Las frases clave del proyecto socialista contra los organismos independientes del Estado

El proyecto de ley que Héctor Gómez, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, e Íñigo Errejón, presidente de Más País, han presentado juntos en el Congreso de los Diputados suscita creciente preocupación entre todos los agentes sociales y políticos que están teniendo acceso completo al documento. «Podría significar el punto de no retorno del PSOE en cuanto a su definitiva radicalización y, de llevarse a cabo, no sería exagerado afirmar que sacaría a España del conjunto de países occidentales para introducirnos, de lleno, en territorio ignoto. Por no decir que los fondos comunitarios no querrían ni pisar los Pirineos, pero tal es el nivel de sinsentido que este sería el menor de nuestro problemas», señala una fuente próxima al Grupo Parlamentario Popular.

La propuesta que el pasado nueve de diciembre PSOE y Más País han presentado en la Subcomisión que audita la Calidad Democrática y la Corrupción pretende eliminar todo carácter independiente a los siete grandes organismos técnicos del Estado para someterlos al control político del Ejecutivo. Hablamos de AEPD, AIREF, CNMC, CNMV, CSN, CTBG y FROB.

El documento del proyecto cuestiona la legitimidad democrática de las administraciones independientes. El texto afirma, literalmente, que estos organismos «alteran en cierto modo este esquema de legitimación democrática de las decisiones». «Su existencia, pues, ha de ser considerada una excepción al normal funcionamiento democrático de las instituciones», afirma el documento.

Pocas líneas más adelante, el proyecto de ley ahonda en la misma idea: «La actuación de estas entidades debe estar al menos tan limitada en un plano político y jurídico como lo estaba la labor del Gobierno al que ha desplazado». Según fuentes parlamentarias a las que ha tenido acceso El Debate, esta frase supone un «contrasentido». «Estos organismos se crean para emitir informes puramente técnicos que, de este modo, permiten que el Ejecutivo pueda tomar con mayor conocimiento y libertad sus decisiones», añade el mismo interlocutor.

Extinguir toda autonomía 

Pero las afirmaciones con mayor trascendencia ideológica pueden leerse pocas líneas más tarde, en el párrafo 35 del documento. El texto aboga por limitar el radio de acción de estas instituciones. De no hacerlo, añade el proyecto, reafirmándose en su concepto, «se estaría creando un espacio en el que una autoridad toma medidas con discrecionalidad política, sin contar con la legitimidad de origen o de ejercicio con que cuenta el Gobierno».

El documento prosigue y llega a sus conclusiones prácticas: «La creación de entidades independientes debe ser excepcional y es necesario limitar claramente las materias en las que operan», afirma el texto.

La lectura del documento base está generando creciente inquietud entre los mercados económicos y entre amplios sectores de opinión que afirman sentir simpatía por el régimen de 1978. «Atribuir al Gobierno la facultad de, en la práctica, extinguir las autoridades independientes del Estado es algo que no sucede en ningún país desarrollado del mundo. Estos órganos no merman la capacidad decisoria del Gobierno. Al contrario, le proporcionan informes técnicos para que pueda tomar mejor sus decisiones. Además, son creados por leyes que salen del Congreso y del Senado, o son trasposiciones de directrices europeas. Nadie cuestionaba su legitimidad democrática, hasta ahora».

El proyecto está firmado por Íñigo Errejón, presidente de Más País, y por Héctor Gómez, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Por el momento, cuenta con enmienda a las totalidad de PP, Vox, Ciudadanos y PNV. Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado enmiendas parciales, pero es probable que termine por sumarse, dado que forman parte del núcleo del llamado 'Gobierno Frankenstein'. ¿Y Podemos? «Ahora mismos sufren un ataque de celos, porque la idea ha salido desde Más País y han convencido al PSOE. Pero está en total sintonía ideológicas con lo que proponen. Terminarán por sumarse».