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Fachada del Tribunal Supremo

Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid

Tribunal Supremo 

El PP incluyó en su recurso sobre Delgado el informe del Consejo Europeo contra la corrupción

Los populares han instado al Supremo a declarar la nulidad de pleno derecho del Real Decreto por el que se la designó como fiscal y a remitir una cuestión prejudicial a la Justicia europea al considerar violados los principios del Tratado de Funcionamiento de la propia UE

El recurso presentado por el Partido Popular ante el Supremo contra el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general, que el Alto Tribunal delibera esta misma semana, incluyó el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, en el que se advierte de la falta de independencia judicial en España. El GRECO lleva más de quince años evaluando a más de medio centenar de países para calificar el estado de los mismos en lo relativo a la lucha contra la corrupción institucional, con especial relevancia en material de Justicia. 

Con tal motivo, los servicios jurídicos de la formación de Pablo Casado remitieron el documento europeo junto con el escrito de más de 80 páginas que dio forma a su petición de nulidad sobre el Real Decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez para designar a Dolores Delgado como titular del Ministerio Público, según ha podido saber El Debate. 

No en vano, para los populares, con la designación de Delgado, el Gobierno trató de «situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación». Por todo ello, ha reclamado al Alto Tribunal que declare la nulidad de pleno derecho del Real Decreto por el que se designó a la extitular de Justicia como titular de la Fiscalía y que remita una cuestión prejudicial al considerar violados los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La longa manus del Gobierno vuelve a implementar decisiones propias del régimen político franquista, aseguró el PP en su escrito, en el que recogió el contenido de la entrevista radiofónica concedida por el propio Sánchez, el 6 de noviembre de 2019, cuando aseguró que la Fiscalía dependía orgánicamente de él. «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?». Del Gobierno… «pues ya está». Una afirmación que hizo correr ríos de tinta y críticas airadas de todos los constitucionalistas. 

No en vano, el nombramiento de la titular de aquella Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado, se convirtió en el primer y gran escándalo de la legislatura socialista. Una exministra de Justicia, recién destituida de su cargo, al frente del Ministerio Público ponía en evidencia las ansias de control del Gobierno sobre la institución.

En este mismo sentido es en el que se ha pronunciado el último informe GRECO, donde se recogió la falta de independencia judicial que afecta a nuestro país si no modifica el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). España sigue incumpliendo una de las recomendaciones de Europa, en concreto la relativa a la «prevención de la corrupción respecto de jueces». 

El grupo de trabajo recomendó realizar una «evaluación del marco legislativo» que rige el órgano de gobierno de los jueces y sus «efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano respecto de cualquier influencia indebida, con vistas a subsanar las deficiencias detectadas». Lo que el Partido Popular ha puesto en conocimiento expreso de la Sala que, este martes, decidirá sobre el futuro de Dolores Delgado. 

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