¿Hay demasiadas Universidades Privadas en Madrid?

Existe una tendencia preocupante en ciertos medios de comunicación a demonizar la educación privada, defendiendo que la educación debería ser gestionada exclusivamente por el sector público. Estos medios asocian lo privado con baja calidad y lo presentan como una amenaza para los ciudadanos debido a su supuesta orientación exclusiva al beneficio económico. Es especialmente notable la oposición a nuevas licencias para universidades privadas, argumentando que representan una pérdida de calidad y un peligro para el sistema de educación superior. Ante esta narrativa, propongo realizar un análisis más riguroso basado en datos objetivos.

En primer lugar, no se puede afirmar que las universidades privadas sean de menor calidad, dado que todas las instituciones están sometidas al mismo regulador y normativa. También señalé que, a nivel mundial, son precisamente las universidades privadas las que lideran los rankings de excelencia académica.

Tampoco se puede olvidar el impacto económico de las universidades y centros adscritos privados para las Administraciones Públicas. Las más de 340 mil plazas que las universidades privadas liberan en el sistema público suponen un ahorro cercano a los 1.600 millones de euros. Además, los 122 centros adscritos privados vinculados a universidades públicas representan una inyección de ingresos de aproximadamente 245 millones de euros por la certificación de sus estudiantes.

Es importante considerar que, del total de universidades privadas en España, 18 de ellas (un 43% del sector privado y un 20% del total de universidades) pertenecen a organizaciones religiosas y operan sin ánimo de lucro. Esto significa que solo 24 universidades privadas (apenas un 26% del total) funcionan con objetivos comerciales.

Al examinar las licencias recientemente aprobadas, observamos que la mayoría se concentra en Madrid (cinco de seis), y todas eran previamente centros adscritos a universidades públicas. Entre estos centros figuran ESIC, UDIT y Unide (antes vinculados a la URJC), así como Cunef y Villanueva (anteriormente de la Universidad Complutense). Por tanto, no podemos considerarlas como instituciones verdaderamente nuevas, ya que operaban bajo el amparo de universidades públicas, que avalaban a sus profesores, el perfil de sus alumnos y sus contenidos académicos, recibiendo por ello aproximadamente 90 millones de euros cada curso académico en Madrid.

Respecto a las universidades en trámite de aprobación, cabe destacar que cuatro se ubican en Extremadura: la Universidad Abierta de Extremadura, la Universidad Europea de Extremadura, la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde) y CEU Núñez de Balboa. Ninguna de ellas había operado previamente en esta comunidad autónoma, constituyendo así auténticas nuevas aperturas. También están en proceso de aprobación el Centro de Estudios Universitarios de Galicia y una nueva universidad privada en Mallorca, ambos nuevos centros.

En la Comunidad de Madrid hay cuatro universidades adicionales en trámite: TAI (actualmente centro adscrito a la URJC), IE University (centro adscrito de la IE University en Segovia, Castilla y León), la Universidad Abierta de Europa (dependiente de la UOC, una de las mayores instituciones de formación online) y la Universidad Felipe II (vinculada a la Universidad Autónoma de Chile, ya acreditada por la Aneca española y AQUAS alemana).

Por tanto, de las nueve nuevas universidades que Madrid está incorporando, solo dos representan licencias completamente nuevas. Las otras siete corresponden a la transformación de centros adscritos que ya operaban con estándares de calidad reconocidos por el sistema educativo público, a través de la aprobación de sus títulos por la Fundación Madrid+d y el control de calidad de las universidades públicas certificadoras.

La modificación del Real decreto de creación y funcionamiento de Universidades privadas (RD 640/21) exige que las nuevas universidades abarquen tres áreas de conocimiento, lo que sin duda promueve instituciones más integrales, evitando que se limiten únicamente a ciencias sociales y jurídicas (como ocurría con muchas escuelas de negocio). Sin embargo, esta normativa también generó imposibles para las propias universidades públicas, fundamentalmente a las politécnicas, de tal forma que tuvieron que ser eximidas de cumplir los objetivos que sí se exigen a las privadas con una excepción en el articulado de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Desgraciadamente, no es la única excepción ni en la LOSU, ni en el borrador del Real decreto, dónde hay preceptos que vienen añadidos con nombres y apellidos a favor de algunas instituciones qué, por otro lado, por su calidad contrastada, no necesitan de ayuda externa.

Es evidente que existe una hibridación entre la oferta pública y privada en la educación superior, y ambas deberían enriquecer la propuesta de valor del sector. Esta complementariedad ayudaría a atraer talento nacional e internacional, siguiendo el ejemplo de otros países con estrategias efectivas de captación de excelencia académica y estudiantil. Tal enfoque permitiría un crecimiento económico más sólido y de mayor calidad para el país, atrayendo empresas y fomentando la innovación.

Nos encontramos inmersos en una transformación digital global donde el sistema educativo español debe desempeñar un papel estratégico. El principal desafío de nuestro sistema universitario consiste en mejorar el posicionamiento de nuestras instituciones en los rankings mundiales, lo que contribuirá directamente a aumentar la competitividad de España. No debemos olvidar que, como país, nuestra mayor multinacional es nuestro idioma.

• Antonio Díaz Morales es Ph.D.de la Universidad Autónoma de Chile