Laya salva a Sánchez ante el juez y declara que Ghali entró en España «de acuerdo con la ley»

Brahim Ghali, el exjefe del Frente Polisario, entro en España por la Base Aérea de Zaragoza, «de acuerdo con la ley» vigente. Así lo ha declarado la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya en el transcurso de su comparecencia de este lunes ante el juez instructor Rafael Lasala. Pese a que se había especulado mucho sobre la implicación directa de Pedro Sánchez en la decisión de traer a Ghali a nuestro país y en cómo la estrategia de defensa de Laya pasaría por implicarle de manera directa, tras su destitución fulminante por esta causa, Laya lo ha salvado. Y es que, según ha expuesto la ex titular de Exteriores en una breve comparecencia ante el juez no existió ninguna irregularidad en el traslado del exjefe polisario. Laya ha asegurando que se produjo por motivos humanitarios pero, acto seguido, se ha acogido a la Ley de Secretos Oficiales para no contestar a las numerosas cuestiones planteadas por Lasala sobre quién o quienes emitieron la orden de que el líder del Frente Polisario aterrizase en España el pasado 18 de abril.

Laya fue citada por el magistrado Rafael Lasala en Zaragoza, tras rechazarse su petición de declarar por videoconferencia, para responder como investigada en el asunto de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en abril. La entonces titular del Departamento de Exteriores fue imputada el 21 del pasado mes de septiembre, después de que su exjefe de Gabinete, Camilo Villarino, confesase que la ex ministra le dio instrucciones para que el histórico dirigente saharaui fuese atendido en un hospital español por razones humanitarias. Según Villarino fue la entonces ministra Laya quien le ordenó, el 18 de abril, que gestionase el traslado aéreo del Frente Polisario a la base militar de Zaragoza en un avión procedente de Argel.

Hoy ante el juez ha asegurado querer que la instrucción de la causa actualmente abierta se realice con total «transparencia» y ha reiterado su convencimiento de que todos los trámites en los que haya podido intervenir se han adoptado conforme a Derecho. 

Pese a que la Abogacía del Estado, quien ostenta la representación de la exministra ha intentado evitar, por todos los medios, la comparecencia presencial de Laya ante el juez Lasala, el titular del juzgado de instrucción número 7 de la capital maña se ha inclinado por atender las solicitudes de los abogados de las acusaciones populares, Antonio Urdiales y Juan Carlos Navarro, para interrogarla.

A diferencia de lo que defendieron los letrados públicos que, en un escrito dirigido al instructor tildaron la «investigación» de «prospectiva» -esto es, orientada a encontrar una pista que pudiera ser indicio de un delito- algo vetado en nuestro ordenamiento jurídico, el juez Lasala ha considerado que su testimonio sí despejaría los aspectos oscuros que planean sobre la llegada de Ghali a España.

Sánchez en el punto de mira

El instructor al frente del juzgado de instrucción número 7 ha centrado el interrogatorio a Laya en esclarecer si la decisión sobre Ghali fue decisión exclusivamente suya o tuvo su origen en el Ejecutivo central. Con esta diligencia el juez pretende confirmar la posibilidad de que se cometieran sendos delitos de prevaricación -dado que el Gobierno habría autorizado su visita sin exigirle ningún tipo de documentación- y encubrimiento si el aval de su entrada se prestó aún conociendo que Ghali estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, terrorismo, torturas y detención ilegal por el juez Santiago Pedraz.

En su declaración, Villarino apuntó a otros líderes políticos como conocedores de la situación generada. Entre ellos, la que fuera directora del gabinete de Carmen Calvo durante su etapa como vicepresidenta del Gobierno, María Isabel Valldecabres, así como a la jefa de gabinete del todavía ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo. El juez Lasala ya ha comunicado a ambas su citación para declarar como testigos el próximo 18 de octubre. 

Aunque según este testimonio en el traslado del líder del Frente Polisario a nuestro país, presuntamente, intervinieron distintos departamentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la actual ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado por el momento no ha recibido ninguna citación para declarar en el caso, también como testigo, a petición de la acusación particular al ser Alegría la delegada del Gobierno en Aragón en el momento en el que el líder del Frente Polisario aterrizó en Zaragoza.

La titular de Educación ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que ni la Delegación del Gobierno ni ella fueron informadas de la llegada ni de la presencia del jefe saharaui en España.