Montero quiere impulsar la píldora anticonceptiva masculina en la nueva Ley del Aborto

La ministra de Igualdad pretende que sean los hombres los que tomen la píldora anticonceptiva, aunque de momento ni siquiera hay ninguna aprobada ni comercializada. Y tampoco previsión de que llegue alguna en el corto plazo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Irene Montero quiere incluir este asunto en la reforma de la Ley del Aborto que su departamento está preparando, y de la que espera tener un borrador o anteproyecto que presentar al Consejo de Ministros en diciembre.

Según confirman fuentes del Ministerio, la modificación de la Ley Orgánica 2/2010 de la Salud Sexual y Reproducida y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo –de José Luis Rodríguez Zapatero– quiere abordar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y, dentro de ésta, la anticoncepción «con perspectiva de género».

Montero y su departamento consideran que no es justo que las farmacéuticas no desarrollen una píldora anticonceptiva masculina aludiendo a unos «supuestos efectos secundarios» que desde Igualdad ponen en duda. Y que, según ellas, en ningún caso serían ni la tercera parte de los efectos secundarios que sufren las mujeres que toman la píldora. Una teoría que la propia ministra comentó de soslayo en su última comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, el pasado 20 de octubre.

El primer obstáculo con el que se topa la idea de Montero es la realidad, porque actualmente no hay una sola pastilla anticonceptiva que se venda para hombres, tampoco inyecciones ni parches.

No hay una sola píldora masculina en el mercado, solo ensayos sin éxito

Todo lo que ha habido son ensayos clínicos para detener la producción de espermatozoides reduciendo los niveles de testosterona, la hormona masculina. Y hasta la fecha todos han acabado en fracaso por la cantidad de efectos secundarios detectados en los voluntarios. Además, las farmacéuticas han reconocido que si no investigan más es porque no hay demanda, ley básica del mercado.

El segundo obstáculo es el Ministerio de Sanidad, puesto que la propuesta de Montero entra en el ámbito competencial de Carolina Darias. Es habitual que en la reforma de algunas leyes, más tratándose de una orgánica como es el caso (y que por tanto afecta a derechos fundamentales), participen varios ministerios.

Sin embargo, la ministra de Igualdad tiene malos antecedentes en ese sentido. En especial con su proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual o Ley del «solo sí es sí». Éste tardó un año y medio en ser aprobado por el Consejo de Ministros (en julio) y remitido al Congreso porque los primeros textos que envió Montero a los ministerios de Presidencia y Justicia escandalizaron a Carmen Calvo y Juan Carlos Campo –ministros entonces– por su baja calidad legislativa.

El Ministerio de Igualdad señala que entre los objetivos de la reforma de la Ley del Aborto figura «garantizar la educación sexual integral con enfoque de género y en todas las etapas de la vida, así como el acceso a la anticoncepción».

El argumentario elaborado por el departamento de Montero para defender la pertinencia de su proyecto cita el Estudio cualitativo sobre salud sexual en jóvenes elaborado en 2019 por el Ministerio de Sanidad: «Alerta sobre cómo el consumo de pornografía entre los perfiles más jóvenes ‘puede suponer la asunción de prácticas sexuales machistas y centradas en la dominación’. Este estudio subraya asimismo la percepción por parte de las personas jóvenes de una educación sexual fragmentada y excesivamente centrada en la genitalidad y los métodos de prevención, lo que apunta a la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de educación en sexualidad», señala Igualdad.

Como ya contó este diario, una de las grandes obsesiones de la titular de Igualdad es poner coto al derecho constitucional a la objeción de conciencia de los médicos que se niegan a practicar abortos. Ello creando registros de objetores en los que estos tengan que razonar y argumentar sus motivos para serlo. Para el PP se trata de «listas negras».

Según la ministra, las mujeres también tienen «el derecho legítimo y fundamental a decidir sobre su cuerpo y su maternidad» y eso no hay ginecólogo que pueda negárselo.

Otra de las prioridades de la reforma en la que trabaja el Ministerio de Igualdad es revertir la modificación que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en la ley en 2015. Desde entonces, las menores de 16 y 17 años necesitan el consentimiento paterno o de sus tutores legales para abortar.

También evitar la «estigmatización y el acoso» que, según Igualdad, sufren las mujeres que acuden a clínicas privadas a abortar, bien porque es su primera opción o porque son derivadas desde la Sanidad pública. En septiembre el Congreso admitió a trámite una proposición de ley del PSOE para legislar e impedir que las mujeres sufran lo que los socialistas denominan «hostigamiento».