Primera denuncia contra el consejero de Educación catalán por instar a desobedecer al Supremo

«Hablamos español» ha denunciado ante la Fiscalía de Barcelona al consejero de educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, por la carta que envió a los directores de los centros escolares de Cataluña en la que les instaba a desobedecer la sentencia que obliga al Gobierno catalán a que al menos un 25% de las clases se impartan en castellano.

La entidad considera que en esta carta, en la que el consejero deja claro a los directores que no deben cambiar sus proyectos lingüísticos, «se expresa la voluntad inequívoca y arbitraria de abolir ese Estado de Derecho en lo que se refiere al derecho a recibir la enseñanza en castellano en Cataluña y por tanto implica violentar los derechos constitucionales de los ciudadanos». 

Instrucciones abusivas

Y en concreto, desde «Hablamos español» consideran que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un «delito de prevaricación», que recuerda la entidad, «castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria». En ese sentido, se considera que González-Cambray ha dado unas «instrucciones abusivas» para que no se acate un fallo judicial firme y se deja claro que «no cabe mayor prevaricación que quien ocupa las más altas responsabilidades administrativas llame a pisotear al Poder Judicial».

«Hablamos español» considera que se trata de una discriminación por razón de lengua que se ordena «que se deniegue a los hispanohablantes y a todos aquellos ciudadanos que así lo deseen el poder recibir al menos el 25% de la enseñanza en español». Y recuerda que quien lo hace es el máximo responsable educativo de una comunidad autónoma.

Dimisión

Recordemos, por otro lado, que este lunes se conoció la dimisión de la directora de Currículum y Personalización de la consejería de Educación, Maite Aymerich, que habría sido la encargada de aplicar la sentencia del TS. Aymerich dice que quiere centrarse en la política municipal, en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). Y desde el gobierno catalán también desvinculan su salida a la sentencia sobre el castellano.