Los once escándalos de corrupción que salpican a PSOE y Podemos en Venezuela

El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presidido por Joe Biden, acaba de convocar a 30 países a un encuentro virtual de dos días en Washington para combatir el ciberterrorismo. España no estaba invitada; un hecho que resulta llamativo, dado que en junio de este mismo año el Gobierno español sufrió un ciberataque en el ministerio de Trabajo por el que el Estado pagó 2,1 millones de euros para solucionar los daños causados.

Esta realidad se suma a una información recientemente revelada por The New York Times. El periódico estadounidense ha tenido acceso a un informe de inteligencia donde se recoge que Josep Lluis Alay, consejero de máxima confianza de Carles Puigdemont, se reunió en 2019 con funcionarios rusos del entorno del Kremlin. La meta, en el contexto de guerra híbrida que Rusia libra contra Occidente, era lograr la secesión de Cataluña. Pocos meses más tarde de los viajes de Alay a Rusia, estallaron las protestas que condujeron al uno de octubre. El New York Times, en su amplio reportaje, da por hecha la injerencia rusa en Cataluña. De ahí que haya resultado tan notoria la ausencia de invitación a España, un teórico aliado que acaba de ser víctima de ciberataques.

Washington no esconde los motivos de su recelo. La candidata del presidente Biden para ser la próxima embajadora de EE.UU. en España, Julissa Reynoso, ha afeado el papel político desempeñado por España en América Latina. La próxima embajadora, proveniente del ala izquierdista del Partido Demócrata, y con experiencia en América del Sur, ha afirmado estar «bastante familiarizada» con la «deslucida» política española en Cuba, Venezuela y Nicaragua. A juicio de Julissa Reynoso, España podría hacer «mucho más» en Latinoamérica a la hora de defender los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.

La imagen de Pedro Sánchez no solo estaría manchada, desde el punto de vista de Washington, por esta política «deslucida», sino también por la acumulación de casos de corrupción –algunos, presuntos; otros, ciertos y probados– que relacionan a políticos y gentes del entorno de PSOE y Unidas Podemos con una dictadura, la de Nicolás Maduro, que ha originado un éxodo de más de cinco millones de venezolanos por la creciente espiral de pobreza, inseguridad y represión que desde hace años asola al país.

Daño creciente

Aunque las relaciones a nivel oficial entre el actual Gobierno español y el resto de las cancillerías occidentales se mantienen fluidas, la ausencia de invitación a la referida cumbre en EE.UU. probaría, según varios foros y analistas, que el presidente Sánchez estaría conduciendo a España hacia una crisis de imagen que hunde la confianza internacional en el país.

Mientras que la complicidad ideológica con estos regímenes queda explicada por la presencia de políticos comunistas y de izquierda radical en el actual Consejo de Ministros de España, la corrupción que emerge de estos vínculos, especialmente con Venezuela, un país con abundantes recursos naturales, ha ido emergiendo con el paso de los años. La presunta mina de oro del expresidente, José Luís Rodríguez Zapatero, ha sido el último supuesto escándalo en llegar a los medios. Otros asuntos han quedado olvidados por la opinión pública, no así por el sistema judicial y diversos organismos. Ofrecemos a continuación una recopilación de los principales casos.

Bono respaldó en Caracas la mayor venta en la historia de equipos militares españoles a Venezuela

1.- José Bono

Entre los documentos que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, entregó a la CIA e Interpol hay un expediente que hace referencia a España; se refiere al «sobreprecio en construcción de buques para la Armada en España, Evert García Plaza, alto mando militar». En el año 2005, el entonces presidente Zapatero anunciaba el acuerdo con Venezuela para la venta de cuatro barcos para la Armada del país caribeño. El máximo responsable de la venta de material militar era el ministro de Defensa, José Bono, que ocupó esa cartera ministerial entre 2004 y 2006. Bono respaldó en Caracas la mayor venta en la historia de equipos militares españoles a Venezuela. El coste total de la operación fue de 1.207,39 millones de euros, pero Venezuela pagó 1.246 millones de euros porque apareció una empresa de intermediación, Rabazven Holding, que se embolsó el 3,5 % del contrato. Juan Pedro Gómez Jaén, entonces presidente de Navantia, se desplazó hasta Caracas para embolsarse una comisión de más de 40 millones de euros.

2.- Juan Carlos Monedero

Juan Carlos Monedero, por entonces uno de los máximos dirigentes de Unidas Podemos, cobró 425.150 euros en 2013 de los gobiernos de Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Ecuador por llevar a cabo trabajos de asesoría. El profesor facturó sus servicios tres años después de hacer el trabajo a través de Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, que carece de empleados y donde figura como único administrador. Juan Carlos Monedero al final reconoció que defraudó a Hacienda. El también fundador de Unidas Podemos decidió presentar una declaración complementaria ante la Agencia Tributaria.

3.- CEPS y Neurona

Venezuela trasladó 3,3 millones de euros, que luego se convirtieron en 7,2 millones, según la Asamblea venezolana, por la asesoría política que le ofreció el Centro de Estudios Políticos y Sociales, embrión del que más tarde nacería la formación de extrema izquierda. Iglesias, Errejón y Monedero, entre otros, eran parte del CEPS, que se habría beneficiado del apoyo de Chaves y Maduro entre 2004 y 2012. Por su parte, Evo Morales, en Bolivia, pagó 1,3 millones a Neurona, la consultora cercana a Podemos, entre 2017 y 2018.

Venezuela trasladó 7,2 millones por la asesoría política que le ofreció el embrión del que luego nacería Podemos

4.- Delcygate

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, estuvo en el aeropuerto madrileño la noche del 19 al 20 de enero de 2020 de camino a Qatar, a pesar de que las sanciones impuestas por la Unión Europea a la mandataria venezolana le impedían pisar el espacio Schengen. Esa madrugada se vio con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tal y como él mismo explicó posteriormente, para asegurarse de que no infringiera las directrices comunitarias. Según declaró ante notario un testigo, la número dos de la dictadura de Nicolás Maduro introdujo en España sin control aduanero «abundantes maletas» cuyo origen y contenido se desconocen. José Luis Ábalos lamentó entonces que se inventara que el avión de la vicepresidenta venezolana transportaba «oro» y «maletas que caben en coches pequeños». En cualquier caso, Ábalos fue cesado de todos sus cargos, gubernamentales y de partido, pocos meses más tarde. Tampoco ha sido incluido ahora en la nueva Ejecutiva de Sánchez. El Delcygate ha quedado archivado en los juzgados madrileños y en el Tribunal Supremo.

5.- Duro Felguera

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional, que instruye la causa en la que se investigan presuntos pagos de comisiones y sobornos de la empresa española de ingeniería Duro Felguera a políticos venezolanos, una ampliación de seis meses de la instrucción, y que cite a declarar en calidad de investigados a otras tres personas, entre ellas a la exmujer de Javier Alvarado Ochoa, antiguo alto cargo de Hugo Chávez. La petición de prórroga, formulada el pasado mes de agosto, coincide con la presentación de nueva documentación que ha entregado Javier Alvarado. Esta documentación incluye una resolución firmada por el propio Chávez en 2010, en la que acordaba pagar 300 millones a Duro Felguera. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo la concesión de ayudas por importe de 120 millones de euros a Duro Felguera. La empresa tendrá un plazo máximo de siete años para amortizar los préstamos que reciba.

6.- Plus Ultra

El informe pericial remitido al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid recoge «dudas más que razonables» de que la aerolínea cumpliera con las condiciones para ser rescatada por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. El pasado 9 de marzo, el Gobierno aprobó el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos de la SEPI. Suscitó las críticas de competidores y de la oposición, que solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso, al considerar que es una empresa española «no estratégica» con gran peso de capital venezolano y panameño. Un recurso ha paralizado el rescate. El cese del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pudo ser un intento por parte de Pedro Sánchez de «tapar las corruptelas a favor» de Nicolás Maduro, según la oposición.

¿Qué servicios están pagando los poderes públicos mediante la concesión del rescate al régimen de Venezuela?

¿Qué servicios están pagando los poderes públicos mediante la concesión del rescate al régimen de Venezuela? ¿Qué clase de tráfico trata de garantizarse o encubrirse con Venezuela? Estas preguntas, formulada por especialistas en el caso, esconden una sospecha; anulada la posibilidad de repetir en el futuro el procedimiento del aeropuerto de Barajas para el que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, empleó aviones oficiales, la dictadura habría decidido utilizar, con el fin de continuar introduciendo en España mercancía ilegal, la apariencia de legalidad de un tráfico aéreo ordinario con una empresa aérea, que se rescata a tal efecto.

7.- Raúl Morodo

El ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo (2004-2007), está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por los más de 4,5 millones de euros que él y su círculo íntimo habrían recibido «carentes de justificación real y lógica comercial» entre 2011 y 2015 por parte de la petrolera venezolana PDVSA. La Fiscalía apunta que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

8.- Baltasar Garzón

Ilocad, el bufete del exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en 2016 por la petrolera Estatal de Venezuela, PDVSA, para la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial». Según un documento, a la que ha tenido acceso en exclusiva The Objective, la empresa PDVSA fichó al despacho de Garzón por 8,8 millones de euros para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho. Entre las misiones pactadas por Ilocad y PDVSA figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo que afecta a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, ya que el bufete sigue representando a PDVSA en esta misma causa.

9.- Álex Saab

La revista Semana, una de las más relevantes de Colombia, ha señalado que Garzón ha cobrado 3,4 millones de euros por defender a Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, que acaba de ser extraditado desde Cabo Verde a EE.UU. En defensa de su cliente, Garzón ha manifestado que la detención de Saab ha sido una «barbaridad pura y dura». Saab está acusado en EE.UU. de lavado de dinero y de ser uno de los principales testaferros de varios entramados de corrupción dentro de la dictadura de Venezuela. La libertad condicional le ha sido denegada.

Garzón ha manifestado que la detención de Saab ha sido una «barbaridad pura y dura»

10.- Lobista en dictaduras

De la misma manera que ha actuado como lobista en Cuba, China y Guinea Ecuatiorial de la mano de dos de sus exministros, Miguel Ángel Moratinos y José Bono, en la actualidad Zapatero trabaja como intermediario político y económico ante Nicolás Maduro. El expresidente español ha viajado en 40 ocasiones a Venezuela. Su teórica mediación entre la dictadura y la oposición ha derivado, en la práctica, en una defensa del régimen. La oposición, de hecho, lo considera «un hombre de Maduro». Zapatero ha realizado gestiones de Globalia y Repsol en el país caribeño, al tiempo que frente a la comunidad internacional ha tratado de legitimar las elecciones que organiza el régimen venezolano.

11.- Hugo ‘El Pollo’ Carvajal

Tras ser capturado en un piso franco madrileño el pasado 9 de septiembre, el ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, un escrito donde detalla que el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años, entre ellos a Podemos. «Según documento anexo y otras investigaciones de dominio público, fueron denunciadas por el ministro de Finanzas de Venezuela en su momento, Rafael Isea», señala 'El Pollo' en su escrito. El dinero era enviado en valija diplomática desde Venezuela a España. En el contexto de estas revelaciones es cuando 'El Pollo' asegura que José Luis Rodríguez Zapatero es propietario de una mina de oro en Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción por el momento concede «verosimilitud» al exjefe de los servicios secretos.