El Supremo busca magistrado para tramitar la querella por calumnias contra Ione Belarra

La querella presentada ante el Supremo tras las acusaciones vertidas por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, contra los magistrados del Alto Tribunal que condenaron al ya exdiputado Alberto Rodríguez por patear a un policía, sigue su curso. El Alto Tribunal ha solicitado al secretario de Gobierno que efectúe «el llamamiento que por turno corresponda de un Magistrado, a los efectos procedentes» de sustitución de otro de sus compañeros de la Sala de Admisión «hasta que concluya la tramitación de la causa especial de referencia». Esto es, hasta que el Supremo decida si admite o no a trámite la reclamación judicial presentada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa contra Belarra. 

Así lo ha hecho constar en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso El Debate en exclusiva, previa a despachar el escrito interpuesto por la entidad cívica, el pasado 26 de octubre, por un presunto delito de calumnias con publicidad contra autoridades del Estado. Belarra señaló a los magistrados responsables de la sentencia que retiró el acta a su compañero de filas, Alberto Rodríguez, «a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. Prevaricación». 

Por este mismo motivo, el Alto Tribunal ha solicitado que «atendiendo a la imposibilidad de gran parte de los Excelentísimos Señores Magistrados de esta Sala Penal para formar parte de la Sala de Admisión», ya que la mayoría de ellos son afectados directos por las acusaciones de Belarra. 

Fuentes judiciales han explicado a El Debate que el objetivo último no es otro que el de «alejar cualquier tipo de duda sobre la imparcialidad» de los magistrados que tendrán que resolver la admisión de una querella que se ha presentado en defensa del órgano judicial, en general, y de cinco de sus magistrados, en particular. Además de evitar futuros y eventuales recursos y recusaciones por este mismo motivo. 

Para ello, se recurrirá al Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de 22 de diciembre de 2020, relativo a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre su composición y funcionamiento  «en concreto en lo establecido respecto de las normas de sustitución» de aquellos jueces que estando actualmente en la Sala de Admisiones han sido los directamente señalados por la querellada. 

«Ni un leve indicio de prevaricación»

La Fundación querellante ha justificado ante el Supremo su legitimación para interponer la acción judicial, pendiente de trámite, en el hecho de que «siendo el agraviado» el Alto Tribunal, y aún sabiendo que en los casos de los delitos contra el honor requieren obligatoriamente de la actuación directa del ofendido, al tratarse de autoridades de una institución del Estado no sólo cabe la actuación de oficio, a la que en este caso ha renunciado la Fiscalía General del Estado, sino que la acción penal puede ser pública. 

«No hay ni siquiera un leve indicio de que pudiera haberse cometido un delito de prevaricación» por los magistrados del Supremo. «Es una apreciación que resulta obvia para cualquiera y más debería serlo para una persona que es miembro del Gobierno de la nación y del Congreso de los Diputados», reza el escrito registrado por Foro Libertad y Alternativa.

Además, para los querellantes Belarra «tiene sobrado conocimiento de la falsedad de la imputación vertida» sobre los magistrados que condenaron a Alberto Rodríguez por patear a un policía, en 2014, «o cuando menos actúa con desprecio extremo y temerario hacia la verdad». No en vano, y si la querella avanzase, han solicitado el interrogatorio de la ministra, así como que ésta sea procesada y condenada por hasta cinco delitos de calumnias contra autoridades del Estado –los jueces Manuel Marchena, Carmen Lamela, Vicente Magro, Juan Ramón Berdugo y Miguel Colmenero– penados con hasta dos años de prisión cada uno de ellos. 

«El desmedido ataque a unos magistrados del Tribunal Supremo y al propio Tribunal Supremo, realizado por un miembro de otro poder del Estado afecta muy gravemente a los equilibrios del sistema en su conjunto y pone en riesgo cierto tanto la independencia de los Magistrados (que si esta conducta quedara impune sabrían que al dictar sus resoluciones podrían ser acusados sin consecuencias de gravísimos delitos, con afectación a su honor), como la propia legitimidad del sistema ante la ciudadanía», sostiene la querella a la que ha tenido acceso El Debate.

Además, añade que «no debe olvidarse que es el Poder Judicial el encargado del control de la legalidad de la actuación del Poder Ejecutivo y de sus miembros y, por tanto, los ataques desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial ponen en riesgo los controles al Gobierno, perjudicando el sistema de pesos y contrapesos en el que se basa el sistema democrático».

Foro Libertad y Alternativa insiste en lo inédito de «un ataque de estas características» realizado por un miembro del Gobierno de España al Tribunal Supremo y a Magistrados concretos de dicho tribunal. «Si este precedente resultara impune, el futuro de la relación entre los poderes del Estado quedaría muy gravemente afectado, abriéndose la puerta a la deslegitimación del Poder Judicial y sus miembros desde el poder político», exponen en su querella.