Cataluña acapara la mitad de las «okupaciones» de toda España mientras Madrid las reduce

Cataluña acapara prácticamente la mitad de las «okupaciones» ilegales de viviendas en España. Según datos de 2020 del Ministerio del Interior, en todo el país se contabilizaron 14.675 casos. De ellos, 6.647 (45,2%) se registraron en Cataluña. Quedan más lejos, en segunda posición Andalucía, con 2.372 ocupaciones y la Comunidad de Madrid, con 1.316 casos. 

Y, además, esta tendencia ha ido en aumento en los últimos años. Hay otras cifras que así lo demuestran, como éstas que forman parte de un estudio elaborado por las entidades catalanas representativas que trabajan la vivienda y el sector inmobiliario, como APIS, Agentes de la Propiedad o Administradores de Fincas. En este caso, se cogió como referencia la tasa de ocupaciones por cada 10.000 habitantes. Cataluña vuelve a encabezar el ranking. En 2015 tenía una tasa de 5,26 y en 2019 era de 8,71. Si lo comparamos con Madrid, en 2015 tenía una tasa de 2,53 y en 2019 de 2,16. En definitiva, Madrid ha reducido incluso su tasa de ocupación ilegal en los últimos años, y además, la de Cataluña triplica a la de Madrid.

¿Y cómo se ha llegado a esta situación?

Los expertos dicen que desde luego la situación económica no es un aspecto relevante en este caso. Por poner más datos, también del período 2015-2019. En Madrid la tasa de paro en estos años bajó casi un 35%; en Andalucía lo hizo un 37% y en Cataluña un 42%. Pero en cambio, las «okupaciones» bajaron en Madrid un 11,60%, en Andalucía subieron un 23% y en Cataluña un 69%. Es decir, comparando tasa de paro y de ocupaciones, se comprueba que, de las tres comunidades autónomas más pobladas, Cataluña es la que tiene una reducción del paro más importante, pero es en la que más crecen las «okupaciones».

El error de la permisividad

Descartado el aspecto económico, y teniendo en cuenta que la legislación procesal es la misma para toda España, entonces, ¿dónde está la diferencia? En la legislación autonómica, «especialmente permisiva» con la ocupación ilegal. Es lo que piensan tanto el abogado experto en ocupaciones, José María Español, como el profesor de derecho civil de la Universidad Abat Oliva CEU, Adolfo Lucas. Legislación que hasta que la consideró inconstitucional el TC a principios de año, obligaba a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social de siete años a los inquilinos morosos, o con el contrato vencido y a quienes hayan ocupado ilegalmente un inmueble cuando acreditasen falta de recursos. 

Esto, para el profesor Adolfo Lucas es un «error jurídico», porque no se diferencia lo que puede ser una familia realmente vulnerable, de una ocupación «delincuencial», como las mafias que se dedican a okupar viviendas para luego «vender» las llaves, por ejemplo. «Suerte» de inconstitucionalidad del TC, dice José María Español, que aún así, considera que el daño ya está hecho y «el efecto llamada ya lo tienes».

Mafias especializadas

El abogado José María Español pone el acento en las mafias que se dedican a la ocupación, muy especializadas y «tremendamente bien informadas». Entran en una vivienda y venden las llaves al «nuevo okupa». «Se pueden llegar a pagar hasta 2.000 euros por estas llaves», dependiendo de la zona o de la vivienda de la que se trate, decía a El Debate. Y algunos de estos okupas piden recuperar este dinero a los propietarios para poder marcharse de la vivienda. Y ahí se abre otra pregunta: ¿Pagar o no pagar? El profesor Adolfo Lucas es tajante: «lo mejor es darles el dinero y que se vayan». 

Y es que a muchos propietarios no les puede compensar un proceso judicial largo, que puede durar 12-14 meses, con la pérdida de tiempo y dinero que eso comporta. Y a esto hay que añadir, dice el profesor, que los okupas tienen justicia gratuita y pueden ir recurriendo en diferentes instancias, con lo que el proceso aún se alarga más y se encarece más. José María Español recuerda que hace 10 años, cuando un cliente le preguntaba si salía a cuenta pagar a los okupas, le decía que no; «pero ahora me hacen esta pregunta y ya no tengo esa rotundidad. Aunque por poco que puedas, les dices que no paguen». Pero entiende a los propietarios que «indemnizan» al okupa. Y toda esta situación, añade, se debe a la ley autonómica.

El abogado también destaca que cada vez quedan menos pisos de grandes tenedores por ocupar y por este motivo, se están yendo a los particulares. «A las mafias les sale muy rentable, más que atracar un banco», decía irónicamente, porque ocupar no tiene prácticamente consecuencias y «encima ganan dinero».

Está previsto que en las próximas semanas el Gobierno catalán apruebe un nuevo decreto, tras la suspensión del actual por parte del Tribunal Constitucional, pero los expertos consultados temen que vaya en la misma línea del anterior. Es lo que suele ocurrir, decía el profesor Adolfo Lucas: «modificar la norma para saltarse los reveses judiciales» y que todo quede más o menos igual. También José María Español considera que la Generalitat insistirá en la idea de acreditar que se ha hecho un ofrecimiento de alquiler social para poder presentar una demanda. Y ante «semejante barbaridad», añadía, se desincentiva las inversiones.

Y a toda esta situación hay que añadir, según el abogado, la comprensión que en Cataluña algunos políticos muestran hacia la ocupación, como es el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El Ayuntamiento de la capital catalana publicó una guía práctica y explicativa para evitar los desahucios durante el estado de alarma. Se añadió, de hecho, un apartado dedicado a la okupación ilegal. Se decía en la web que «si estás okupando una vivienda y recibes una petición de desahucio, la norma prevé que podemos pedir la suspensión siempre que la propiedad de la vivienda sea una empresa o un gran tenedor y nos encontramos en condiciones de vulnerabilidad económica a consecuencia de la covid-19». También se decía a los okupas que podían solicitar información y resolver sus dudas en varios puntos municipales.

También la rama juvenil de la CUP, Arran, ha difundido en redes sociales un manual para poder llevar a cabo una okupación, que explica cosas que van desde cómo forzar una puerta para entrar a la vivienda, hasta pinchar la luz. Pero también ofrece soluciones para preparar el asalto al inmueble, e incluso cómo resistirse a la policía.