Sánchez paga a Bildu los 28 primeros millones por su apoyo a los Presupuestos

Hubo un tiempo en que, al menos, Adriana Lastra y Rafael Simancas al menos torcían el gesto cuando se reunían con los portavoces de Bildu, aparentando un desagrado que luego, sin embargo, no les impedía pactar.

Ahora ya ni disimulan. Después de las negociaciones capitaneadas por los ministros María Jesús Montero y Félix Bolaños con Mertxe Aizpurua y Oskar Matute han llegado las nueces. Bildu ha conseguido arrancar al Gobierno 28 millones de euros a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales de 2022, los segundos de Pedro Sánchez.

Y eso es solo la primera letra de la hipoteca. Porque como afirmó Matute durante el debate de las siete enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas que fueron rechazadas, «seremos insaciables». «Nuestras exigencias son demandas cuyo único objetivo es mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales de la ciudadanía vasca a la par que mejorar también las vidas de los y las trabajadoras de este Estado», añadió.

El acuerdo no incluye explícitamente, porque no podría hacerlo, el famoso trueque que el propio Arnaldo Otegi verbalizó: los 200 presos de ETA a cambio de los Presupuestos.

En las enmiendas parciales presentadas por Bildu ya se habían cuidado mucho de no hacer una sola mención a los etarras en prisión. Eso discurrirá, en todo caso, por otros cauces.

Partida por partida

De esos exactamente 27,85 millones de euros del pago por los cinco síes de Bildu, 25 millones son para el fondo de compensación para indemnizar a las víctimas por la exposición al amianto.

Otros 200.000 euros al Ayuntamiento de Sestao para la restauración del alto horno del municipio vizcaíno. Un millón más para el proyecto de ejecución de una senda de bicis entre Irurzun (en Navarra) y Salvatierra (en Álava), de cerca de 50 kilómetros.

200.000 euros para actuaciones de mejora en el paseo marítimo de Plencia, en Vizcaya. Otros 350.000 euros para la reducción del impacto acústico de la línea ferroviaria de cercanías entre Santurce y el Puerto de Bilbao. 900.000 euros más para la mejora de la accesibilidad de la estación de cercanías de Baracaldo. Y los últimos 200.000 euros para la redacción de un estudio informativo de mejora y adecuación de infraestructuras ferroviarias de la línea Burgos-Zaragoza.

Bildu quiere más

Pero Bildu, como decía Matute, quiere más. La izquierda abertzale ha advertido a Sánchez de cuáles son sus líneas rojas en la reforma del sistema de pensiones que viene: no aceptarán el retraso de la edad de jubilación, tampoco alargar el periodo de cotización ni las jubilaciones anticipadas.

En lo que respecta a la reforma laboral, otro de los compromisos del Gobierno con la UE, Bildu mantiene la postura dura: la derogación prácticamente total –si no total– de la legislación del año 2012. Atajar la temporalidad, recuperar la prevalencia de los convenios sectoriales, la ultraactividad y aumentar las indemnizaciones por despido. Aunque en esto último ni siquiera Yolanda Díaz tiene intención de entrar.

«Lo que nos importa es que se cumpla y se derogue la reforma laboral, todos los aspectos que han recortado los derechos de los y las trabajadoras, todos. Lo subrayamos, todos, porque escuchamos hablar de reformar, equilibrar, mejorar, actualizar, modernizar y un sinfín de eufemismos de la rica lengua castellana para no decir derogar todos los aspectos dañinos, todos», señaló su portavoz durante el debate.

Y en la reforma fiscal que vendrá el año próximo, una vez que en febrero el comité de expertos designado por Hacienda haga su propuesta, Bildu también tiene exigencias. Un impuesto a las grandes fortunas, a la banca, a las grandes empresas y sociedades. Uno a los envases de plástico y otro a la incineración de residuos.

Este jueves los Presupuestos completaron su paso por la Comisión del ramo en el Congreso con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu. ERC, Junts per Catalunya y Coalición Canaria se abstuvieron, aunque el Ejecutivo cuenta con tener sus votos amarrados la próxima semana, cuando las cuentas públicas llegarán al Pleno para su último examen antes de ser enviadas al Senado.