Vox denuncia que las pruebas de edad a 25 menas de la Comunidad Valenciana determinan que 20 son adultos
La formación alude a un informe del jefe del Servicio de Modernización, Planificación y Formación de la Consejería de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2023 para exigir que se elaboren estos test en un momento de sobresaturación en los centros
El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha defendido hoy en el Pleno la PNL (Proposición No de Ley) de Vox sobre las pruebas periciales a los menas (menores extranjeros no acompañados): «Pedimos que se realicen pruebas periciales exhaustivas para determinar la edad. Yo creo que es importante saber si estamos ante un menor o ante un mayor de edad. A toda nuestra legislación le importa saber si está ante un menor o un mayor. Y para ello es imprescindible realizar esas pruebas, como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera (la técnica risser). Y claro, al presentar esta PNL yo me pregunto: ¿Cómo se podría estar en contra de que se conozca la edad de un inmigrante ilegal para saber cómo actuar conforme a ley? Y por supuesto, enseguida me contesto: alguna excusa encontrarán».
El portavoz ha explicado que «Los datos son los datos: ya en la PNL indicamos que más del 90 % de los menas sometidos a pruebas periciales en Aragón por el Instituto de Medicina Legal, fueron declarados mayores de edad. Más del 90% de esos supuestos menores, eran mayores. Pero hay más, porque no es una excepción, no: según el informe del jefe del Servicio de Modernización, Planificación y Formación de la Consejería de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el año 2023 se realizaron 25 reconocimientos médicos en Valencia, siendo todos ellos de nacionalidad extranjera. De los 25 casos, tres son dudosos, solo dos son menores, y 20 son claramente mayores de edad».
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Dirigiéndose a la bancada de la izquierda ha dicho: «Cuando un nacional, un inmigrante legal e identificado, comete un delito, recae sobre él todo el peso de la ley, al menos si no es amigo de Sánchez. Pero si el delito lo comete un ilegal no identificado, ¿qué ley le aplicamos? ¿La de mayor de edad; la de menor de edad; ninguna? Probablemente es eso lo que defiende la izquierda con su demagógico discurso: ninguna ley, porque la ley sólo ha de aplicarse a quienes la cumplen todos los días; los otros, que campen a sus anchas y que hagan lo que quieran, ¿no?»
Un coste de 35 millones al año
Llanos ha hecho hincapié en que «a nosotros nos importa saber si son menores o mayores los que están en los centros de la Comunidad Valenciana, con 319 plazas, y ya van 500 (un 170 %). Hacinados están; pero eso les da igual. A nosotros nos importa saber si son menores o mayores los que reciben directamente del bolsillo, del esfuerzo, del sudor, de la precariedad y la miseria de tantos valencianos, nada menos que 218,85 euros al día (esto es, 96.000 euros diarios y 35 millones anuales). Mientras en la Comunidad valenciana el porcentaje de familias en riesgo de exclusión se incrementa».
El portavoz ha terminado su intervención criticando que «Es vergonzoso; es delirante. Pero ustedes se atreven a ir contra personas y familias, manteniendo un discurso falso, manipulador, y estafador. Porque ustedes no pisan la calle».