El Constitucional avala la prisión permanente revisable

El Pleno del Constitucional se ha pronunciado sobre uno de los temas más relevantes sobre la mesa del Tribunal de Garantías. El texto de la vicepresidenta del órgano judicial, Encarnación Roca, que avala la legalidad de la pena, ha sido asumido por una amplia mayoría de los magistrados que lo integran, por siete votos a tres, si bien con ciertos matices incluidos por ésta para retocar las condiciones de su aplicación y contentar a los detractores de la misma. 

Los magistrados no han alcanzado la unanimidad, lastrada por el sector más progresista del TC para los que la permanencia de la pena privativa de libertad suponía una línea roja, en sí misma. Pero han alcanzado un consenso de máximos, 7 a 3, en el que han prestado su apoyo a una medida que está vigente en otros países europeos como Alemania, Italia o Francia. 

Según confirman fuentes próximas al TC a El Debate, los magistrados Juan José González Rivas (presidente), Encarnación Roca (vicepresidenta y ponente), Andrés Ollero, Pedro González-Trevijano, Ricardo Enríquez, Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares han votado a favor de la constitucionalidad de la pena de prisión permanente revisable. En contra, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. 

Cuestión de plazos

Según las mismas fuentes consultadas el grueso de la discusión del Pleno se ha centrado en la cuestión relativa a los plazos de vigencia establecidos en la legislación actual –de 25 a 35 años– para considerar la primera revisión de la prisión permanente. Esto es, los tramos que fija nuestro Código Penal para entrar a valorar el encarcelamiento, así como los supuestos tasados para acceder a esa revisión.

Tal es así que, finalmente, y según han confirmado a El Debate fuentes del TC se ha acordado aliviar los mínimos de prisión efectiva para introducir una posición modulada, que habría sido admitido por el sector conservador del órgano, en la que los presos accederían a una revisión anticipada de su condena y quedarían, en cualquier caso, condicionados a una revocación inmediata de su libertad condicional y de su situación procesal mientras dure la extensión de la pena. 

Polémica desde 2015

La prisión permanente llegó a España rodeada de polémica, en julio de 2015, de la mano de la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy. El entonces partido principal de la oposición, el PSOE, y el resto de grupos parlamentarios afines, provocaron un bronco debate social entorno a la medida e impulsaron un recurso que ha sido resuelto seis años después. Los socialistas pidieron amparo ante al Constitucional al considerar que violentaba varios artículos de la Constitución –entre ellos, la prohibición de imponer condenas inhumanas– y restringía la posibilidad de reinserción.

Fue el PSOE quien impulsó ese recurso, aunque, una vez en la Moncloa y con la posibilidad en su mano de derogarla, el propio Pedro Sánchez se comprometió a retirar la pena perpetua en campaña electoral, los socialistas han optado por esperar a conocer el dictamen del tribunal, antes de mover ficha.