PSOE y PP rechazan en Castilla-La Mancha la propuesta de Vox de hacer pruebas de edad a inmigrantes ilegales
Socialistas y populares señalan que no es competencia autonómica, sino del Ministerio Fiscal
Solo Vox ha apoyado la iniciativa que presentaba este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que proponía realizar pruebas de edad a inmigrantes ilegales tutelados por la Junta para comprobar si son menores o no. Tanto el PSOE como el PP han votado en contra de la proposición no de ley.
Se trata de una iniciativa que el partido de Santiago Abascal ha llevado a debate en muchas regiones. Con ella, según explica la formación, Vox Castilla-La Mancha quería manifestar su «rechazo» a la política de inmigración ilegal en España, en pleno debate por la reforma de la ley de Extranjería para modificar un artículo que permita repartir menores por todo el territorio nacional.
«Cuando se han hecho estas pruebas en nuestra región, el resultado ha sido que nueve de cada diez menas son adultos, por eso pedimos que su realización sea generalizada y obligatoria», ha sostenido David Moreno, presidente del grupo parlamentario de Vox en la Cámara autonómica, que ha recordado que en Aragón, las pruebas determinaron que «el 90% de los inmigrantes ilegales que aseguraban ser menores no lo eran».
«El PP, al igual que el PSOE, continúa apoyando la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal, negándose a adoptar medidas que prioricen la seguridad y el bienestar de los castellanomanchegos», ha criticado Moreno, que ha vuelto a vincular la inmigración ilegal y la inseguridad.
Desde el PP, el diputado José Antonio Martín-Buro ha señalado que Vox, a su juicio, está «despistado» porque en su propuesta excede la competencia autonómica. «Es una responsabilidad de la que no nos vamos desligar», ha señalado. Martín-Buro también ha criticado al PSOE y a sus socios del Gobierno central por no frenar el flujo migratorio.
Y, por su parte, el PSOE ha acusado a Vox de tener «miedo a lo desconocido» y ha señalado que los inmigrantes vienen huyendo de «situaciones difíciles». «En un Estado como el español debemos tener en cuenta ese factor de humanidad al cual nos debemos», ha expresado el diputado Antonio Sánchez, que ha indicado, como el del PP, que la Junta no tiene competencia para hacer esas pruebas, sino que le compete a la Fiscalía determinarlo.