mismo techo a varios actores, o las iniciativas de ciencia ciudadana que ofrecen la oportunidad de involucrar a la sociedad en los procesos de investigación».

También incide en que la internacionalización «sigue siendo una prioridad estratégica fundamental en un escenario de competencia global» y advierte de que la movilidad estudiantil «es insuficiente»: en 2022-2023, un escaso 6,2% de los estudiantes eran estudiantes internacionales con matrícula ordinaria.

Entre las posibles causas de esta situación, la investigación apunta a la «escasa oferta» de titulaciones en idiomas extranjeros (15,86% en el curso 2022-2023), «lo que reduce la competitividad internacional de los estudios ofrecidos». Igualmente, señala que el estancamiento en la atracción de personal académico extranjero «sigue siendo otra de las principales debilidades del sistema universitario español».

Para fomentar una internacionalización efectiva cree que «es necesario flexibilizar las normativas de contratación, incentivar la movilidad y promover la participación de investigadores y docentes en redes internacionales».