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La exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar

La exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar

Tribunales 

La Audiencia valenciana absuelve a tres cargos del IVAM acusados de prevaricación durante el mandato de Camps

Consuelo Ciscar, Juan Carlos Lledó, y el hijo del escultor Gerardo Rueda, José Luis Rueda, han quedado exentos de los delitos continuados de prevaricación, falsedad, malversación y estafa 

La Audiencia de Valencia ha absuelto a la que fuera directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) entre 2004 y 2014, Consuelo Císcar, al exdirector económico del museo, Juan Carlos Lledó, y al hijo del escultor Gerardo Rueda, José Luis Rueda, de los delitos continuados de prevaricación, falsedad, malversación y estafa de los que se les acusaba por la compra de una serie de obras, sin atribuir, para el centro cultural de la Generalitat valenciana, durante la época en la que Francisco Camps estaba al frente del Gobierno de la institución. 

El tribunal no ha aprecia en la conducta de los acusados «el requisito del engaño», que exigen algunos de los delitos que se les imputaban, pues las piezas del citado escultor vendidas a la pinacoteca pública «eran auténticas» y el precio que se pagó por ellas «fue acertado o en su caso muy beneficioso», según ha informado en un comunicado, emitido este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Esta causa judicial abordaba el presunto fraude perpetrado por la entonces cúpula directiva del IVAM mediante la compra, con cargo a los fondos públicos destinados a la institución por el Ejecutivo de Camps, de una colección de reproducciones de obras del artista, ya fallecido, Gerardo Rueda.

Císcar fue inicialmente procesada por destinar un total de 3,4 millones de euros de dinero público del IVAM a la adquisición de casi un centenar de obras que supuestamente eran de Gerardo Rueda, el escultor de cabecera de José María Aznar. Las acusaciones aseguraron que junto a unas 40 creaciones auténticas, el lote incluyó otras tantas  de reproducciones que, presuntamente, habían sido realizadas tras la muerte del artista en una operación con la que se perseguía enriquecer «ilícitamente» al hijo del fallecido escultor, José Luis Rueda, también encausado. 

Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba para los acusados penas de prisión que oscilaban entre los 6 y los 12 años, además de una multa de 144.000 euros para Císcar y de 63.000 para Lledó. Sin embargo, en su informe de calificación final redujo el importe de la responsabilidad civil de los tres acusados de 3,4 a 1,8 millones de euros, en base a un último informe emitido por los peritos judiciales Begoña Torres y Rosario Peiró.

No en vano, ambas expertas, miembros de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura constataron que de entre las 90 obras donadas, 36 fueron originales del artista –y, por tanto, se valoraban en 1,6 millones de euros– mientras que el resto no lo eran. Al menos otras 44 piezas –de distintos tamaños y materiales , sin firmar, sin estar seriadas y sin unas especificaciones claras del autor– fueron fundidas y realizadas 10 años después de la muerte del artista, de acuerdo al criterio de las peritos. 

«Linchamiento mediático»

En la última sesión del juicio cuya sentencia se ha hecho pública hoy, la principal acusada Consuelo Císcar tomó la palabra para reiterar una inocencia que ha quedado confirmada por la Audiencia Provincial de Valencia. «Las obras son auténticas, legales y válidas», afirmó Císcar entonces. 

«Estoy orgullosa de uno de los periodos más brillantes del IVAM, durante mis 10 años de dirección», aseguró la exdirectora de la pinacoteca en su intervención. «He permanecido estoica ante el linchamiento mediático y la polémica creada artificialmente», añadía antes de romperse al recordar su «sufrimiento» personal y el de sus allegados. Unas palabras que ahora cobran un especial sentido al hilo de los archivos y absoluciones de los cargos y políticos del Partido Popular de toda una época, encabezados por Rita Barberá y Francisco Camps, que desfilaron ante los tribunales acusados de delitos que nunca cometieron. 

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