La Audiencia Nacional investigará en tres piezas separadas el saqueo a la petrolera venezolana PDVSA

La causa judicial que investiga el saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA y el desvío de grandes sumas de dinero procedente de dicha empresa por todo el mundo, incluida España, ha quedado troceada en tres piezas separadas para su instrucción. Así lo ha decidido la juez María Tardón, en un auto notificado este jueves a las partes, al que ha tenido acceso en primicia El Debate. Pese a la oposición inicial de la Fiscalía Anticorrupción, finalmente se ha formalizado el despiece de una instrucción que rastrea la trama de altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos implicados en el presunto desfalco de la petrolera. En nuestro país, desde el inicio, las pesquisas se orientan a conocer si los presuntos beneficiados por la red corrupta compraron grandes fincas y todo tipo de propiedades con los fondos de PDVSA. 

Según han apuntado fuentes judiciales próximas a la causa, el objeto de esta decisión pasa por diferenciar los distintos delitos y a los presuntos autores de cada uno de ellos que se incluyen «confusamente entremezclados» en las diligencias, lo que, hasta la fecha, «ha venido complicando el impulso de la causa» y la posibilidad de individualizar y «relajar» las severas medidas cautelares que soportan varios de los implicados en la misma, como el embargo de bienes, vehículos y cuentas bancarias. 

No en vano, el objeto de la misma se centra en los delitos de organización criminal, para la comisión de actos de corrupción y fraude en Venezuela, así como de blanqueo de capitales en otros países el nuestro, donde los presuntos beneficios irregulares obtenidos por los imputados de las prácticas ilegales, estarían aflorando en diferentes inversiones inmobiliarias. De manera que, con esta medida, se persigue una conclusión más ágil de la fase previa y  agilizar el enjuiciamiento de la causa para evitar dilaciones «innecesarias».

Primera pieza

La primera pieza del troceo de la querella de PDVSA se centrará en la investigación de Nervis Villalobos y su mujer, en relación a una presunta simulación de contrato de asesoría firmado por una sociedad, Kingsway LD, de su titularidad y radicada en Madeira (Portugal), con la entidad Miami Export Equipment.

Según ha venido sosteniendo la instructora el contrato en cuestión «no respondió a servicios reales sino a la voluntad de tratar de dar una apariencia de legalidad al origen de los fondos controlados por el matrimonio» y facilitar así su introducción «en el sistema financiero español». Con dicho  dinero, según la investigación, ambos adquirieron una vivienda en la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja.

Segunda pieza

Se incluirán las pesquisas dirigidas contra José Trinidad Márquez y su pareja, Katilin Miguelina Mijares, en relación a una investigación abierta en Portugal, sobre la que se ha librado una comisión rogatoria, tras detectarse cómo elementos del gobierno del Banco Espíritu Santo (BES) lograron obtener de entidades públicas venezolanas nuevas formas de financiación de entidades que se encontraban en situación de insolvencia técnica. 

Una de las fórmulas empleadas, fue la contratación de una entidad del citado grupo bancario, la ESAF, para la gestión de fondos de pensiones de entidades públicas venezolanas, con mandatos concretos para que dichos fondos pudieran invertir en el capital social del principal holding del Grupo Espíritu Santo, hasta un máximo de 700 millones de euros. Lo que permitió pagar comisiones a personas relacionadas con empresas públicas venezolanas y a los intermediarios designados por éstas. 

 Según la juez Tardón «estaría comprobado el pago de una comisión de 2,9 millones de euros» a Trinidad, quien utilizó la identidad ficticia de Domingo Galán Macías para ocultarse en el marco de esta operación. A ese nombre falso recibió en sendas cuentas bancarias abiertas en Suiza y España ingresos del BES de origen ilícito que, supuestamente, habría destinado a la adquisición de dos inmuebles en Alicante al 50% con Katilin Mijares.

Tercera pieza

Un informe de la UDEF sobre una «nueva operativa sospechosa» de blanqueo de capitales puso a la juez Tardón sobre la pista de una organización internacional que prestaría servicios para «blanquear fondos de ciudadanos venezolanos», supuestamente procedentes «de la corrupción y el fraude realizados en la empresa pública venezolana PDVSA».

Siempre según las pesquisas de los investigadores la operativa consistió en el reembolso parcial de una inversión que un exalto cargo del régimen chavista habría realizado en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) domiciliada en Malta. Dicho reembolso se materializó en la adjudicación de unas participaciones sociales de una sociedad española, titular de importantes activos inmobiliarios, así como mediante la cesión de un derecho de cobro sobre esa misma sociedad, llamada Colombus One Properties Hospitality Services, «por importe superior a los 6 millones de dólares».

En estas operaciones fueron detectados Carmelo Urdabeta y Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario, presidente de Globovisión. Además de Hugo Andrés Ramalho a quien los efectivos de la UDEF han señalado como «la pieza principal en la organización de blanqueadores profesionales que han prestado servicio a los venezolanos investigados, y a una sociedad de gestión de fondos, Grupo Swissinvest».

Además, la mercantil estaba gestionada por los también investigados Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma, así como José Vicente Amparan Croquer y Ralph Stheinmann, quienes según recoge el auto, han creado en España «sociedades de inversión inmobiliaria con fondos obtenidos de las inversiones realizadas por ciudadanos venezolanos» en los malogrados planes. 

Competencia de la Audiencia Nacional 

Tardón sostuvo en el auto en el que se atribuyó la competencia de las actuaciones judiciales que «la organización se estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros, en atención a la condición de funcionarios que algunos de los investigados (particularmente Alvarado Ochoa, actualmente con nacionalidad española, y el jefe de seguridad de la petrolera, Rafael Reiter) tenían y desempeñaban en la compañía Bariven (filial de PDVSA) y la propia PDVSA, que les confería la competencia de emitir decisiones en favor de los demás querellados».

La macrocausa que puso en marcha el juzgado número 41 de Madrid, con el magistrado Juan Carlos Peinado al frente, mantiene investigados a altos cargos de los regímenes chavistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por presuntamente blanquear en España el dinero procedente de los excedentes del petróleo de Venezuela. Según los cuales asociados y familiares del entorno de los excargos del régimen venezolano habrían actuado como testaferros en empresas y fundaciones para triangular transferencias bancarias y lavar capitales con los que, posteriormente, comprar propiedades y empresas en diferentes destinos como Portugal, Suiza, Panamá, Países Bajos, USA y España.