Las triquiñuelas de Laura Borràs para modificar el reglamento del Parlament en beneficio propio

Un informe de los letrados del Parlament propone eliminar un artículo del reglamento de la cámara catalana, en concreto el 25.4, que se refiere a la suspensión de un diputado si se abre juicio vinculado a la corrupción. Los letrados consideran que este artículo en cuestión no tiene «ningún precedente ni referente en el derecho parlamentario» y además presenta «serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia».

Una reforma, impulsada por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de la que ella misma sería la principal beneficiaria. Y es que recordemos, Borràs está siendo investigada por presuntas irregularidades en su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, por haber fraccionado contratos públicos. Una causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El informe de los letrados es extenso, tiene más de 200 páginas, e incluye otras modificaciones que consideran que se tiene que hacer para actualizar el reglamento, como por ejemplo, permitir que los órganos de la cámara se puedan reunir fuera del Parlament, o regular medidas excepcionales para el funcionamiento de la cámara por «causas de fuerza mayor, catástrofe o crisis sanitaria». 

Pero entre estas cuestiones se han colado los puntos polémicos que podrían afectar a Borràs, algo que no ha gustado ni a la oposición, ni tampoco a los socios de gobierno, ERC, de que con la excusa de una modificación técnica puntual, se haga una más de fondo.

Y es que, en el documento, además de suprimir el 25.4, se propone hacer lo mismo con el 25.1, que recoge que los diputados pueden ser suspendidos de sus derechos si «es firme el acto de procesamiento o de apertura del juicio oral y el pleno del Parlament lo acuerda por mayoría absoluta».

En definitiva, con estos cambios, y teniendo en cuenta el panorama judicial de la presidenta del Parlament, sólo se vería obligada a abandonar el cargo cuando haya una sentencia firme.

Desde el PSC consideran que Borrás se «extralimita» en sus funciones y la acusan de querer «patrimonializar» la institución. El portavoz del grupo parlamentario de Ciutadans, Carlos Carrizosa, dice que reformar el reglamento por «la puerta de atrás» para quitar la palabra corrupción «y así atornillarse en el cargo es definitorio de su conducta». Y advierte de que Ciutadans estará enfrente si los independentistas consuman «este atropello».