El Constitucional avala por unanimidad al juez Llarena: la orden de detención sobre Puigdemont sigue vigente

El Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha avalado al magistrado instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, sobre la vigencia de las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales dictadas por el magistrado Supremo contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de prófugos de la Justicia española. El Pleno del Tribunal de Garantías ha dado un nuevo espaldarazo a Llarena, que ya había recibido el apoyo de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, al rechazar el recurso planteado por la defensa del líder del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, contra la decisión de reactivar las órdenes de detención que pesan sobre él tanto en España como en todos los países de la Unión Europea (UE). 

El Constitucional ya desestimó otro recurso del catalán, el pasado 23 de marzo. En aquella ocasión, se trataba de pronunciarse sobre la reiteración de la vigencia de las órdenes para su detención cursadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español. 

Las impugnaciones presentadas por Puigdemont, previas a su reciente detención en Italia, sobre las órdenes de detención dictadas en su contra, han recalado en el Tribunal Constitucional bajo la ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer. Tanto Balaguer como el resto de miembros del TC han desestimado las pretensiones del prófugo catalán –que son extensibles a la situación procesal de los exconsejeros Lluís Puig y Clara Ponsatí– que, por lo tanto, sigue reclamado por el Supremo en virtud de las resoluciones dictadas por el instructor de la causa del procés.

No en vano, la última secuela del periplo de Puigdemont en su huida europea se produjo este mismo lunes con la decisión de la Corte de Apelación de Sassari (Cerdeña), donde el político separatista fue detenido días antes por dos agentes de paisano en el aeropuerto de Alghero, para dejar en suspenso el proceso de entrega del expresidente catalán a nuestro país para ser juzgado por sendos delitos de sedición y malversación. 

No afecta a los procesos europeos

Aunque este nuevo pronunciamiento del tribunal no afectará a los procesos en curso contra el prófugo Puigdemont ante la Justicia europea sobre la inmunidad vinculada a la condición de eurodiputado del expresidente catalán, cuestión sobre la que tendrán que pronunciarse tanto el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) como el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), resulta muy clarificador que un segundo órgano judicial español reitere la posición del magistrado Pablo Llarena al respecto. 

Tal es así que el rechazo de las pretensiones de Puigdemont ante el Constitucional tiene una lectura directa: el Supremo, y por extensión el magistrado competente, actuó de acuerdo con un escrupuloso cumplimiento de la ley al emitir las distintas órdenes para que Puigdemont fuera detenido y puesto a disposición de la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal.

Apenas días antes de conocerse esta decisión y con carácter previo el primer encuentro entre Puigdemont y la Justicia italiana, el magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés y responsable jurídico de las cuestionadas Euroórdenes, pidió a sus colegas que le entregasen a España porque la orden emitida el 14 de octubre de 2019 contra él seguía vigente.