100 días desde la crisis de Gobierno, ¿se nota la mano de los nuevos ministros?

Se cumplen 100 días desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acometiera una reforma en su Consejo de ministros, recolocando a siete de ellos y a su jefe de gabinete, Iván Redondo, en el que quizá fue el cambio más sorpresivo de todos. Desde entonces ha presumido del éxito en la campaña de vacunación, de la «misión cumplida» en la evacuación de Afganistán y se ha iniciado una nueva etapa con el que el jefe del Ejecutivo denominó «Gobierno de la recuperación». ¿Ha cambiado algo con los nuevos ministros?

Una de las cuestiones más candentes de los últimos meses desde el punto de vista internacional ha sido la crisis diplomática entre España y Marruecos. Desde hacía tiempo, se habían tensado las relaciones entre ambos países. Sin embargo, la conocida como «Operación Gali», por la que el 16 de abril, el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, entró en territorio español, –con la consiguiente respuesta por parte de Marruecos de enviar a miles de inmigrantes para que entraran a Ceuta de forma masiva e irregular– fue el culmen de dichas tensiones. Esto le costó el cargo a la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que fue sustituida por José Manuel Albares.  

Hasta tal punto llega la gravedad del asunto que se abrió una investigación judicial del «caso Gali». El 21 de septiembre un juez imputó a Laya por posibles delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de fronteras con esta operación orquestada de forma secreta, y el pasado lunes 4 de octubre la exministra declaró ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala. Se está investigando si alguien más dentro del Gobierno participó en ella. Laya no fue la única destituida de su cargo dentro de la cartera de Exteriores. También dejaron el puesto su entonces jefe de Gabinete, Camilo Villarino –imputado en agosto–, y su número dos en ese momento, el segundo jefe de Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez. Este último fue nombrado al poco tiempo representante militar de España en la Unión Europea y la OTAN. 

Hay que recordar que Albares es diplomático –ha ocupado el cargo de embajador de España en París hasta su nombramiento como ministro–, y ha sido asesor de Sánchez en política exterior, por lo que es una persona de confianza para el líder socialista, llegando a ser el secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global. Además, dado que forma parte del PSOE desde hace dos décadas, tiene mucho peso dentro de la formación y goza del perfil político que busca Sánchez de cara a afrontar la segunda parte de la legislatura. 

Desde la destitución de Laya parece que se ha recuperado cierta normalidad con Marruecos. De hecho, en agosto llegaron a un acuerdo para la devolución de los menores marroquíes tras la intención de ambos países de reencauzar las relaciones diplomáticas. El propio rey del país vecino, Mohamed VI, anunciaba a finales de ese mes el comienzo de una «nueva etapa inédita» en sus relaciones con España, y Sánchez, por su parte, veía una oportunidad para redefinirlas. 

Siguiendo con el ámbito internacional, el otro gran asunto ha sido la evacuación de los afganos tras la toma de poder de Afganistán por parte de los talibanes. A finales de agosto se daba por concluida la gestión, aunque Albares anunció que seguirían evacuando por otras vías. En septiembre se reunió con el emir de Qatar y logró su apoyo para continuar con ello. 

A ojos de Biden y la UE

Por otro lado, desde el Gobierno se ha pretendido trasladar en los últimos meses la idea de que España goza de nuevo de un mayor peso o presencia a nivel internacional. Esto se ha materializado, por una parte, en el acuerdo con Estados Unidos para acoger a los refugiados afganos después de que el jefe del Ejecutivo mantuviera silencio sobre los acontecimientos producidos en Afganistán. Así, el presidente norteamericano, Joe Biden, llamó a finales del mes de agosto a su homólogo español –la primera vez desde que tomara el relevo de Donald Trump– para analizar la situación de Afganistán y buscar la cooperación en el proceso de evacuar a colaboradores españoles, afganos, estadounidenses y de otros países de la Unión Europea y la OTAN.

Pedro Sánchez también ha querido dar una imagen de buena relación con los representantes europeos. Sirva de ejemplo su encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el centro de acogida de refugiados afganos en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. 

Los socios de Sánchez

En clave nacional, tras la concesión de los indultos a los presos por el procés, se han retomado las relaciones con el Gobierno de la Generalitat. Así, el 15 de septiembre tuvo lugar la reunión de la mesa de diálogo –a la que el otro partido del gobierno de coalición en Cataluña, Junts per Catalunya, no asistió– presidida por Pedro Sánchez y en la que se trataron temas como el referéndum o la autodeterminación. De esta mesa dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que era «una oportunidad histórica para una generación».

Tras esta reunión una de las conclusiones que se extrajeron fue que va a existir una negociación sin plazos fijados, aguantando hasta que se agote la legislatura. ERC no va a cejar en su empeño de celebrar un referéndum para la autodeterminación, y dado que la continuidad de Sánchez en La Moncloa depende del que es uno de sus socios de gobierno, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ejercerá presiones sobre el Ejecutivo central a cambio de su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado.

No son los únicos socios ante los que el Gobierno ha cedido para asegurarse el apoyo a la hora de aprobar los presupuestos para el próximo año. El 1 de octubre el Gobierno Vasco asumía la competencia de la gestión de tres cárceles del País Vasco, después de que el Consejo de Ministros aprobara en junio los reales decretos pertinentes para traspasar competencias al gobierno autonómico. Hasta ahora solo la tenía Cataluña. 

Además de los independentistas, otro socio es la izquierda abertzale. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunió hace unas semanas con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, un partido con el que el Gobierno ha normalizado por completo la relación. 

Techo de gasto récord en presupuestos

Siguiendo con asuntos económicos, esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado los presupuestos para 2022 –que llegarán al Congreso la semana que viene–, y lo ha hecho con un techo de gasto récord. Ni más ni menos que un gasto público de 196.142 millones de euros. Se trata, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de «la mayor inversión pública de la historia». 

Y es que estos presupuestos contarán con 27.633 millones de euros de los fondos europeos. Las cuentas públicas incluirán un tipo mínimo del 15% en impuestos de sociedades, una subida del 2% al sueldo de los funcionarios y un bono de vivienda y otro cultural para jóvenes.     

Respecto a los fondos europeos, meses atrás la Unión Europea había establecido la reforma del mercado laboral y de las pensiones como requisitos para que España pudiera recibirlos en 2022. Así, a finales de agosto, en el primer Consejo de Ministros después del período vacacional, se aprobó la primera parte de la reforma de las pensiones, con el IPC anual de nuevo como índice de revalorización, un reajuste que entraría en vigor el próximo año.

A la remodelación del Gobierno que el presidente Pedro Sánchez hizo hace tres meses –tras las no pocas polémicas en las que se vieron envueltos varios de sus ministros y los dos fracasos electorales de los que venía la formación socialista en los comicios de febrero en Cataluña y el 4M en Madrid– le sigue una remodelación del partido. Será en unos días cuando tras el 40 Congreso del Partido Socialista –que se celebrará el próximo fin de semana, del 15 al 17 de octubre en Valencia– se defina la nueva estrategia para la segunda mitad de la legislatura.