Rita Barberá: historia de una victoria judicial póstuma

La regidora de Valencia durante más de 24 años (1991-2015), Rita Barberá, cayó en desgracia cuando tras la celebración de la 32º edición de la Copa América de Vela y del circuito de Fórmula 1 por las calles de la capital del Turia, el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps, al que había prestado su apoyo explícito en ambos proyectos, se vio implicado en la conocida como 'causa de los trajes', de la que fue absuelto por un jurado popular al igual que, hasta el momento, en otras ocho de las nueve causas que se abrieron contra él. 

Esta misma semana se hacía público, cinco años después de que todo se precipitase sobre Rita, el sobreseimiento provisional de las acusaciones que pesaban sobre varios concejales y asesores del grupo popular en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, durante la época de Barberá. La Sección Cuarta de la Audiencia valenciana acordaba el archivo provisional, sin posibilidad de recurso, del conocido como caso 'Pitufeo' o 'Pieza A', abierta contra 13 excargos del Consistorio de la capital del Turia, ante la «notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito» de blanqueo de capitales, «que ha dado lugar a la formación de este procedimiento».

Rita Barberá se vio mediáticamente envuelta, hasta en cuatro ocasiones, en temas de corrupción: el caso Nóos, la trama Gürtel, Emarsa o el denominado como 'Ritaleaks' que resultó archivado en 2015 por la Fiscalía del Supremo. Sin embargo, para la alcaldesa de España, la señora de las mayorías absolutas, las cosas se torcieron en mayo de 2015, tras perder la Alcaldía. 

Fue finalmente imputada en el Supremo por un supuesto delito de blanqueo, durante esa última campaña electoral. En el auto de procesamiento, el instructor del Alto Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, señaló una fianza de 3.000 euros para la acusación popular ejercida por el PSOE. El magistrado justificó su decisión en el riesgo que, a su juicio, suponía la judicialización de la política a la ligera por parte de ciertas formaciones, como fórmula de desprestigio electoral para sus adversarios. El escenario judicial que sobrevolaba a Rita Barberá la obligó abandonar las filas del PP, a petición de su propio partido. 

Caso 'Nóos'

La posibilidad de resultar imputada en el 'caso Noos' –que llevo al entonces cuñado del actual Rey al banquillo y, finalmente, a prisión– por ciertos contratos firmados para la celebración del Valencia Summit, desgastó la figura de Barberá, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) nunca llegó, ni siquiera, a imputarla.

La alcaldesa declaró, en condición de testigo, sobre cómo por la organización de la cumbre digital en la capital del Turia, el Instituto Nóos habría percibido de manera presuntamente irregular más de tres millones de euros públicos. Rita reconoció haberse reunido en su despacho con el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres pero negó, tajantemente, haber hablado de precios, mucho menos negociarlos, para la puesta en marcha del proyecto.

«Nunca he dado ni una sola orden ni una sola instrucción», al respecto, sostenía la alcaldesa ante el tribunal. E insistió en que ella nunca firmó «nada». «A mí no me correspondía dar la conformidad o no dar la conformidad», subrayaba. «Estoy segura de que se hizo con todo el rigor del mundo», aseguró. 

Operación Taula

Alejada ya del ámbito local en su tierra natal y tras incorporarse como senadora del Partido Popular, en enero de 2016, Rita se vio obligada a dar nuevamente explicaciones por una presunta trama de corrupción que afectaba a varias administraciones de la Comunidad Valenciana: la llamada 'operación Taula'. Barberá siempre aseguró que no existieron amaños «en ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia» ni hubo «ninguna mordida, ni desvíos ilegales». Sin embargo, desde las filas populares se le pidió que renunciase a presidir la Comisión Constitucional del Senado.

Tras su repentina muerte, en el año 2016, el Supremo decretó el archivo de la pieza separada del caso Taula que, a su vez, el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia había remitido al Alto Tribunal por la condición de aforada de la entonces senadora popular. El magistrado instructor aparcaba las diligencias de investigación sobre las presuntas actividades de blanqueo que salpicaban a Rita Barberá y que no llegaron a acreditarse ya que, en España, el fallecimiento de una persona extingue, de inmediato, su responsabilidad penal.

Caso 'Imelsa'

El juez del 'caso Imelsa', Víctor Gómez, solicitó al Senado que acreditase la condición de senadora de Barberá con el fin de determinar si era competente para investigarla. Y, en 2016, el Supremo decidió hacerlo, finalmente, por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación arrancó centrada en los ingresos de más de 200.0000 euros detectados en las cuentas del PP de Valencia, en los años 2003, 2010 y 2011, desgajados en donaciones de mil euros efectuadas por varios concejales y la propia Barberá que, presuntamente, se les devolvían en dos billetes de 500 euros, de procedencia ilícita.

La tesis que manejaba la Guardia Civil sobre el caso es que Barberá había efectuado una donación de 1.000 euros al grupo municipal, vía cheque, presionada por los acontecimientos de una campaña electoral fallida y tras romper cualquier tipo de relación con el que, hasta entonces, había sido su gran apoyo en el Ayuntamiento, el exvicealcalde Alfonso Grau.

Rita no dimitió, ni jamás asumió que existiese ningún tipo de financiación ilegal en el seno de los populares valencianos. Se vio sometida al señalamiento, la condena mediática y social y el ostracismo de algunos de los miembros de su propio partido que fueron relegando a su afiliada número 3 a la última fila del Senado. Falleció sola, el 23 de noviembre de 2016, antes de que pudiese demostrarse, si es que alguna vez existió, algún delito contra ella.

En una reciente entrevista concedida a El Debate, su compañero de éxitos, pero también de fatigas, Francisco Camps, aseguró que «la mayor injusticia» que se cometió con Rita fue que muriese «sin dejarle defender su honorabilidad». «Nadie se lo permitió», lamentó el expresidente de la Generalitat valenciana.