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Miles de simpatizantes de Vox acudieron a escuchar el discurso de Santiago Abascal
Agenda España
Todas las claves de la España que quiere Vox
La formación presenta la hoja de ruta alternativa a la «Agenda 2030» de Pedro Sánchez
El partido de Santiago Abascal lo dejó claro este fin de semana: «Tenemos nuestra propia agenda y sabemos que no es la agenda de Vox». Sí, han leído bien. El líder de la formación afirmó este domingo ante miles de ciudadanos lo siguiente: «Estamos convencidos que es la agenda que votarían una mayoría española sin ver las siglas». Minutos más tarde de hacer pública su «Agenda España», los medios sacaron a la palestra la propuesta más alejada de la línea común de pensamiento: «Vox quiere sacar de la Sanidad Pública el cambio de sexo, el aborto y la eutanasia».
Bajo un paraguas de 20 medidas, Vox propugna un país muy diferente al configurado económica y socialmente por los partidos políticos que históricamente han gobernado España desde la instauración de la Democracia y que diverge exponencialmente del actual gobierno de Pedro Sánchez.
Igualdad y unidad
Vox expone su ideario en contraposición a la «Agenda 2030» del socialista, partiendo del perjudicial «consenso partitocrático» que, en su opinión, existe en España. En comparativa con la época califal de las taifas, el partido cree que el país está sumido en un «caos administrativo», con «lazos afectivos debilitados» y una desigualdad por culpa de la división autonómica de sus regiones. Una máxima que precisamente ha repetido hasta la saciedad la formación durante su acto «Viva21» este 9 y 10 de octubre.
Así, la formación propone devolver al Estado las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, en favor de «un estado unitario, administrativamente descentralizado». Sin entrar al análisis pormenorizado de la igualdad que propugna Vox, destaca cómo el partido aboga por suprimir los privilegios legales de los territorios con «derechos históricos», acabar con el «apartheid» de españoles que por desconocer lenguas co-oficiales no se les permita accede a la función pública, recuperar la autonomía municipal o integrar las policías autonómicas en los cuerpos nacionales -o hasta lograr esto, equiparar salarialmente a todos los cuerpos de la Policía con la Guardia Civil-. Por supuesto, derogar la Ley Integral de Violencia de Género y toda legislación de género que establezca diferencias laborales, así como suprimir los organismos ideológicos y las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos. «Acabar con los chiringuitos» que diría Rocío Monasterio, entre otros líderes de la formación política.
En cuanto a la unidad de España, son ya muchos los constitucionalistas que reconocen la configuración de nuestro Estado como mucho más federalista que otros del entorno europeo. En este sentido, Vox insiste en reformar la «España multinivel» con acciones inmediatas, tales como suspender la autonomía de las regiones que atenten contra la unidad, ilegalizar partidos y asociaciones que destruyan la unidad territorial, dotar de protección jurídica a la Bandera, el Himno o la Corona; desmantelar las redes de narcotráfico y blanqueo de capitales, derogar las leyes de memoria histórica o democrática o proteger la aportación de España a la civilización y a la historia universal. Especialmente crítico se significó Abascal en su discurso inaugural este fin de semana contra las declaraciones de Joe Biden sobre el pasado colonial europeo.
Las claves económica y fiscal
La formación del vasco propone una auténtica vuelta de tuerca al planteamiento económico del país. El fomento de la industria y las explotaciones agrícolas y ganaderas nacionales son su bandera y por ello, Vox no duda en señalar a China como la gran beneficiaria de las políticas verdes europeas, o al gigante asiático y a Marruecos como los territorios donde se marchan las fábricas o centrales energéticas.
Consecuentemente, los de Abascal abogan por incentivos que faciliten el retorno de las empresas que deslocalizaron su producción y junto a ello, la recuperación de la soberanía energética, por el principio de preferencia comunitaria y la revisión de todos los acuerdos de libre comercio con terceros países, con especial atención al refuerzo de los controles fronterizos.
Un pensamiento que no colisiona con el fomento de la economía terciaria por el importante peso que el turismo supone para España, así como el mantenimiento del comercio local y el producto nacional. Fiscalmente, Vox apuesta por el Estado mínimo: simplificación de normativas, trámites y procedimientos y la protección de lo que ellos denominan «el expolio fiscal», se entiende, una minimización de los impuestos que soportan los contribuyentes (bajadas en IRPF, IVA, IS o eliminación de los Impuestos sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones o de las Plusvalías municipales). Unos incentivos fiscales con mirada atenta al campo para que «la agenda globalista no estigmatice el modo de vida rural”. De hecho, en el apartado de la Unión Europea, se subraya la «revisión del modelo de aplicación de la PAC» para que «las ayudas lleguen a quienes gestionan directamente las explotaciones agrícolas y viven principalmente de ello».
Desarrollo pleno de la persona
Aunque el partido político lo haya emplazado en último lugar, no falta en la «Agenda España». La «dignidad humana» se presenta como la vigésima consigna del ideario de Vox para realizar una defensa a ultranza de la vida. Así, la formación apuesta públicamente por «derogar la Ley de Eutanasia y la Ley del aborto libre» y por prohibir los vientres de alquiler y «toda actividad que utilice como producto de venta a los seres humanos». Una apuesta sin complejos para una España donde acabar con la vida del nasciturus o de personas con graves padecimientos de salud es legal y por tanto, al alcance de cualquier ciudadano. A cambio, la formación política propone alternativas para «las madres con embarazos inesperados o problemáticos», una Ley de cuidados paliativos que de hecho la formación ya presentó el pasado verano o abordar otra de la estigmatizada pero principal causa de muerte en España, el suicidio.
Dentro de este desarrollo de la persona, la salud destaca como otro apartado relevante para la formación de Abascal. Vox propone un nuevo Programa Nacional de Sanidad que apueste por la prevención y una gestión de servicios a nivel nacional, incluyendo una Tarjeta sanitaria única. Una sanidad que lejos de ser universal, atienda sólo al «español, al residente legal y a la persona que sufra de una urgencia vital». De hecho, cuestiones como el cambio de sexo, el aborto o la eutanasia deberían, en opinión del partido, quedar fuera de las intervenciones facilitadas por la Sanidad Pública, para incluir otras como los servicios bucodentales.
En relación con los jóvenes, a los que Santiago Abascal se dirigió especialmente el pasado domingo, en la «Agenda España» también destacan las políticas de la Educación o el Acceso a la Vivienda. Los de Vox abogan por impulsar la formación profesional pero también por una Ley de Educación nacional duradera, que permita estudiar en español en todo el territorio nacional, acceder a ayudas económicas e implantar exámenes de evaluación de ámbito nacional para progresivamente devolver la competencia educativa al Estado central. En materia de vivienda, el partido verde defiende liberar el suelo siempre que no esté protegido por interés ambiental o de defensa, entre otros; construir viviendas sociales públicas en propiedad o arrendamiento con opción a compra, rebajar los tributos y cargas en el proceso edificatorio y reformar las leyes para proteger a los propietarios de la ocupación y de la entrada ilegal de un intruso en sus viviendas.
¿Cómo mejorar la empleabilidad del ciudadano? A esta cuestión, Vox responde con una subida generalizada de los salarios, promoviendo la estabilidad de los empleos, garantizando una inmigración legal y regulada, bonificaciones a los autónomos -eliminando la figura del falso autónomo- y, para sorpresa de muchos ciudadanos con prejuicios hacia la formación de Abascal, cuidando el medio ambiente desde el sentido común -de hecho, la formación coloca al ser humano «como principal protagonista para promover la protección del medio natural» promoviendo el avance de la España verde para reducir las emisiones de CO2-.
Por otro lado, el teletrabajo o la conciliación laboral son otras de las máximas de la «Agenda España». Muy ligada a la mejora del mercado laboral, Vox presta especial atención a la “Protección social de los españoles”, a través del incremento del gasto público en Sanidad, Educación, Dependencia, Pensiones e Infraestructuras; fomentando las ayudas sociales, especialmente a las familias -con medidas concretas para los sistemas de tutelaje, cuidado de mayores y dependientes o la lucha contra la ludopatía, tan extendida en nuestro país-.
Seguridad, Defensa e Inmigración
A nadie sorprende que la formación de Abascal apueste porque sea el Estado quien retenga las competencias en materia de Defensa y Fuerzas Armadas y por tanto solicite entre otras, la devolución de la administración de la Justicia e Instituciones Penitenciarias. Tampoco que el ideario proponga el despliegue militar en las fronteras de Ceuta, Melilla o Canarias o un endurecimiento de las medidas de seguridad en las calles y mejora del estatus de los funcionarios de prisiones. Asimismo, Vox vuelve a proclamar la necesidad de elevar las penas de delitos -por desgracia- tan mediáticos como las violaciones grupales, o la pornografía infantil dentro del cibercrimen. Al igual que en el discurso de sus líderes durante el «Viva21», se recuerda la importancia de proteger los datos digitales de los españoles y de incrementar el presupuesto de Defensa o mejorar las relaciones internacionales en este ámbito, especialmente en el campo del terrorismo de índole islámico.
En esa línea, Vox propugna la expulsión de todo inmigrante ilegal o que residiendo legalmente cometa un delito grave o leves de forma reiterada. De hecho, el partido político realiza una especial mención a la Iberosfera, para otorgar preferencia a aquellos inmigrantes con quienes España comparta idioma o lazos de amistad, históricos o culturales, bajo la firma de la «Carta de Madrid» que varios líderes europeos y latinoamericanos ya han firmado con Abascal.
La lucha de Vox la Justicia
Autoproclamado como «el mayor defensor del Estado de derecho y de las leyes constitucionales», Vox dedica buena parte de su agenda a la Justicia y la Unión Europea. Como no podía ser de otra manera por tratarse de una formación que se encuentra fuera de la tradicional formula bipartidista, Vox busca la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial -que los jueces elijan a los jueces-, el nombramiento de altos cargos judiciales atendiendo a criterios de mérito y capacidad -y no a decisiones políticas- o por medidas que mejoren la autonomía funcional del Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado. También, porque la elección de los miembros de Tribunal Constitucional no dependa de un órgano político o porque no se pueda atribuir la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal para que la persecución de un delito «no penda del gobierno de turno».
El problema separatista impregna también de lleno el texto de la formación de Abascal cuando defiende «la prohibición de indultos para delitos relacionados con la corrupción, la forma política del Estado o la integridad territorial». Además, Vox pretende recuperar la soberanía judicial para que «se deroguen las leyes que colocan las decisiones de tribunales internacionales por encima de las sentencias del Tribunal Supremo». En cuanto al sentir europeo, Vox respeta la pertenencia a la Unión Europea siempre y cuando no se trate de «cuestiones que afecten al bien común de España e intereses generales del Estado», una proclama muy abierta que acota la maniobra europea en la aplicación práctica. Para el concreto caso de Puidgemont, la Agenda propugna «reformar la euroorden» para que «individuos con causas penales pendientes en España no se beneficien del amparo de organismos europeos». Sobre Gibraltar se moja y bastante, con un rechazo frontal a todo acuerdo que no respete «los derechos soberanos de España» sobre el peñón.
La familia, núcleo central de «Viva21» y de la «Agenda España»
Quizás uno de los pocos incrementos del aparato institucional y legislativo que propone la formación sea este, la creación de un Ministerio de Familia y de una Ley que la proteja. A diferencia de los análisis de impacto medioambiental o de género que actualmente aplica el Gobierno de Pedro Sánchez, Vox quiere que se evalúe el impacto que cualquier nueva norma tenga sobre el núcleo familiar. A colación de esta defensa, la «Agenda España» busca crear ayudas y bonificaciones fiscales para las familias numerosas, así como préstamos sin intereses o avales bancarios a parejas jóvenes con hijos. También y para sorpresa de quizás parte del electorado izquierdista, Vox propugna en su texto combatir la penalización económica de las madres trabajadoras o bonificar al progenitor que desee dedicarse en exclusiva al cuidado de los hijos. Por supuesto, los de Abascal insisten en derogar la Ley de Violencia de Género para cambiarla por una Ley de violencia intrafamiliar, y en defender la custodia compartida y un marco jurídico para que los ciudadanos que «actúan en legítima defensa para proteger su hogar, no tengan que sufrir un infierno judicial hasta demostrar su inocencia».
Vox se ha mostrado implacable en los tribunales, siendo incuestionable su defensa de los intereses nacionales. Ahora, presenta una agenda con vocación de convertirse en una auténtica hoja de ruta para España. Unas propuestas absolutamente contrapuestas a la legislación vigente. Unas ideas que bien representan el ideario de sus votantes y que tanto querían ver estos por escrito a modo de compromiso, aunque todos sepamos que no resultan vinculantes. ¿Conseguirá Santiago Abascal cambiar el rumbo marcado por el actual Gobierno socialcomunista? La Agenda, ya la tiene.
La batalla de la libertad de expresión
Toda una declaración de intenciones que, por ejemplo desde la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio lucha en su particular batalla por lograr que la televisión pública financiada por todos los españoles sea absolutamente imparcial y sin grandes costes de financiación.