El Gobierno inicia una macrocompra de urnas y material electoral mientras niega el adelanto

Los llaman «los Presupuestos de la tranquilidad». Supuestamente, las cuentas públicas que el pleno del Congreso aprobó el jueves son el pasaporte de Pedro Sánchez para agotar la legislatura y convocar las elecciones generales a finales de 2023.

Sin embargo, entre bambalinas continúan sucediéndose los movimientos del presidente del Gobierno para tener todo listo ante un hipotético adelante electoral. Porque el futuro de la coalición es incierto, por más que Sánchez haya exhibido la fuerza parlamentaria de 11 partidos para enmascarar sus problemas internos y externos.

La Dirección General de Política Interior ha puesto en marcha el procedimiento para adquirir todo el material electoral necesario: urnas, sobres, impresos, cabinas… Y ello precisamente en la semana de la aprobación de los Presupuestos.

El montante de todo ese material ascenderá a 13,25 millones de euros (IVA ya incluido). Dada la enorme cuantía, el Ministerio tendrá que convocar un concurso público, que tiene intención de dividir en cinco lotes, según ha sabido El Debate: urnas de votación, casi 1,28 millones de euros; cabinas y señales de locales y mesas electorales, 3,47 millones; sobres, 5,35 millones; actas, impresos y manuales para los miembros de las mesas electorales, 2,16 millones de euros; material de oficina, algo más de 981.000 euros.

La Dirección General de Política Interior señala, en genérico, que el motivo del contrato es «la celebración de los procesos electorales que se convoquen» durante los próximos cuatro años. Ya sean generales, autonómicos, municipales o europeos.

Las prisas de Interior

Sin embargo, sorprende la premura con la que el Ministerio del Interior quiere tener el material electoral listo, dado que teóricamente los próximos comicios no serán hasta dentro de un año en Andalucía.

España vive un turbulento ciclo político desde 2016

Ésa es la teoría, desde luego no aplicable a un país inmerso en un turbulento ciclo político que no cesa desde 2016. En la práctica, la sensación de que habrá elecciones en primavera es cada vez mayor. Pablo Iglesias, hasta marzo socio de Sánchez, dejó caer la semana pasada en una radio catalana. «No hace falta haber leído a Sun Tzu para saber que para hacer política es determinante elegir el momento y el terreno de combate», sostuvo.

¿Andaluzas?, ¿generales?, ¿en Castilla y León?, ¿en la Comunidad Valenciana? Es lo que falta por concretar.

Esta semana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visto cómo sus terceros Presupuestos se estrellaban contra el muro del PSOE y Vox. Pese a que hasta ahora se había mantenido en su discurso de que no adelantará las elecciones, este viernes Moreno empezó a virar: «No voy a perder ni un minuto y disolveré», anunció, si el bloqueo a la acción de su Gobierno persiste.

El lunes, el exdirector del Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, publicó un artículo en La Vanguardia en el que conminaba al presidente a adelantar las generales y hacerlas coincidir con las andaluzas.

Estos no son los primeros preparativos para un posible adelanto de las elecciones. Como ya contó este diario en exclusiva a principios de noviembre, la Dirección General de Política Interior ha puesto en marcha el procedimiento para abrir una cuenta bancaria para la gestión de los gastos electorales, desde la que realizar «pagos vinculados a los procesos electorales, tanto de ámbito nacional como autonómico y local».

Como en este segundo caso, a Interior le entraron las prisas de pronto, pese a que el contrato de la anterior cuenta, que tenía con el Banco Sabadell, había vencido mucho tiempo antes. Concretamente el 18 de diciembre de 2020.

La procesión de Sánchez va por dentro, por más que el jueves en el Congreso él y su Gobierno presumieran de una mayoría de 188 formada por el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, Bildu, PNV, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe.

En realidad, dicha cifra es engañosa. El presidente seguirá teniendo los mismos problemas para armar mayorías con las que aprobar la Ley de Vivienda, la de Memoria Democrática, los peajes o la reforma laboral, entre otras. No solo con sus socios parlamentarios, sino también y sobre con Yolanda Díaz y el resto de Unidas Podemos.